Ley 18.038

LEY 18.038
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1968
B.O.: 10 y 20/1/69

Nota: DEROGADA por Ley 24.241 (B.O.: 18/10/93).

Jubilaciones y pensiones. Régimen para trabajadores autónomos (t.o. en 1980).

I. Ambito de aplicación

Art. 1 – Institúyese con alcance nacional, y con sujeción a las normas de la presente ley, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores autónomos.

Art. 2 – Están obligatoriamente comprendidas en el presente régimen, salvo las excepciones indicadas en el art. 3, las personas físicas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente alguna de las actividades que se enumeran en los incisos siguientes siempre que éstas no configuren una relación de dependencia:

a) dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno;

b) profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada;

c) producción y/o cobranzas de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro y préstamo, o similares;

d) cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los incisos precedentes.

Art. 3 (1) – La afiliación al presente régimen es voluntaria para:

a) los miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna por esas funciones, socios no gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios;

b) los directores de sociedades anónimas y los socios de cualquier sociedad comprendidos en el inc. a) del artículo anterior, que realicen en la misma sociedad actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de dependencia;

c) los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común;

d) los miembros del clero y de comunidades religiosas pertenecientes al culto católico o a otros cultos;

e) las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el art. 2, inc. b), y que por ellas se encontraren obligatoriamente comprendidas en uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, siempre que tales actividades se desempeñen exclusivamente en el ámbito territorial de aplicación de dichos regímenes y aunque se ejerzan ante organismos nacionales existentes en ese ámbito territorial;

f) las amas de casa.

A los fines de los arts. 2, inc. b), y 3, inc. e) de la presente, establécese que las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores se deben aplicar en todos los juicios que se tramitan ante los juzgados y tribunales de la justicia federal, existentes en sus respectivos ámbitos territoriales de validez.

Los aportes fijados en las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores no regirán respecto de los honorarios y comisiones regulados a los profesionales que representen al Estado nacional, sus desconcentraciones y sus entidades descentralizadas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, siempre que aquéllos en los juicios y actuaciones en los que éstos sean parte, no tuvieren derecho a la percepción de dichos honorarios por encontrarse a cargo de sus representados.

(1) Texto según Ley 23.987 (B.O.: 17/9/91). Vigencia desde el 15/3/80. Los párrafos segundo y tercero desde el 26/9/91.

Art. 4 – Podrá asimismo afiliarse voluntariamente al presente régimen toda persona física menor de cincuenta y cinco años, aunque no realizare actividad lucrativa alguna o se encontrare comprendida en otro régimen jubilatorio, sin perjuicio de la afiliación que corresponda a dicho régimen.

Art. 5 – La afiliación voluntaria subsiste y genera la obligación de aportar mientras no se formule renuncia expresa ante la Caja. Sin embargo, dicha afiliación caducará cuando se adeudaren seis mensualidades consecutivas de aportes. Para reingresar con carácter voluntario es necesario que el interesado no haya cumplido la edad señalada en el art. 4 y se reafilie de modo formal y expreso. La renuncia o caducidad de la afiliación voluntaria no da derecho a la devolución de aportes, pero sí al cómputo de los períodos de afiliación.

Art. 6 – Deberán afiliarse al presente régimen las personas obligatoriamente comprendidas en esta ley, que a partir de los dieciséis años de edad realicen en cualquier lugar del territorio del país alguna de las actividades mencionadas en el art. 2.

El pago del aporte será obligatorio a partir de los dieciocho años de edad.

A partir de la edad indicada en el párrafo anterior podrán afiliarse voluntariamente las personas mencionadas en los arts. 3 y 4.

Art. 7 – La Secretaría de Estado de Seguridad Social podrá disponer que en todos los casos o a partir de determinada edad, la afiliación o reafiliación al presente régimen sea con carácter obligatorio o voluntario, quede condicionada a que el interesado se someta, en el plazo que fije, al examen de las autoridades sanitarias que determine, a fin de verificar el grado de capacidad de aquél a ese momento.

En tales casos, si el interesado no se sometiere a dicho examen en el plazo fijado o se estableciere que se encuentra incapacitado en los términos del inc. a) del art. 20, la afiliación o reafiliación no producirá efecto alguno a los fines de la obtención de la jubilación por invalidez.

Art. 8 – La circunstancia de estar también comprendido en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal por actividades distintas de las enumeradas en el art. 2, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión, o retiro, no eximen de la obligatoriedad de afiliarse y aportar a este régimen, salvo en los casos expresamente determinados en la presente ley.

II. Recursos financieros. Aportes

Art. 9 – El presente régimen se financiará con:

a) aportes de los afiliados;

b) intereses, multas y recargos;

c) rentas provenientes de inversiones;

d) donaciones, legados y otras liberalidades.

Art. 10 (1) – El aporte de los afiliados será equivalente al 26% (veintiséis por ciento) mensual de los montos asignados a las siguientes categorías, el que se incrementará con los que correspondan de acuerdo con la Ley 19.032 y sus modificaciones.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir el aporte establecido en el presente artículo, en hasta tres puntos porcentuales.

Los montos de las categorías regirán a partir de la vigencia de cada haber mínimo, pero únicamente a los efectos del pago de los aportes mensuales, la Secretaría de Seguridad Social podrá establecer una fecha de vigencia posterior, no mayor en tres meses a aquélla.

Los aportes serán ingresados en los plazos y con las modalidades que fije la mencionada Secretaría.

(1) Texto según Ley 23.966 (B.O.: 20/8/91). Vigencia desde el 3/7/88. Los párrafos primero y segundo desde el 1/9/91.

Art. 11 (1) – Fíjanse las siguientes categorías mínimas obligatorias:

En caso de ejercerse más de una de las actividades indicadas en el cuadro precedente, la afiliación será única y el aporte será el correspondiente a la categoría cuyo monto sea igual al que resulte de sumar los de las categorías establecidas para cada actividad. Si de la suma resultase un monto que no corresponda a ninguna, se aportará por la del monto inmediatamente inferior a dicha suma.

No obstante lo establecido precedentemente los afiliados menores a veintiún años estarán incluidos únicamente en la categoría A.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incluir actividades específicas en determinadas categorías mínimas.

(1) Texto según Ley 23.568 (B.O.: 24/6/88).

Art. 12 – Al formalizarse la afiliación se podrá optar por cualquiera de las categorías del art. 10, cuyo aporte resultare superior al mínimo establecido de conformidad con el artículo anterior. Si el afiliado omitiere formular esa opción, como también en el caso de afiliación dispuesta por la Caja, quedará incluido en la categoría mínima obligatoria que corresponda a su actividad.

Podrá también optar por cambiar de categoría, por otra de las establecidas, inferior o superior, cuyo aporte no sea menor al que corresponda de acuerdo con el art. 11. Esta opción deberá formularse por escrito a la Caja antes del 1 de setiembre de cada año y comenzará a regir a partir del 1 de enero del siguiente. La omisión de tal requisito en el plazo y forma establecidos, importa la obligación de continuar en la categoría en que el afiliado se hallaba incluido.

En caso de afiliación extemporánea o dispuesta por la Caja, los aportes en mora correspondientes a los períodos anteriores deberán ingresarse de acuerdo con la categoría mínima obligatoria, en la forma establecida en el artículo siguiente.

Art. 13 – Los aportes en mora al régimen de la presente ley, de la Ley 14.397 o del Dto.-Ley 7.825/63, deberán abonarse de acuerdo con el porcentaje y monto de la categoría mínima obligatoria, o en su caso de la mayor por la que optó el afiliado, vigentes a la fecha del pago, con más los recargos pertinentes y sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

A los efectos del cálculo del saldo deudor, los aportes incluidos en planes de regularización se considerarán ingresados en término si tales planes hubieran sido cumplidos regularmente, de acuerdo con las pautas que al efecto fije la Secretaría de Estado de Seguridad Social.

III. Prestaciones

Art. 14 – Establécense las siguientes prestaciones:

a) jubilación ordinaria;

b) jubilación por edad avanzada;

c) jubilación por invalidez;

d) pensión;

e) subsidio por sepelio.

El Poder Ejecutivo podrá establecer otras prestaciones, en tanto lo permitan las posibilidades económico–financieras y de organización del sistema.

Art. 15 – El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario, para las jubilaciones por la ley vigente a la fecha de la solicitud, siempre que a esta fecha el peticionario fuere acreedor a la prestación, y para las pensiones por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante.

El derecho a las jubilaciones previstas en la Ley 14.397 se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario, por la ley vigente a la fecha de la cesación en la actividad. Sin embargo, el derecho a jubilación de las personas obligatoriamente comprendidas en el régimen de la citada ley, que hayan cesado en la actividad antes del 11 de enero de 1969 pero que no se hubieran afiliado formalmente a dicho régimen durante el lapso de su vigencia, se regirá en lo sustancial por la ley vigente a la fecha de la solicitud formulada con posterioridad al acto formal de afiliación y siempre que a esta fecha fueren acreedoras a la prestación.

Art. 16 – Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que:

a) hubieran cumplido sesenta y cinco años de edad los varones y sesenta años las mujeres;

b) acrediten treinta años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, de los cuales veintidós (1) por lo menos deberán ser con aportes.

El Poder Ejecutivo queda facultado para elevar el mínimo con aportes fijados en el párrafo anterior, cuando el lapso de vigencia de esta ley lo justifique.

A opción del afiliado o sus causahabientes y al solo efecto de completar la antigüedad requerida para obtener la jubilación ordinaria, los servicios anteriores al 1 de enero de 1959 que excedieran el mínimo con aportes fijados en el párrafo primero o el que establezca el Poder Ejecutivo, correspondan o no a períodos con aportes, serán computados por la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos, cuando ésta fuere otorgante de la prestación, aunque no pertenecieren a su régimen, a simple declaración jurada de aquéllos, salvo que de las constancias existentes surgiere la no prestación de tales servicios. Esta opción es irrevocable y no dará derecho a quienes la hubieran formulado, a reajuste alguno del haber sobre la base del reconocimiento de los servicios correspondientes a los períodos computados por declaración jurada. El cómputo de esos servicios no dará lugar a la formación de cargos por aportes al afiliado, y

c) acrediten una antigüedad en la afiliación, con igual período de obligatoriedad de aportes a los regímenes de la Ley 14.397, del Dto.-Ley 7.825/63 o de la presente, no inferior a diez años, salvo los casos previstos en el art. 61, sin perjuicio de lo determinado en el segundo párrafo del art. 80 de la Ley 18.037 (t.o. en 1976).

Esta antigüedad sólo se considerará a partir de la fecha en que por acto formal y expreso el afiliado hizo efectiva la afiliación, no siendo computables a tales fines los períodos anteriores a dicho acto, aunque hubiera existido obligación de afiliarse o se formulare cargo por aportes correspondientes a esos períodos.

A los fines de este inciso no se tendrán en cuenta los años calendario anteriores al 1 de enero de 1979 durante los cuales no se hubiera ingresado suma alguna en concepto de aportes, ni los posteriores al 31 de diciembre de 1978 durante los cuales no se haya abonado, como mínimo, la mitad de los aportes no incluidos en algún plan de regularización de la deuda, exigibles en cada año calendario. El pago de los aportes omitidos mediante su inclusión en un plan de regularización no purga los efectos de la mora, precedentemente establecidos. La afiliación con aportes efectuados a las Cajas nacionales, provinciales o municipales de previsión por servicios prestados en relación de dependencia, no se computará como antigüedad en la afiliación a los efectos de este inciso.

(1) Por la Ley 24.241, art. 159, fue elevado de 20 a 22 años a partir del 1/2/94 (B.O.: 18/10/93).

Art. 17 – Al solo efecto de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la jubilación ordinaria se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos años de edad excedente por un año de servicios faltantes.

Art. 18 – Tendrán derecho a la jubilación por edad avanzada los afiliados que:

a) hubieran cumplido setenta años de edad, cualquiera fuera su sexo;

b) acrediten diez años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, de los cuales por lo menos cinco deben corresponder al período de ocho inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio, y

c) acrediten una antigüedad en la afiliación, en las condiciones del inc. c) del art. 16, no inferior a cinco años, salvo en los casos previstos en el art. 61.

Art. 19 – Cuando se hagan valer servicios comprendidos en esta ley juntamente con otros pertenecientes a distintos regímenes jubilatorios, la edad requerida para la jubilación ordinaria o por edad avanzada se aumentará o disminuirá teniendo en cuenta la edad exigida en cada uno de ellos, en proporción al tiempo de servicios computados en los mismos.

A los efectos dispuestos precedentemente, sólo serán tenidos en cuenta para disminuir la edad exigida por el presente régimen, los servicios probados en forma fehaciente, siendo insuficientes a esos fines los acreditados mediante prueba testimonial exclusiva o por declaración jurada.

Art. 20 – Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuere su edad, los afiliados que:

a) se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales. Tratándose de los afiliados voluntarios a que se refiere el art. 4, la incapacidad debe ser total para el desempeño de cualquier actividad, y

b) se encuentren formalmente afiliados a la fecha en que se produzca la incapacidad.

Los afiliados voluntarios a que se refieren los arts. 3 y 4 deberán acreditar además una antigüedad en la afiliación, en las condiciones del inc. c) del art. 16, no inferior a tres años.

La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más, se considera total.

Art. 21 – La posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado por otra compatible con sus aptitudes profesionales, será razonablemente apreciada por la Caja, teniendo en cuenta su edad, su especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiera alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez.

Art. 22 – La invalidez total transitoria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable menor de un año, no da derecho a la jubilación por invalidez.

Art. 23 – La apreciación de la invalidez se efectuará por los organismos y mediante los procedimientos que establezca la autoridad competente, que aseguren uniformidad en los criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguarda de los derechos de los afiliados. A estos efectos podrá recabarse la colaboración de las autoridades sanitarias, nacionales, provinciales y municipales.

Incumbe a los interesados aportar los elementos de juicio tendientes a acreditar la incapacidad invocada, como también que la misma se produjo con posterioridad al acto formal de afiliación.

Los dictámenes que emitan los servicios médicos y las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales, deberán ser fundados e indicar, en su caso, el porcentaje de incapacidad del afiliado, el carácter transitorio o permanente de la misma y la fecha en que dicha incapacidad se produjo.

Art. 24 – La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando la Caja facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que establezca. La negativa del beneficiario a someterse a las revisiones que se dispongan dará lugar a la suspensión del beneficio.

El beneficio de jubilación por invalidez será definitivo cuando el titular tuviere 50 (cincuenta) o más años de edad y hubiera percibido la prestación por lo menos durante diez años.

Art. 25 – Cuando la incapacidad total no fuere permanente, el jubilado por invalidez quedará sujeto a las normas sobre medicina curativa, rehabilitadora y readaptadora que se establezcan.

El beneficio se suspenderá por la negativa del interesado, sin causa justificada, a someterse a los tratamientos que prescriban las normas precedentemente citadas.

Art. 26 (1) – En caso de muerte del jubilado o del afiliado con derecho a jubilación, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

1. La viuda o el viudo.

Tendrá derecho a pensión la conviviente o el conviviente en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo, en el supuesto de que el causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de conviviencia se reducirá a dos años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión salvo que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida, o que el causante fuera culpable de la separación; en estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

El beneficio de pensión será gozado en concurrencia con:

a) los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, hasta los dieciocho años de edad;

b) las hijas solteras y las hijas viudas que hubieran convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años inmediatamente anteriores a su deceso que a ese momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta años y se encontraran a su cargo, siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna ni gozaran de jubilación, pensión, retiro o pensión no contributiva, salvo en estos últimos supuestos que optaran por la pensión que acuerda la presente;

c) las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no perciban prestación alimentaria de éste, todas ellas incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente;

d) los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos huérfanos de padre y madre hasta los dieciocho años de edad.

2. Los hijos y nietos, de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior.

3. La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente, en las condiciones del inc. 1, en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaran de jubilación, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente.

4. Los padres en las condiciones del inciso precedente.

5. Los hermanos solteros, las hermanas solteras y las hermanas viudas, todos ellos huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, hasta los dieciocho años de edad.

La precedente enumeración es taxativa. El orden establecido en el inc. 1 no es excluyente, pero sí el orden de prelación establecido entre los incs. 1 a 5.

A los fines de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación está facultada en sede administrativa para decidir acerca de la validez y efectos jurídicos de los actos del estado civil invocados por el beneficiario.

La pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión.

(1) Texto según Ley 23.570 (B.O.: 25/7/88).

Art. 27 – Los límites de edad fijados en los incs. 1, ptos. a) y d), y 5 del art. 26 no rigen si los derechohabientes se encontraran incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento de éste, o incapacitados a la fecha en que cumplieran la edad de dieciocho años.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

La autoridad de aplicación podrá fijar pautas objetivas para establecer si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.

Art. 28 – Tampoco regirán los límites de edad establecidos en el art. 26 para los hijos, nietos y hermanos, de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que cursen regularmente estudios secundarios o superiores y no desempeñen actividades remuneradas ni gocen de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. En estos casos la pensión se pagará hasta los veintiún años de edad, salvo que los estudios hubieran finalizado antes.

La reglamentación establecerá los estudios y establecimientos educacionales a que se refiere este artículo, como también la forma y modo de acreditar la regularidad de aquéllos.

Art. 29 (1) – La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda o al viudo, la conviviente o el conviviente si concurren hijos, nietos o padres del causante en las condiciones del art. 26; la otra mitad se distribuirá entre éstos por partes iguales, con excepción de los nietos, quienes percibirán en conjunto la parte de la pensión a que hubiera tenido derecho el progenitor fallecido.

A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad del haber de la pensión corresponde a la viuda o al viudo, la conviviente o el conviviente.

En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los copartícipes, su parte acrece proporcionalmente a la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución establecida en los párrafos precedentes.

(1) Texto según Ley 23.570 (B.O.: 25/7/88).

Art. 30 – Cuando se extinguiera el derecho a pensión de un causahabiente y no existieren copartícipes, gozarán de esa prestación los parientes del jubilado o afiliado con derecho a jubilación enumerados en el art. 26 que sigan en orden de prelación, que a la fecha de fallecimiento de éste reunieran los requisitos para obtener pensión, pero hubieran quedado excluidos por otro causahabiente, siempre que se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de extinción de la pensión para el anterior titular y no gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente.

Art. 31 – Para ejercer el derecho a las prestaciones que acuerda esta ley, excepto el subsidio por sepelio, u obtener el reconocimiento de servicios, es condición que al momento de la solicitud se encuentren totalmente abonados los aportes que correspondan al régimen de la presente, de la Ley 14.397 y del Dto.-Ley 7.825/63, como también cancelado en su totalidad el plan de regularización de la deuda por aportes al que el afiliado estuviere acogido, en ambos casos, si correspondiere, con sujeción a lo dispuesto en el art. 13.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social queda facultada para establecer excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter general para determinadas prestaciones o categorías de afiliados o beneficiarios.

Art. 32 – Las prestaciones se abonarán:

a) las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada y por invalidez, desde el día de la presentación de la solicitud del beneficio, formulada una vez cumplidos los requisitos exigidos para su logro;

b) la pensión, desde el día siguiente al de la muerte del causante o al del día presuntivo de su fallecimiento, fijado judicialmente, excepto en el supuesto previsto en el art. 30, en que se pagará a partir del día siguiente al de la extinción de la pensión para el anterior titular.

Art. 33 – El subsidio por sepelio se regirá por las normas de la Ley 21.074.

Art. 34 – Las prestaciones revisten los siguientes caracteres:

a) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios beneficiarios.

b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en el art. 35.

c) Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas.

d) Están sujetas a las deducciones que las autoridades judiciales y administrativas competentes dispongan en concepto de cargos provenientes de créditos a favor de los organismos de Seguridad Social o por la percepción indebida de haberes de jubilaciones, pensiones, retiros o prestaciones no contributivas.

Dichas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del haber mensual de la prestación, salvo cuando en razón del plazo de duración de ésta no resultara posible cancelar el cargo mediante ese porcentaje, en cuyo caso la deuda se prorrateará en función de dicho plazo.

e) Sólo se extinguen por las causas previstas por la ley.

Todo acto jurídico que contraríe lo dispuesto precedentemente es nulo y sin valor alguno.

Art. 35 – Las prestaciones pueden ser afectadas, previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, a favor de organismos públicos, asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial y asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas y mutualidades con los cuales los beneficiarios convengan en anticipo de las prestaciones.

IV. Haber de las prestaciones

Art. 36 – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

1. Si todos los servicios computados fueren autónomos, el haber será equivalente al promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado, en relación con el tiempo con aportes computados en cada una de ellas.

A los fines del párrafo anterior, los ingresos sujetos a aportes en el régimen de la Ley 14.397, y los montos de las categorías previstas en el Dto.-Ley 7.825/63 y en la presente en su texto originario, se equipararán previamente a las categorías fijadas en el art. 10, de acuerdo con las normas que establezca la reglamentación.

2. Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios autónomos y en relación de dependencia, el haber se establecerá sumando el que resulte de la aplicación de esta ley para los servicios autónomos y el correspondiente a los servicios en relación de dependencia de acuerdo con su régimen propio, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios, con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria.

Los servicios computados a simple declaración de acuerdo con el art. 16, inc. b), se considerarán en todos los casos como autónomos.

Art. 37 – El haber mensual de la jubilación por edad avanzada será equivalente al sesenta por ciento (60%) (1) del promedio establecido de conformidad con el inc. 1 del artículo anterior.

(1) Expresión sustituida por Ley 24.241 (B.O.: 18/10/93), a partir del 1/2/94.

Art. 38 – El haber de la pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber de jubilación que gozaba o le hubiera correspondido percibir al causante.

Art. 39 – Los haberes de las prestaciones serán móviles.

La movilidad se efectuará en la misma forma y con igual periodicidad que la de los haberes de los beneficiarios del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

Art. 40 (1) – Se abonará un haber anual complementario pagadero de dos cuotas equivalentes, cada una, al 50% de la jubilación o pensión a que los beneficiarios tuvieran derecho en los meses de junio y diciembre o del mejor haber mensual devengado en los semestres que culminan en los meses citados.

Cuando se hubiera tenido derecho a gozar de la prestación sólo durante parte de un semestre, la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes.

Las cuotas se pagarán en oportunidad de hacerse efectivas las prestaciones correspondientes a los meses de junio y diciembre, o al liquidarse la prestación si ésta se extinguiera antes de concluir el semestre.

(1) Texto según Ley 23.069 (B.O.: 13/7/84).

Art. 41 – El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer haberes mínimos de las prestaciones, superiores a los que resulten de aplicar a los vencimientos la movilidad que corresponda de acuerdo con el art. 39.

V. Obligaciones de los afiliados y de los beneficiarios

Art. 42 – Los trabajadores autónomos están sujetos, sin perjuicio de las establecidas por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) afiliarse dentro del plazo de 60 (sesenta) días a contar de la fecha de iniciación de actividades y comunicar dentro del mismo plazo toda modificación en su situación como afiliado;

b) depositar el aporte a la orden de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional;

c) suministrar todo informe referente a su situación frente a las leyes de previsión y exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos;

d) en general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación competente disponga.

Art. 43 – Los beneficiarios del presente régimen están sujetos, sin perjuicio de las establecidas por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión;

b) comunicar a la Caja respectiva toda situación prevista por las disposiciones legales, que afecte o pueda afectar el derecho a la percepción total o parcial del beneficio que gozan;

c) presentar al empleador la declaración jurada a la que se refiere el inc. i) del art. 56 de la Ley 18.037 (t.o. en 1976), en el caso de que volvieren a la actividad en relación de dependencia.

VI. Disposiciones generales

Art. 44 – Se computará como tiempo de servicios con aportes al período de servicio militar obligatorio por llamado ordinario, movilización o convocatoria especial, desde la fecha de la convocación y hasta 30 (treinta) días después de concluido el servicio, siempre que al momento de su incorporación el trabajador se hallare afiliado al presente régimen.

Se considerará que durante el lapso indicado en el párrafo precedente el afiliado revistó en la categoría en que se hallaba incluido a la fecha de su incorporación.

El cómputo a que se refiere este artículo no está sujeto al pago de aportes.

Art. 45 – Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer límites de edad y de servicios y aportes diferenciales para la obtención de la jubilación ordinaria, en el caso de tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuros.

En tales casos los límites de edad y de servicios no podrán reducirse en más de cinco años con relación a los exigidos por el art. 16.

Art. 46 – Los afiliados que reunieran los requisitos para el logro de las jubilaciones ordinarias o por edad avanzada quedan sujetos a las siguientes normas:

a) podrán solicitar y entrar en el goce del beneficio y continuar o reingresar en la misma u otra actividad autónoma, sin incompatibilidad alguna;

b) desde el momento de la solicitud dejarán de efectuar aportes por las actividades autónomas en que continúen o reingresen;

c) no tendrán derecho a reajuste o transformación por las actividades autónomas desempeñadas a partir de la fecha de la solicitud;

d) para entrar en el goce del beneficio deberán cesar en toda actividad en relación de dependencia, salvo en los supuestos previstos en los arts. 52, inc. c), de la Ley 14.473, y 66 de la Ley 18.037 (t.o. en 1976);

e) si reingresaren a cualquier actividad en relación de dependencia se les suspenderá el goce del beneficio hasta que cesen en aquélla, salvo en los casos previstos en la Ley 15.284 y en el art. 66 de la Ley 18.037 (t.o. en 1976).

El Poder Ejecutivo podrá, sin embargo, establecer por tiempo determinado, y con carácter general, regímenes de compatibilidad limitada con reducción de los haberes de los beneficios.

Tendrán derecho a reajuste o transformación mediante el cómputo de las nuevas actividades en relación de dependencia desempeñadas, siempre que éstas alcanzaren a un período mínimo de tres años, excepto en los casos de transformación en jubilación por invalidez.

Art. 47 – El goce de la jubilación por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia.

Percibirá la jubilación por invalidez hasta el importe de la compatibilidad que el Poder Ejecutivo fije de acuerdo con el inc. e) del artículo anterior el beneficiario que reingresare a la actividad en relación de dependencia por haberse rehabilitado profesionalmente. Esta última circunstancia deberá acreditarse mediante certificado expedido por el órgano competente para ello (1).

El jubilado por invalidez que reingresare a la actividad antes de la edad requerida para la jubilación ordinaria está obligado al pago de los aportes correspondientes.

Podrá reajustar el beneficio siempre que en la nueva actividad alcanzare a un período mínimo de tres años.

Si con la nueva actividad se cumplieran los requisitos del art. 16, podrá transformar el beneficio y serán aplicables las disposiciones del art. 46.

El goce de la jubilación por edad avanzada es incompatible con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o municipal.

(1) Texto según Ley 22.431 (B.O.: 20/3/81).

Art. 48 – Las personas que hubieran obtenido u obtengan jubilación ordinaria, por edad avanzada o por invalidez en otro régimen comprendido en el sistema de reciprocidad jubilatoria no aportarán al presente régimen por las actividades autónomas en que continúen o reingresen, a partir del momento del otorgamiento de esas prestaciones, si a dicho momento tuvieran cumplidas las edades fijadas en el art. 16, inc. a), en los casos de jubilación ordinaria o por invalidez, o en el art. 18 en los casos de jubilación por edad avanzada, o desde que cumplieran tales edades.

Los servicios autónomos excluidos de aportes en virtud de lo dispuesto precedentemente no serán susceptibles de reconocimiento.

Art. 49 – En los casos en que existiere incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, el jubilado que se reintegrare al servicio deberá denunciar expresamente y por escrito esa circunstancia a la Caja, dentro del plazo de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha en que volvió a la actividad. Igual obligación incumbe al empleador que conociere dicha circunstancia.

Art. 50 – El jubilado que omitiere formular la denuncia en la forma y plazo indicados en el artículo anterior quedará privado automáticamente del derecho a computar, para cualquier reajuste o transformación, los nuevos servicios desempeñados. Si al momento en que la Caja tome conocimiento de su reingreso a la actividad el jubilado continuare en los nuevos servicios, la prestación será suspendida o reducida, según corresponda de acuerdo con el inc. e) del art. 46. El jubilado deberá, además, reintegrar lo cobrado indebidamente en concepto de haberes jubilatorios, con los recargos, intereses y actualización que correspondan, importe que será deducido íntegramente de la prestación que tuviere derecho a percibir, si continuare en actividad; caso contrario se le formulará cargo en los términos del inc. d) del art. 34.

Art. 51 – Para la tramitación de las prestaciones jubilatorias no se exigirá a los afiliados la presentación del certificado de cesación en los servicios en relación de dependencia, pero la resolución que se dictare quedará condicionada al cese definitivo en dichos servicios y a la ley vigente a ese momento.

La Caja dará curso a las solicitudes de reconocimiento de servicios en cualquier momento en que sean presentadas, sin exigir que se justifique la iniciación del trámite jubilatorio. Las sucesivas ampliaciones sólo podrán solicitarse con una periodicidad de cinco años, salvo que se requiriere para peticionar alguna prestación.

Art. 52 – No se podrá obtener transformación del beneficio ni reajuste del haber de la prestación sobre la base de servicios o ingresos computados mediante prueba testimonial exclusiva o declaración jurada.

El cómputo de servicios a simple declaración jurada del afiliado o sus causahabientes en ningún caso dará derecho a que tales servicios se consideren de carácter diferencial o especial.

Tampoco podrá acreditarse el carácter diferencial o especial de los servicios mediante prueba testimonial exclusivamente.

Art. 53 – A los efectos de esta ley se consideran servicios con aportes los períodos con obligatoriedad de cotización de las personas voluntariamente afiliadas al presente régimen, como también los servicios prestados a partir de la vigencia del régimen a que pertenecen, pero no los anteriores, aunque fueren susceptibles de reconocimiento mediante la formulación de cargo.

En caso de simultaneidad de servicios, a los fines del cómputo de la antigüedad no se acumularán los tiempos.

Art. 54 – El cómputo de los servicios anteriores a la vigencia de la Ley 14.397 no estará sujeto a la formulación de cargo por aportes. Esta disposición no da derecho a la devolución de cargos ya satisfechos.

Art. 55 (1) – El Poder Ejecutivo queda facultado para determinar, con carácter obligatorio en todo el territorio del país, los trámites administrativos para cuya realización se requerirá acreditar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta ley, como también para establecer los sistemas o medios de contralor de la afiliación y pago de los aportes en razón de la modalidad de las actividades comprendidas en la presente. Hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte esas normas, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes.

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer también retenciones porcentuales sobre determinados ingresos que perciban los afiliados, las que serán imputadas en concepto de pagos a cuenta de aportes; a tal fin, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado para designar agentes de retención y las alícuotas correspondientes.

(1) Texto según Ley 22.193 (B.O.: 24/3/80) y Dto. 2.196/86 (B.O.: 2/12/86).

Art. 56 (1) – Los regímenes jubilatorios provinciales para profesionales deberán adecuarse a los principios de la presente ley.

Mediante convenios a celebrarse entre los Gobiernos provinciales y la Secretaría de Estado de Seguridad Social se establecerá el cómputo recíproco a los fines jubilatorios de los servicios no simultáneos comprendidos en las Cajas Nacionales de Previsión, en el Instituto Municipal de Previsión Social de la Ciudad de Buenos Aires, y en las Cajas o institutos provinciales y municipales de previsión, con los de las Cajas provinciales para profesionales, y de éstas entre sí, con sujeción a las normas que se determinen en dichos convenios.

Si los convenios a que se refiere el párrafo anterior no se hubieran celebrado dentro del plazo de un año a contar desde la vigencia de esta ley, o de seis meses contados desde la vigencia de los regímenes provinciales para profesionales que se creen, desde el vencimiento de dichos plazos, las respectivas Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones para profesionales quedarán automáticamente comprendidas en el régimen de reciprocidad instituido por el Dto.-Ley 9.316/46.

(1) Por Ley 22.476 (B.O.: 31/7/81) se reimplantó su vigencia a partir del 22/7/81. Estableció como nuevo plazo el 1/9/81 a los fines de lo determinado por su segundo párrafo.

Art. 57 – El jubilado por la Ley 14.397 o el Dto.-Ley 7.825/63, que hubiera vuelto a la actividad autónoma antes de la vigencia de la presente, tendrá derecho a reajuste o transformación del beneficio por los servicios prestados hasta el 31 de diciembre de 1968, de conformidad con las disposiciones aplicables a la fecha indicada. Si continuara en la actividad, a partir de la vigencia de esta ley dejará de efectuar aportes y no tendrá derecho a reajuste o transformación por los servicios prestados después de esa fecha.

Si el reingreso de hubiera producido en tareas en relación de dependencia, y el jubilado cesare en ellas con posterioridad al 31 de diciembre de 1968, tendrá derecho a reajuste o transformación de conformidad con las disposiciones de la presente, mediante el cómputo de las nuevas actividades desempeñadas, siempre que éstas alcanzaren a un período mínimo de tres años, excepto en los casos de transformación en jubilación por invalidez.

Art. 58 – Cuando hubiere recaído resolución judicial o administrativa firme, que denegare en todo o en parte el derecho reclamado, se estará al contenido de la misma. Si como consecuencia de la reapertura del procedimiento, frente a nuevas invocaciones, se hiciere lugar al reconocimiento de este derecho, a los fines dispuestos por los arts. 82 de la Ley 18.037 (t.o. en 1976), y 32, inc. a), de la presente, se considerará como fecha de solicitud la del pedido de reapertura del procedimiento.

Art. 59 – La administración del presente régimen estará a cargo de la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos, creada por el art. 11 de la Ley 17.575.

Art. 60 – Para todos los efectos de esta ley no serán computados ni reconocidos los períodos de servicios respecto de cuyos aportes impagos el afiliado o sus causahabientes se hubieran amparado o se ampararen en la prescripción liberatoria.

Art. 61 – Los afiliados que al 1 de enero de 1969 hubieran cumplido las edades que a continuación se establecen, para el logro de la jubilación ordinaria deberán acreditar las siguientes antigüedades mínimas en la afiliación, en las condiciones del art. 16, inc. c):

Los afiliados que al 1 de enero de 1969 hubieran cumplido setenta o más años de edad deberán acreditar para el logro de la jubilación por edad avanzada tres años de antigüedad en la afiliación como mínimo, en las condiciones del art. 18, inc. c).

Art. 62 – Las disposiciones de la presente rigen a partir de la fecha que corresponda de acuerdo con las leyes que la conforman.

Nota: Conforme con el art. 11 de la Ley 23.570, a los efectos del alcance e interpretación de los nuevos incs. 1 y 3 del art. 26 de la Ley 18.038, sus restantes artículos y sus normas modificatorias y complementarias, a continuación de la palabra “viuda”, deberán incorporarse los términos “viudo y el o la conviviente en aparente matrimonio”.