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Nuevos lineamientos para la política económica - Un cambio necesario e impostergable

Autor: Dr. Armando De Angelis
Presidente de
la Comisión
de Estudios Ecómicos
El presente documento es una interpretación del Lic. Armando De Angelis de las opiniones, aportes y resultados de discusiones llevadas a cabo en el seno de la Comisión y ha sido consensuado por la misma.

Breve diagnóstico

La economía nacional entró en un sendero en el cual las crisis son cada vez más graves y recurrentes. Después de tres años de recesión, la posibilidad de recuperar un desarrollo económico vigoroso y sostenido se torna más lejana ante el persistente deterioro de los indicadores macroeconómicos. La crisis económica y social castiga a los sectores de la sociedad en su conjunto; con mayor fuerza a los de menos recursos que no logran resolver las necesidades básicas de toda sociedad organizada, careciendo de niveles cuali-cuantitativos adecuados de empleo, salud y educación.

Durante la década del ochenta se manifestaron los efectos de las políticas aplicadas a partir de la segunda mitad de la década anterior, consistentes en un gravoso endeudamiento, apertura indiscriminada de la economía, aplicación de un sistema tributario altamente regresivo, pérdida de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, creciente deterioro del aparato productivo y altos índices de inestabilidad e inflación.

En un contexto hiperinflacionario, la implementación del Plan de Convertibilidad en 1991 resultó una medida efectiva de estabilización de los índices de precios, pero introduciendo fuertes condicionamientos consistentes en: relacionar la facultad de emisión monetaria a la disponibilidad de divisas que el país en esas circunstancias no generaba, acentuar la apertura económica y lograr el equilibrio fiscal con el ingreso de capitales externos para lo cual se utilizaron las privatizaciones y el establecimiento de la relación inamovible peso-dólar.

Las medidas del Consenso de Washington, si bien impregnaron las directrices de la época, no fueron adaptadas a la realidad del país o fueron adoptadas de una manera incorrecta o parcial: 1. disciplina fiscal, 2. control del gasto público, 3. mejoramiento del sistema impositivo, 4. liberación del sistema financiero, 5. manejo del sistema de cambio, 6. liberalización comercial, 7. inversión extranjera directa, 8. privatización de empresas públicas, 9. desregulación y reforma del estado, y 10. derecho de propiedad.

Ejes de una nueva política económica

La política económica debe apuntar al progreso económico y social del país, garantizando una equitativa distribución de la riqueza. A fin de impulsar el postergado debate de cómo alcanzar este objetivo, aquí se proponen algunos lineamientos que la política económica debería adoptar.

En primer lugar, deben sentarse las bases para un desarrollo autónomo y sustentable, que contemple la recuperación de la producción nacional y el empleo, así como un fuerte impulso a la educación y la generación propia de conocimiento.
En segundo lugar, es necesario reconstruir el Estado y recrear sus funciones, en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal-. En la última década, ha quedado en evidencia que es inviable el progreso social y económico con un Estado ausente, que se ha desentendido de sus responsabilidades indelegables. Asimismo, numerosas experiencias de países desarrollados, incluso con realidades muy diferentes, son claros ejemplos del rol fundamental que el Estado puede y debe desempeñar. Por ello, el debate no debe limitarse a su tamaño. Más bien, debería centrarse en la construcción de una capacidad estratégica que le permita actuar como facilitador del desarrollo.
El tercer eje a considerar está ligado con el fortalecimiento de las instituciones en ámbitos claves para el funcionamiento de la sociedad, como la justicia, la educación, la salud y el mercado, entre otros.
En cuarto lugar, la nueva política económica debe redefinir la inserción internacional de la Argentina. Al mismo tiempo, debe enfrentarse el determinismo del discurso de la globalización, con creatividad y pragmatismo. Sin duda, es posible encontrar propuestas imaginativas que amplíen el margen de maniobra de la política local.
Por último, es indispensable atenuar tanto como sea posible la vulnerabilidad de la economía argentina ante los factores externos. Para atacar esta debilidad de tipo estructural, la única vía efectiva es la generación de capacidades propias de desarrollo.

Contar con estas capacidades y con un Estado fuerte, focalizado en sus roles indelegables y en políticas activas para el desarrollo, con poder para actuar sobre los factores que determinan la distribución de los ingresos, se considera es condición necesaria para analizar la posibilidad de una salida de la convertibilidad como medio para potenciar el progreso de nuestro país en beneficio de la mayoría de la población.

Comenzando a dar respuestas

El cambio en el rumbo económico que surge de los lineamientos expuestos conlleva la recuperación de herramientas que hasta ahora estuvieron limitadas en su utilización o simplemente vedadas y, sin embargo, son necesarias para revertir la actual coyuntura y sentar las bases para una expansión genuina de nuestra economía. Dentro de este esquema de política económica, sería posible aplicar de inmediato una serie de medidas tanto de corto como de mediano y largo plazo:

Subsidio a los hogares más pobres y a los desempleados -financiados con los recursos que hoy en día se destinan a los distintos programas de ayuda social, que están poco coordinados y sujetos a un uso político-, focalizándolos a través de los jefes de hogares y asociándolos con programas de trabajo y capacitación que tiendan a facilitar su reinserción en el mercado laboral. Estos fondos, además de aliviar la situación de los más necesitados, contribuirán a incrementar la demanda interna ya que el 100% se destinará al consumo de bienes básicos.

Refuerzo de ese fortalecimiento del mercado interno a través de: el restablecimiento del crédito interno al consumo utilizando a la banca oficial para mejorar los plazos y tasas de referencia vigentes en el sistema financiero local; un rediseño tributario que convierta en progresivo el sistema, favorezca la remuneración del riesgo empresario productivo limitando la renta proveniente de las actividades financieras y que a su vez garantice la capacidad recaudatoria; y la modificación de los mecanismos de control aduanero para efectuar un férreo control a la competencia desleal de importaciones subfacturadas, el contrabando y el dumping.
Simplificación y reforma del sistema tributario eliminando impuestos distorsivos - por ejemplo sellos e ingresos brutos-, reducción diferenciada de la alícuota del IVA –favoreciendo a los bienes componentes de la canasta de consumo masivo- y eliminación de exenciones, ampliación de la base de ganancias a todas las fuentes -sin excluir las financieras y de capital ni los sueldos de jueces y legisladores-.
Integración de los sistemas de pago comerciales y tributarios a través del sistema financiero con el fin de contar con la información necesaria para emprender una lucha eficaz contra la evasión. Coordinación de la acción de organismos tales como DGI, Aduana, ANSES. Control sobre la remisión de utilidades, regalías y fondos especulativos al exterior.
Recuperación de la política monetaria mediante una adecuada gestión de los niveles de encajes y pases del Banco Central y, en conjunción con esto, rechazo a proyectos de dolarización.
Estímulo a la diversificación del sector financiero a través del surgimiento de nuevas entidades que satisfagan las necesidades específicas de las PyMEs de los distintos sectores de la economía (bancos sectoriales –industriales, servicios-, de exportaciones, regionales, sociedades de garantías recíprocas eficientes, etc.).
Búsqueda del consenso del FMI y del G8 para plantear una quita y reprogramación voluntaria de la deuda pública, afectando sólo una porción del crecimiento del país para la atención de sus servicios y contemplando la suspensión del pago de los mismos por el período necesario para emprender un camino de desarrollo de la economía.
Inclusión en dicho consenso del apoyo necesario para acrecentar exportaciones por la eliminación de barreras que impiden el ingreso de nuestros productos a las economías más desarrolladas.
Redefinición del rol del capital extranjero estimulando la radicación de inversión extranjera directa de calidad, en detrimento de los capitales especulativos.
Diseño de una política de desarrollo productivo que articule los esfuerzos individuales y permita la reconstrucción de los eslabonamientos productivos, con énfasis en redes de PyMEs generadoras de valor agregado, la creación de incubadoras de empresas y la eliminación de trabas burocráticas para la creación de nuevas empresas.
Apoyo a las PyMEs, no sólo en materia financiera sino también en comercio exterior y en desarrollo de su capacidad de gestión.
Promoción de la inversión en infraestructura y logística para la producción: corredores bioceánicos, riego, autopistas, hidrovía, ferrocarril transpatagónico, etc.
Fomento de la ciencia y la investigación aplicada y articulación de la actividad de los centros de investigación, tanto públicos como privados, con las demandas del sector productivo y del resto de la sociedad. Asociación de los organismos públicos de promoción tecnológica aplicada con fondos de riesgo.
Fortalecimiento de la educación en todos los niveles, tendiendo a la elevación de los conocimientos frente al importante avance de la ciencia, y de los desarrollos tecnológicos incrementando la investigación y los montos asignados al efecto en los presupuestos nacional y provinciales.
Implementación de una política comercial externa más enérgica y guiada por objetivos estratégicos. Privilegiar el camino de la inserción internacional mediante la integración a través de acuerdos bilaterales entre bloques (Mercosur-UE o Mercosur-ALCA) frente a la alternativa de la apertura unilateral.
Impulso de la competitividad de las exportaciones argentinas a partir de la calidad y no del precio. Comenzar por aquellos rubros con ventajas comparativas estimulando la transformación de los productos básicos en bienes finales gracias a la inversión en maquinarias, I+D, marketing, etc., replicando los casos de la industria vitivinícola. Asimismo, aplicación de toda la potencialidad de Internet y redefinición del rol de las delegaciones diplomáticas para establecer flujos de información de ida y vuelta respecto a la oferta nacional y las oportunidades comerciales en terceros mercados.
Reformulación del manejo presupuestario del Estado en sus tres niveles, procurando lograr una mejora en la calidad del gasto público mediante su efectiva asociación con objetivos, actividades y resultados y la gestión de sus recursos humanos basada en sus competencias y en el logro de dichos resultados.
Avance en la descentralización del sector público, observando el principio de correspondencia fiscal, fortaleciendo el rol de los municipios como recaudadores, y como responsables de las políticas del gasto público social y de apoyo a la producción.
Promoción de mercados más eficientes a través de una justicia competente, un mayor poder de regulación del Estado y una reducción de la concentración. En línea con ello, revisión del marco normativo y fortalecimiento de los entes reguladores de servicios públicos.
Abandono de la utilización del endeudamiento como mecanismo principal de obtención de divisas o de otras formas no sostenibles, como las privatizaciones.

La concreción de este conjunto de medidas daría cauce a un círculo virtuoso de desarrollo que, a su vez, mejoraría las condiciones para solucionar definitivamente las debilidades estructurales de la economía argentina. Queda claro que esta propuesta debe ser apreciada dentro de una vasta discusión sobre el futuro del país. Por supuesto, este debate será tanto más fructífero y satisfactorio si es el resultado de la participación conjunta de todos los sectores de la sociedad.

Fecha de publicación: 05/11/01

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