Breve diagnóstico
La economía nacional entró en un sendero en el cual las crisis son cada vez más graves
y recurrentes. Después de tres años de recesión, la posibilidad de recuperar un
desarrollo económico vigoroso y sostenido se torna más lejana ante el persistente
deterioro de los indicadores macroeconómicos. La crisis económica y social castiga a los
sectores de la sociedad en su conjunto; con mayor fuerza a los de menos recursos que no
logran resolver las necesidades básicas de toda sociedad organizada, careciendo de
niveles cuali-cuantitativos adecuados de empleo, salud y educación.
Durante la década del ochenta se manifestaron los efectos de las políticas aplicadas a
partir de la segunda mitad de la década anterior, consistentes en un gravoso
endeudamiento, apertura indiscriminada de la economía, aplicación de un sistema
tributario altamente regresivo, pérdida de la participación de los asalariados en el
ingreso nacional, creciente deterioro del aparato productivo y altos índices de
inestabilidad e inflación.
En un contexto hiperinflacionario, la implementación del Plan de Convertibilidad en 1991
resultó una medida efectiva de estabilización de los índices de precios, pero
introduciendo fuertes condicionamientos consistentes en: relacionar la facultad de
emisión monetaria a la disponibilidad de divisas que el país en esas circunstancias no
generaba, acentuar la apertura económica y lograr el equilibrio fiscal con el ingreso de
capitales externos para lo cual se utilizaron las privatizaciones y el establecimiento de
la relación inamovible peso-dólar.
Las medidas del Consenso de Washington, si bien impregnaron las directrices de la época,
no fueron adaptadas a la realidad del país o fueron adoptadas de una manera incorrecta o
parcial: 1. disciplina fiscal, 2. control del gasto
público, 3. mejoramiento del sistema impositivo, 4. liberación
del sistema financiero, 5. manejo del sistema de cambio, 6.
liberalización comercial, 7. inversión extranjera directa, 8.
privatización de empresas públicas, 9. desregulación y reforma del
estado, y 10. derecho de propiedad.
Ejes
de una nueva política económica
La política económica debe apuntar al progreso económico y social del país,
garantizando una equitativa distribución de la riqueza. A fin de impulsar el postergado
debate de cómo alcanzar este objetivo, aquí se proponen algunos lineamientos que la
política económica debería adoptar.
En
primer lugar, deben sentarse las bases para un desarrollo autónomo y sustentable, que
contemple la recuperación de la producción nacional y el empleo, así como un fuerte impulso
a la educación y la generación propia de conocimiento. |
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En
segundo lugar, es necesario reconstruir el Estado y recrear sus funciones, en sus tres niveles
nacional, provincial y municipal-. En la última década, ha quedado en evidencia que es
inviable el progreso social y económico con un Estado ausente, que se ha desentendido de sus
responsabilidades indelegables. Asimismo, numerosas experiencias de países desarrollados,
incluso con realidades muy diferentes, son claros ejemplos del rol fundamental que el Estado
puede y debe desempeñar. Por ello, el debate no debe limitarse a su tamaño. Más bien,
debería centrarse en la construcción de una capacidad estratégica que le permita actuar
como facilitador del desarrollo. |
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El
tercer eje a considerar está ligado con el fortalecimiento de las instituciones en ámbitos
claves para el funcionamiento de la sociedad, como la justicia, la educación, la salud y el
mercado, entre otros. |
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En
cuarto lugar, la nueva política económica debe redefinir la inserción internacional de la
Argentina. Al mismo tiempo, debe enfrentarse el determinismo del discurso de la
globalización, con creatividad y pragmatismo. Sin duda, es posible encontrar propuestas
imaginativas que amplíen el margen de maniobra de la política local. |
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Por
último, es indispensable atenuar tanto como sea posible la vulnerabilidad de la economía
argentina ante los factores externos. Para atacar esta debilidad de tipo estructural, la
única vía efectiva es la generación de capacidades propias de desarrollo. |
Contar
con estas capacidades y con un Estado fuerte, focalizado en sus roles indelegables y en
políticas activas para el desarrollo, con poder para actuar sobre los factores que
determinan la distribución de los ingresos, se considera es condición necesaria para
analizar la posibilidad de una salida de la convertibilidad como medio para potenciar el
progreso de nuestro país en beneficio de la mayoría de la población.
Comenzando
a dar respuestas
El cambio en el rumbo económico que surge de los lineamientos expuestos conlleva la
recuperación de herramientas que hasta ahora estuvieron limitadas en su utilización o
simplemente vedadas y, sin embargo, son necesarias para revertir la actual coyuntura y
sentar las bases para una expansión genuina de nuestra economía. Dentro de este esquema
de política económica, sería posible aplicar de inmediato una serie de medidas tanto de
corto como de mediano y largo plazo:
Subsidio
a los hogares más pobres y a los desempleados -financiados con los recursos que hoy en día
se destinan a los distintos programas de ayuda social, que están poco coordinados y sujetos a
un uso político-, focalizándolos a través de los jefes de hogares y asociándolos con
programas de trabajo y capacitación que tiendan a facilitar su reinserción en el mercado
laboral. Estos fondos, además de aliviar la situación de los más necesitados, contribuirán
a incrementar la demanda interna ya que el 100% se destinará al consumo de bienes básicos. |
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Refuerzo
de ese fortalecimiento del mercado interno a través de: el restablecimiento del crédito
interno al consumo utilizando a la banca oficial para mejorar los plazos y tasas de referencia
vigentes en el sistema financiero local; un rediseño tributario que convierta en progresivo
el sistema, favorezca la remuneración del riesgo empresario productivo limitando la renta
proveniente de las actividades financieras y que a su vez garantice la capacidad recaudatoria;
y la modificación de los mecanismos de control aduanero para efectuar un férreo control a la
competencia desleal de importaciones subfacturadas, el contrabando y el dumping. |
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Simplificación
y reforma del sistema tributario eliminando impuestos distorsivos - por ejemplo sellos e
ingresos brutos-, reducción diferenciada de la alícuota del IVA favoreciendo a los
bienes componentes de la canasta de consumo masivo- y eliminación de exenciones, ampliación
de la base de ganancias a todas las fuentes -sin excluir las financieras y de capital ni los
sueldos de jueces y legisladores-. |
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Integración
de los sistemas de pago comerciales y tributarios a través del sistema financiero con el fin
de contar con la información necesaria para emprender una lucha eficaz contra la evasión.
Coordinación de la acción de organismos tales como DGI, Aduana, ANSES. Control sobre la
remisión de utilidades, regalías y fondos especulativos al exterior. |
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Recuperación
de la política monetaria mediante una adecuada gestión de los niveles de encajes y pases del
Banco Central y, en conjunción con esto, rechazo a proyectos de dolarización. |
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Estímulo
a la diversificación del sector financiero a través del surgimiento de nuevas entidades que
satisfagan las necesidades específicas de las PyMEs de los distintos sectores de la economía
(bancos sectoriales industriales, servicios-, de exportaciones, regionales, sociedades
de garantías recíprocas eficientes, etc.). |
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Búsqueda
del consenso del FMI y del G8 para plantear una quita y reprogramación voluntaria de la deuda
pública, afectando sólo una porción del crecimiento del país para la atención de sus
servicios y contemplando la suspensión del pago de los mismos por el período necesario para
emprender un camino de desarrollo de la economía. |
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Inclusión
en dicho consenso del apoyo necesario para acrecentar exportaciones por la eliminación de
barreras que impiden el ingreso de nuestros productos a las economías más desarrolladas. |
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Redefinición
del rol del capital extranjero estimulando la radicación de inversión extranjera directa de
calidad, en detrimento de los capitales especulativos. |
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Diseño
de una política de desarrollo productivo que articule los esfuerzos individuales y permita la
reconstrucción de los eslabonamientos productivos, con énfasis en redes de PyMEs generadoras
de valor agregado, la creación de incubadoras de empresas y la eliminación de trabas
burocráticas para la creación de nuevas empresas. |
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Apoyo
a las PyMEs, no sólo en materia financiera sino también en comercio exterior y en desarrollo
de su capacidad de gestión. |
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Promoción
de la inversión en infraestructura y logística para la producción: corredores bioceánicos,
riego, autopistas, hidrovía, ferrocarril transpatagónico, etc. |
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Fomento
de la ciencia y la investigación aplicada y articulación de la actividad de los centros de
investigación, tanto públicos como privados, con las demandas del sector productivo y del
resto de la sociedad. Asociación de los organismos públicos de promoción tecnológica
aplicada con fondos de riesgo. |
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Fortalecimiento
de la educación en todos los niveles, tendiendo a la elevación de los conocimientos frente
al importante avance de la ciencia, y de los desarrollos tecnológicos incrementando la
investigación y los montos asignados al efecto en los presupuestos nacional y provinciales. |
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Implementación
de una política comercial externa más enérgica y guiada por objetivos estratégicos.
Privilegiar el camino de la inserción internacional mediante la integración a través de
acuerdos bilaterales entre bloques (Mercosur-UE o Mercosur-ALCA) frente a la alternativa de la
apertura unilateral. |
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Impulso
de la competitividad de las exportaciones argentinas a partir de la calidad y no del precio.
Comenzar por aquellos rubros con ventajas comparativas estimulando la transformación de los
productos básicos en bienes finales gracias a la inversión en maquinarias, I+D, marketing,
etc., replicando los casos de la industria vitivinícola. Asimismo, aplicación de toda la
potencialidad de Internet y redefinición del rol de las delegaciones diplomáticas para
establecer flujos de información de ida y vuelta respecto a la oferta nacional y las
oportunidades comerciales en terceros mercados. |
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Reformulación
del manejo presupuestario del Estado en sus tres niveles, procurando lograr una mejora en la
calidad del gasto público mediante su efectiva asociación con objetivos, actividades y
resultados y la gestión de sus recursos humanos basada en sus competencias y en el logro de
dichos resultados. |
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Avance
en la descentralización del sector público, observando el principio de correspondencia
fiscal, fortaleciendo el rol de los municipios como recaudadores, y como responsables de las
políticas del gasto público social y de apoyo a la producción. |
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Promoción
de mercados más eficientes a través de una justicia competente, un mayor poder de
regulación del Estado y una reducción de la concentración. En línea con ello, revisión
del marco normativo y fortalecimiento de los entes reguladores de servicios públicos. |
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Abandono
de la utilización del endeudamiento como mecanismo principal de obtención de divisas o de
otras formas no sostenibles, como las privatizaciones. |
La
concreción de este conjunto de medidas daría cauce a un círculo virtuoso de desarrollo
que, a su vez, mejoraría las condiciones para solucionar definitivamente las debilidades
estructurales de la economía argentina. Queda claro que esta propuesta debe ser apreciada
dentro de una vasta discusión sobre el futuro del país. Por supuesto, este debate será
tanto más fructífero y satisfactorio si es el resultado de la participación conjunta de
todos los sectores de la sociedad. |