| Autor: Dr. CP
y LE Aarón Gleizer (*) |
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Presidente de la
Comisión de Actuación Profesional en Cooperativas
y Otras Entidades sin Fines de Lucro |
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| El fracaso del
modelo privatizador reflota la validez de la forma cooperativa para asumir la prestación
eficiente de todo tipo de servicios públicos. |
La continuada presión
que ejercen las empresas concesionarias de servicios públicos sobre las autoridades
nacionales para obtener aumentos tarifarios, reflota en el seno de la sociedad el debate
inconcluso sobre la naturaleza de los prestadores y sobre las condiciones que deben asumir
las prestaciones.
La oleada privatizadora que en la década del noventa arrasó a vil precio con el
patrimonio público acumulado por sucesivas generaciones, reemplazó el debate fundado en
argumentos históricos, económicos, jurídicos, morales y políticos por falaces premisas
simplificadoras, como aquella que preconizaba "achicar el Estado para agrandar la
Nación".
El lucro como motivador exclusivo de la economía, con total olvido de toda consideración
social, pasó a constituir la idea rectora en la materia.
La aplicación del recetario neoliberal desarticuló gran parte del aparato productivo y
aumentó hasta límites inéditos los indicadores de pobreza y exclusión social.
Aparecieron así, como dos caras de una misma moneda, la apropiación externa de la renta
petrolera y los reclamos de los primeros piqueteros, despedidos de YPF; la
desarticulación del sistema ferroviario, con 700 pueblos fantasma; el pago de subsidios a
los concesionarios de los menguados y pésimos servicios subsistentes; y así de seguido.
Mientras remesaban al exterior cuantiosas utilidades sostenidas por una artificial
convertibilidad, las empresas privatizadas generaban pasivos locales que contribuyeron a
provocar la crisis financiera del 2001.
El Estado no supo o no quiso crear organismos aptos de control, y recibe ahora presiones
para aprobar aumentos de tarifas, apoyadas por gobiernos extranjeros y organismos
multilaterales de crédito, ocupados en tareas ajenas a su finalidad. Debe afrontar
además una avalancha de juicios de las empresas, cuyas consecuencias económicas
recaerán adicionalmente sobre los sufridos usuarios.
En medio de este complejo panorama cabe resaltar la proficua labor que cumplen las
cooperativas de servicios públicos. La primera experiencia data de 1926, cuando los
vecinos de Punta Alta crearon la cooperativa para proveerse a sí mismos el fluido
eléctrico, ante el retiro del concesionario privado. La situación se repetiría en 1930
en Santa Rosa.
Las cooperativas de servicios públicos han extendido su actividad en todo el país, sobre
todo en ciudades y localidades pequeñas y medianas, donde la menor concentración
demográfica y económica las hace menos apetecibles para los prestadores lucrativos.
Según el Documento Final del Congreso Argentino de la Cooperación 2004, a fines de 2003
había en nuestro país 615 cooperativas eléctricas, 319 telefónicas y 587 de agua
potable y saneamiento. Estas cifras no agotan la información sectorial, porque la mayor
parte de las entidades tiende a la multiactividad cubriendo las áreas de
telecomunicaciones en sentido amplio, la provisión de gas, los servicios de salud y
muchos otros, brindados siempre con tecnología de avanzada y con nuevos proyectos como el
de telefonía celular.
Las cooperativas son pioneras en la protección del medio ambiente y en la preservación
de los recursos naturales. Así lo demuestran los parques de generación eólica de las
cooperativas de Comodoro Rivadavia, General Acha y otras localidades.
Se trata siempre de los propios vecinos, organizados democráticamente en forma
cooperativa, que gestionan la prestación de servicios que ellos mismos habrán de
utilizar. Los excedentes generados no van a engrosar las arcas de inversores externos; son
reinvertidos en la comunidad para ampliar y mejorar los servicios.
La Propuesta Cooperativa del IMFC postula que los servicios públicos sean asumidos
solamente por empresas públicas o solidarias, administradas con participación de los
usuarios y trabajadores, y fijando tarifas sociales para los sectores de menores recursos.
Las cooperativas requieren marcos regulatorios adecuados para los servicios públicos y
piden que las normas laborales mantengan las pautas de equidad históricamente respetadas.
Las cooperativas son expresión de la solidaridad y de la identidad nacional. Entre los
cooperadores que reclaman hoy sus derechos están los nietos de aquellos pioneros y están
los abuelos de quienes al promediar el siglo seguirán manteniendo en alto los principios
de la Cooperación. Con estos títulos, las cooperativas de servicios públicos están en
condiciones de asumir y prestar todo tipo de servicios, con obvias ventajas económicas y
sociales sobre la deficiente prestación lucrativa. |
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Nota:
Publicado en periódico "Acción", Nº 924, 2da. quincena de febrero de
2005, pág. 11.
(*) Contador Público. Licenciado en Economía. Asesor Normativo IMFC.
Presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Cooperativas y otras entidades sin
fines de lucro (CPCECABA). |
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