-

 
Lucro versus fines sociales

Autor: Dr. CP y LE Aarón Gleizer (*)
Presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Cooperativas
y Otras Entidades sin Fines de Lucro
El fracaso del modelo privatizador reflota la validez de la forma cooperativa para asumir la prestación eficiente de todo tipo de servicios públicos.
La continuada presión que ejercen las empresas concesionarias de servicios públicos sobre las autoridades nacionales para obtener aumentos tarifarios, reflota en el seno de la sociedad el debate inconcluso sobre la naturaleza de los prestadores y sobre las condiciones que deben asumir las prestaciones.

La oleada privatizadora que en la década del noventa arrasó a vil precio con el patrimonio público acumulado por sucesivas generaciones, reemplazó el debate fundado en argumentos históricos, económicos, jurídicos, morales y políticos por falaces premisas simplificadoras, como aquella que preconizaba "achicar el Estado para agrandar la Nación".


El lucro como motivador exclusivo de la economía, con total olvido de toda consideración social, pasó a constituir la idea rectora en la materia.

La aplicación del recetario neoliberal desarticuló gran parte del aparato productivo y aumentó hasta límites inéditos los indicadores de pobreza y exclusión social.

Aparecieron así, como dos caras de una misma moneda, la apropiación externa de la renta petrolera y los reclamos de los primeros piqueteros, despedidos de YPF; la desarticulación del sistema ferroviario, con 700 pueblos fantasma; el pago de subsidios a los concesionarios de los menguados y pésimos servicios subsistentes; y así de seguido.

Mientras remesaban al exterior cuantiosas utilidades sostenidas por una artificial convertibilidad, las empresas privatizadas generaban pasivos locales que contribuyeron a provocar la crisis financiera del 2001.

El Estado no supo o no quiso crear organismos aptos de control, y recibe ahora presiones para aprobar aumentos de tarifas, apoyadas por gobiernos extranjeros y organismos multilaterales de crédito, ocupados en tareas ajenas a su finalidad. Debe afrontar además una avalancha de juicios de las empresas, cuyas consecuencias económicas recaerán adicionalmente sobre los sufridos usuarios.

En medio de este complejo panorama cabe resaltar la proficua labor que cumplen las cooperativas de servicios públicos. La primera experiencia data de 1926, cuando los vecinos de Punta Alta crearon la cooperativa para proveerse a sí mismos el fluido eléctrico, ante el retiro del concesionario privado. La situación se repetiría en 1930 en Santa Rosa.

Las cooperativas de servicios públicos han extendido su actividad en todo el país, sobre todo en ciudades y localidades pequeñas y medianas, donde la menor concentración demográfica y económica las hace menos apetecibles para los prestadores lucrativos.

Según el Documento Final del Congreso Argentino de la Cooperación 2004, a fines de 2003 había en nuestro país 615 cooperativas eléctricas, 319 telefónicas y 587 de agua potable y saneamiento. Estas cifras no agotan la información sectorial, porque la mayor parte de las entidades tiende a la multiactividad cubriendo las áreas de telecomunicaciones en sentido amplio, la provisión de gas, los servicios de salud y muchos otros, brindados siempre con tecnología de avanzada y con nuevos proyectos como el de telefonía celular.

Las cooperativas son pioneras en la protección del medio ambiente y en la preservación de los recursos naturales. Así lo demuestran los parques de generación eólica de las cooperativas de Comodoro Rivadavia, General Acha y otras localidades.

Se trata siempre de los propios vecinos, organizados democráticamente en forma cooperativa, que gestionan la prestación de servicios que ellos mismos habrán de utilizar. Los excedentes generados no van a engrosar las arcas de inversores externos; son reinvertidos en la comunidad para ampliar y mejorar los servicios.

La Propuesta Cooperativa del IMFC postula que los servicios públicos sean asumidos solamente por empresas públicas o solidarias, administradas con participación de los usuarios y trabajadores, y fijando tarifas sociales para los sectores de menores recursos.

Las cooperativas requieren marcos regulatorios adecuados para los servicios públicos y piden que las normas laborales mantengan las pautas de equidad históricamente respetadas.

Las cooperativas son expresión de la solidaridad y de la identidad nacional. Entre los cooperadores que reclaman hoy sus derechos están los nietos de aquellos pioneros y están los abuelos de quienes al promediar el siglo seguirán manteniendo en alto los principios de la Cooperación. Con estos títulos, las cooperativas de servicios públicos están en condiciones de asumir y prestar todo tipo de servicios, con obvias ventajas económicas y sociales sobre la deficiente prestación lucrativa.
Nota: Publicado en periódico "Acción", Nº 924, 2da. quincena de febrero de 2005, pág. 11.
(*) Contador Público. Licenciado en Economía. Asesor Normativo IMFC. Presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Cooperativas y otras entidades sin fines de lucro (CPCECABA).

Fecha de publicación: 17/05/05

Volver  |  Página Inicio