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Por qué se necesita la reforma tributaria
Nota publicada en el Suplemento Económico del diario Clarín del domingo 02/07/06

Autor: Dr. Humberto Gussoni
Presidente del CPCECABA
El sistema tributario es el medio para transferir recursos privados al sector público, sostiene el autor. Agrega que la obligación pública es garantizar las funciones indelegables del Estado y la equidad social, con una mejor distribución del ingreso. Y dice que para lograrlo hay que encarar una reforma tributaria para favorecer el empleo y la inversión.
Sin cuestionar el hecho de mantener el excedente primario del sector público en niveles elevados, ya hay muchos expertos que lo dicen: el gran desafío de hoy, en materia económica, es incrementar la inversión. Analizada la inversión interna, neta en sus componentes básicos, se advierte que hay todavía un retraso en aspectos estructurales como la energía y los transportes, y en equipos durables de producción. O sea, en aquellos segmentos que aseguran un desarrollo sostenido.

La oferta de empleo, si bien ha permitido mejorar los salarios en blanco, no ha resuelto aún el trabajo en negro, las tareas de muy baja calidad, y la desocupación lisa y llana. La cuestión del empleo es clave hoy puesto que la innovación tecnológica prescinde de mano de obra, pero en condiciones de subdesarrollo, ocurre algo más grave: se genera desempleo estructural, un eufemismo para la indigencia y marginalidad.

Si un tercio de la población está condenada, no podemos hablar seriamente de afianzamiento del sistema republicano ni de perfeccionamiento de la vida democrática. Mucho menos de la calidad institucional, es decir, que las instituciones cumplan su cometido y se perfeccionen continuamente.

Hablar de educación tiene sentido si se plantean políticas claras en materia de inclusión social; de otro modo los sectores marginales seguirán excluidos de toda igualación de oportunidades.

Estos temas son centrales. El sistema tributario es el medio para transferir recursos de la producción y el intercambio al sector público para que éste, a su vez, garantice con la calidad de su gasto el cumplimiento de funciones indelegables del Estado y la equidad social, favoreciendo una mejor distribución del ingreso.

Presión nominal y "real"

Si se calcula el porcentaje de sus ingresos que "en promedio" los contribuyentes argentinos dedican al pago de impuestos se obtendrá una proporción del 25% sobre el total. Estamos por debajo de los EE.UU. (28%), Uruguay (30,1%), y Brasil (30,2%). Pero si se calcula la presión fiscal efectiva, según estudios privados, alcanza al 60%. La enorme diferencia existente entre lo establecido legalmente y lo recaudado realmente mide la evasión.

Cuanto peor sea esa desproporción, más inequitativa será la carga fiscal para quienes cumplen.

Esto sólo ya justifica encarar la reforma impositiva. Hay que poner las cosas en su lugar, premiando a quien cumple y sancionando a los evasores. Es preciso que el cálculo de las alícuotas sea razonable y proporcional a la riqueza producida cada año.

Las tasas impositivas no se adecuan a su proporción justa porque se teme una baja en la recaudación total, dada la pobre cultura tributaria argentina. Sin embargo, no hay otro camino.

El eslogan del organismo recaudador nacional propone una nueva cultura tributaria, pero ella debe iniciarse por el establecimiento de cargas fiscales razonables y cumplibles. Hay experiencias en otros países donde una baja de impuestos, termina generando un aumento de la recaudación final.

Impuestos distorsivos y fomento a las Pymes

El 18% de los recursos fiscales provienen de las retenciones a las exportaciones y del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Es fácil advertir que ese es un freno al proceso de inversión. La masa de recursos que se sustrae por esos mecanismos ineludibles, condiciona que la inversión productiva alcance hoy el 25 % del PIB, un valor deseable para no limitarse a reproducir el capital fijo existente.

Son también impuestos distorsivos la Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales, por lo cual debería propiciarse su derogación. Hay que disminuir la tasa en Ganancias y estudiar un régimen apto para aplicar según la decisión empresaria de distribuir utilidades o capitalizarlas.

En la misma dirección debería aumentarse de 5 a 10 años el plazo para deducir pérdidas, además de implementar un sistema generalizado de amortizaciones aceleradas. Y urge considerar el ajuste por inflación. No se puede tapar el cielo con un harnero.

Si se considera a las pymes protagonistas del crecimiento económico y de la oferta de empleo, deberían tener un tratamiento privilegiado. En esa dirección sería procedente concederles una deducción automática de un holgado monto no imponible, eximiéndolas del pago del impuesto a las Ganancias cuando reinviertan sus utilidades.

Asimismo hay que equiparar en Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos, con deducciones por cargas de familia y otras para que el impuesto no termine gravando el trabajo individual.

IVA y Coparticipación Federal

Es necesario encarar dos grandes temas: IVA y Coparticipación. En el primero, hay que revisar las alícuotas y eliminar las exenciones, salvo salud y educación, discriminando el IVA en todas las etapas para lograr evidenciar su magnitud.

La coparticipación —debate postergado una y otra vez—, es la expresión en las finanzas públicas del pacto de unidad y desarrollo nacionales. Si el acuerdo se logra, será una verdadera refundación de la República y los gobiernos provinciales podrán eliminar o disminuir impuestos que afectan en cascada toda la cadena productiva.

Para concluir: el pacto de convivencia solidaria entre los argentinos tiene una expresión concreta en el modelo recaudatorio y su correlato en el gasto del Estado, que debe tender a eliminar la brecha de inequidad y favorecer el desarrollo económico en todas las regiones. La batalla frontal contra la evasión, tan compleja y difícil como imprescindible, o goza del consenso popular o fracasa de antemano.

Fecha de publicación: 03/07/06

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