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| ¿Renacimiento
de la inflación?
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propuesta de realizar un repaso a los motivos por los
cuales la inflación pareciera estar renaciendo en la
Argentina de estos momentos, es una oportunidad ideal
para hacer un breve listado y ordenamiento de ideas
sobre el particular, aclarando desde ya que aquí la
brevedad puede conspirar contra la claridad.
La experiencia argentina se ha encargado de
descalificar frecuentemente diversas preconcepciones
acerca de las características la evolución de
nuestra economía, y de relaciones causa efecto que
pueden encontrarse dentro de ella.
Uno de los casos más notables a mi entender, es el de
la inflación.
A lo largo de los años la sociedad argentina, a
impulsos de ciertos conspicuos economistas, o de
respetables personalidades del mundo empresarial o político
que contaban con comunicadores sociales influyentes,
fueron diseminando diversas teorías acerca de la
inflación y sus motivos que calaron hondo en la opinión
pública y en alguna medida marcaron momentos.
Dada mi edad, he visto y experimentado varias de
ellas.
En el pasado lejano, época de mi niñez, fueron los
aumentos salariales los que recalentaban la demanda y
actuaban según se decía como disparadores de los
precios que debían terminar en un nuevo aumento de
salarios; fenómeno que fuera cristalizado en la
expresión "espiral inflacionaria" y en una
recordada descripción fenoménica sintetizada en la
figura de "los salarios suben por la escalera
mientras los precios lo hacen por el ascensor".
En otros momentos o desde otros sectores, el argumento
era la liviandad con que el Gobierno Nacional expandía
la cantidad de dinero del sistema, por políticas
crediticias aventuradas vía redescuentos al sistema
bancario.
También tuvo su lugar en el candelero la expresión
de que era el déficit fiscal el causante del aumento
desenfrenado de precios y, más recientemente, la de
asociación éste déficit con la emisión monetaria
para financiarlo.
Sin embargo los últimos años muestran, insólitamente,
la presencia de superávit fiscal e inclusive en los
últimos meses este superávit ha estado conviviendo
con una política monetaria restrictiva, cuyo propósito
era seguir muy de cerca las metas de inflación: en la
práctica esta política es una variante atenuada de
la restricción monetaria clásica, sin la virulencia
de lo sugerido en su momento por el Profesor Milton
Friedman.
Toda esta introducción viene al caso para mostrar lo
débiles que resultan las teorías económicas cuando
se centran en la explicación basada en la existencia
un mecanicismo monocausal propio de las ciencias
naturales y alejado de la comprensión de lo económico
como expresión de un fenómeno social, donde debe
reconocerse la existencia de grupos capaces de formar
precios e imponerlos al mercado, respondiendo a su
interés en maximizar beneficios: lo que fuera
condensado en la literatura como "puja
distributiva" o "reparto de la torta".
A esta doctrina surgida en latinoamérica, los
economistas norteamericanos la recatalogaron y
modelizaron como "expectativas racionales":
agentes económicos (obviamente con poder de mercado)
"descuentan" las decisiones de política
económica que toman las autoridades.
En la Argentina, cuando un equipo de gobierno lograba
serenar (o someter) las tensiones derivadas del
reparto distributivo logrando instalar un determinado
vector de precios relativos, se "atenuaban"
las tensiones sociales y el sistema de precios
ingresaba en una etapa de relativa estabilidad.
Conociendo implícitamente esta circunstancia, varios
ministros de economía en la Argentina, y también en
el mundo, apelaron a los acuerdos sociales como
herramienta estabilizadora del sistema: el peronismo
en la época del Plan Gelbard, el radicalismo mediante
los acuerdos entre el Presidente Alfonsín y los
entonces llamados capitanes de la industria e,
inclusive, los propios ministros de las dictaduras que
asolaron nuestro país recurrieron a esta variante de
política, como el caso del Dr. K. Vasena.
La pérdida de volatilidad del sistema de precios
también parece funcionar mejor al comienzo de
gestiones gubernamentales.
Así ha sucedido con la mayoría de los gobiernos
surgidos con amplio reconocimiento popular, como es el
caso del peronismo de los años 1973-74 y también,
por lo de "someter", con varios de los
instalados por golpes de estado.
Su llegada parece morigerar la puja distributiva, como
concediendo un voto de confianza a las nuevas
autoridades también en materia de precios o, debido
al "desensillar hasta que aclare" con que la
sociedad civil recibía a los golpistas; téngase
presente que los golpes de estado, detrás de su
declamación en pro de un disciplinamiento social y
político siempre presentaron un cambio del paradigma
económico en beneficio del establishment y alteraron
la distribución del ingreso en perjuicio de las
clases bajas de la sociedad.
Pero el crédito que otorga la sociedad en este rubro
no parece ser a largo plazo. El propio Dr. Martínez
de Hoz, a pesar del fortísimo aparato militar que lo
sustentaba debió pergeñar varios planes
"antinflacionarios": terrorismo de estado,
cierre de organismos gremiales obreros y
empresariales, acuerdo de precios por 120 días,
tablita cambiaria, etc. mostrando, por su abundancia,
las falencias de dichos planes y explicando su
permanencia como ministro en el apoyo otorgado a su
persona por las fuerzas armadas y el establishment.
Para un agente económico el único modo de lograr una
mayor participación en el ingreso consiste en fijar
sus precios y disuadir a todos los restantes agentes
integrantes de ella de que no lo hagan: es decir,
alterar los precios relativos de manera de tornarlos
en su favor.
La modificación de sus precios la concretan porque
tienen poder formador de ellos, oligopolios , y, una
forma de disuadir a los demás, consiste en amenazar
con reiterar esa conducta las veces que sea necesario
para lograr su propósito.
De modo que, para resumir, la inflación requiere una
estructura productiva monopolizada u oligopolizada,
pero también un cierto grado de apoyo gubernamental
que implique privilegiar unos precios por sobre los de
otros agentes económicos: en algunos casos se
requieren cursos de acción específicos para
materializarlo, como ocurre con los servicios públicos
que demandan aprobación oficial, en otros, una
modificación tributaria, convocatoria a audiencias,
etc.
Pero en todos los casos se concluye aprobando una
determinada distribución de la riqueza.
La devaluación de inicios de 2002, que fue sancionada
por un ministro que estaba convencido de las bondades
del plan de Convertibilidad y de la necesidad de no
salirse de él, reanimó la puja distributiva debido a
que modificar el tipo de cambio alteraba profundamente
los precios relativos.
La asunción del Ministerio de Economía por el Dr.
Lavagna generó un nuevo paréntesis de confianza,
luego acentuada con la asunción de la Presidencia de
la Nación por el Dr. Kirchner que, aunque no mostró
una amplia base de apoyo electoral, su actuación
avasallante frente a diversos actores de nuestra
sociedad y economía permitieron sujetar dentro de
ciertos límites la puja.
Durante el primer trimestre de este año y al cabo de
casi dos de gestión ésta pareciera renacer.
¿Debido a qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
En primer lugar y pese a algunas expresiones, hechos y
realizaciones, todavía existen importantes
indefiniciones sobre las principales directrices que
el gobierno piensa imprimir a la economía, que son
fuente de incertidumbre general y de los oligopolistas
en particular.
Así, por ejemplo, si bien el canje de deuda ha
resultado exitoso, el mantenimiento de estructura
productiva primario exportadora derivada de las
transformaciones del menemismo es un aliciente a su
incremento en el futuro debido a que sostiene la
vulnerabilidad externa de nuestra economía.
Es en parte por ello que se reiteran las presiones
internacionales a efectos de dar cobertura a quienes
no aceptaron la propuesta argentina.
En segundo lugar, la política cambiaria últimamente
no acompaña a las transformaciones necesarias para
modificar esa vulnerabilidad debido a que
objetivamente está revaluando el peso, lo que alienta
importaciones innecesarias y descoloca posibles
exportaciones.
La baja en el TC nominal en los últimos tiempos
refuerza los reclamos del sector cerealero exportador
para reducir las retenciones.
El sector petrolero aún goza de enormes prebendas
cambiarias incompatibles con la aspiración a ser país
en serio.
En tercer lugar, el tema de la renegociación de
precios y tarifas de los servicios públicos no
muestra indicios de transparencia en la gestión; se
trata más de suavizar el impacto sobre la canasta de
sectores de ingresos muy bajos, lo que no es
criticable en sí mismo, pero relegando la obligación
de que la reconversión tarifaria tienda a asegurar
inversiones futuras de parte de los beneficiarios de
los aumentos, lo que reitera la experiencia reciente.
Estas fuentes de incertidumbre son enormemente
amplificadas por los medios de comunicación,
tributarios del establishment, generando fastidio en
la audiencia, erosionando las intenciones que pudiera
manifestar el gobierno, induciendo a retoques de
precios en pequeños productores, comercio y servicios
no oligopolizados y dando lugar a la aparición de
otros sectores demandantes de mejoras que han sido
postergadas históricamente, y no desean quedar muy
rezagados en la distribución, los trabajadores.
Si se observa detenidamente el índice de confianza
del consumidor, que releva mensualmente la UTDT, se
concluirá que el índice se mantiene alto cuando se
consulta respecto del estado de situación actual,
pero cuando se emiten juicios acerca de sus
expectativas la opinión es más relativa, cayendo
respecto de períodos anteriores.
De todos modos, en circunstancias normales, el pasaje
de una estimación de inflación del 8 al 10-11% anual
no es una circunstancia crítica en el contexto histórico
argentino, pero sí como ingreso a una de tasa
creciente en un país que no resuelve la desocupación,
la pobreza y la indigencia, y no invierte para
corregirlas. |
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Fecha de publicación:
31/05/05 |
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