Estado de derecho versus narco-Estado

Lamentablemente no es preciso analizar muchas estadísticas, las cuales llevan años sin actualizarse, para verificar que la oferta, la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas aumentaron en forma alarmante en nuestro territorio en la última década. Eso implica también que creció el flujo de dinero derivado de los beneficios originados en dicho negocio.

Hace mucho que venimos advirtiendo acerca de la gravedad del fenómeno del narconegocio, de su poder de corrupción y de su letal capacidad de afectación a los órdenes económico, político-institucional y social, dados los grandes recursos de dinero de los que disponen los narcotraficantes.

Este fenómeno tiende a lograr altos niveles de connivencia en todos los ámbitos de decisión de relevancia, sean del sector público o privado. Para que se entienda, hay quienes sostienen que hablamos de una de las actividades que mayor “empleo” genera en el mundo (abarcando al informal) y con una capacidad de generación de riqueza equiparable a las economías más desarrolladas del Planeta.

En cuanto a su afectación al orden político-institucional, indefectiblemente, en el mediano o el largo plazo, por medio de cuantiosas inversiones en corrupción, los narcotraficantes logran hacer de cada jurisdicción un espacio ideal para sus objetivos, comprando todo lo que se interponga e influyendo en las estructuras de toma de decisiones ejecutivas, legislativas y de fiscalización y control.

Es imprescindible no subestimar ni minimizar sus consecuencias. Por ejemplo, quien piense que temas tales como la inflación, la caída de reservas, el desempleo, las paritarias o hasta la propia inseguridad son nuestros principales desafíos, se equivoca. Todos esos problemas, sin mengua de su altísima importancia, son atendibles y solucionables con la aplicación de apropiadas políticas públicas.

La respuesta requerida para al menos menguar el dramático avance del narconegocio, que ya nadie puede ocultar, consiste en alcanzar un verdadero acuerdo político que ponga en marcha un plan con recursos suficientes, integral y multidisciplinario, el cual no admita improvisaciones ni improvisados.

Hacia una política de Estado

Desde los diferentes espacios políticos se lanzan recurrentemente propuestas aisladas con la vana pretensión de solucionar de la noche a la mañana ésta que es una de las amenazas más serias que acecha a nuestra nación, aunque hasta la fecha, al menos desde el sector público, no se produjeron hechos trascendentes que acompañen ese discurso.

 

Una verdadera política de Estado debe abordarse con un enfoque y una visión integrales, más allá de las herramientas institucionales que se decida utilizar. Esa política debe abordar la problemática tanto desde el lado de la demanda cuanto de la oferta y sin desatender la faz económica. El ideal es poder atender todas las fases de esta vil cadena de negocios incluyendo, al menos, las siguientes instancias:

• • Prevención: para evitar que comiencen a consumir los que nunca lo hicieron y para que los consumidores no adictos no agudicen su problema, se impone un esfuerzo del sistema educativo, implementando la Ley N° 26.586, que establece el Programa Nacional de Educación y Prevención de Adicciones.
• • Asistencia: para intentar rehabilitar y reinsertar al drogadependiente a través de un esfuerzo del sistema de salud público, social y privado.
• • Control de la producción, que incluya el adecuado seguimiento de los productos que se requieren para la elaboración de las drogas, en especial las psicoactivas, conocidos como precursores químicos, que son a su vez de uso cotidiano en muchas actividades legales.
• • Control y represión del tráfico, oferta y distribución de estupefacientes mediante una fuerte coordinación de las fuerzas de seguridad, del Ministerio Público Fiscal y de los organismos judiciales, lo que implica también alcanzar una sintonía fina entre las fuerzas nacionales y las provinciales.
• • Prevención y control del lavado de dinero, impidiendo que estas organizaciones puedan utilizar los réditos económicos obtenidos, lo que demanda una política integral con participación del sector privado y de los estados provinciales, para generar un ambiente de control en nuestra economía que aumente el costo y el riesgo para quienes pretendan operar en nuestra jurisdicción.

Sin aplicar una estrategia que aborde estos componentes, la drogadependencia junto con la desnutrición infantil seguirán siendo los principales destructores de materia gris entre nuestra niñez y juventud, y solo con una política seria y acciones de una comunidad organizada se podrá revertir su escalada.

Asimismo es imprescindible no promover ligeramente posiciones laxas para lograr una solución facilista a esta problemática. A tono con ello apelamos a la prudencia a la hora de discutir acerca de la despenalización, aun cuando solo se trate de la tenencia para consumo personal. Posturas espasmódicas seudoliberalizadoras, sin especificar a qué se refieren, no aportan a la seriedad que requiere esta discusión.

La despenalización no debe ser abordada con una mirada estrictamente económica, ya que este fenómeno es un problema también con profundas connotaciones sociales, institucionales y ético-morales, entre otras.

Despenalizar no es lo mismo que legalizar. Se despenaliza a las personas y se legalizan las sustancias.

Legalizar una sustancia implica, en principio, despenalizar la tenencia para su uso personal, pero no por ello su desregulación. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos son sustancias legalizadas, pero reguladas. En esa línea, todas las experiencias de legalización, en particular del cannabis, nos demuestran que son severamente reguladas tanto en la cadena de la producción como en la comercialización, calidad, espacios para su consumo, registración de los consumidores, dosis administradas, etc.

¿Estará nuestro país en condiciones de aplicar y supervisar una regulación en tal sentido?, más aún, considerando que en países desarrollados es constantemente vulnerada.

El rol del profesional en Ciencias Económicas

Nuestra profesión, al igual que algunas otras, ha sido regulada para colaborar en el control de esta problemática, en particular para aportar a los recaudos establecidos para impedir el uso del rédito económico de estas conductas. En síntesis, ha sido impuesta de una obligación de vigilancia que muchas veces colisiona con un normal desarrollo de la actividad profesional.

El paliativo de tal incómoda situación es entender que nuestro rol debe trascender dicha imposición y transformarse en una natural vocación ciudadana, tomando conciencia de que este fenómeno se erige como una amenaza con capacidad de doblegar la voluntad republicana, de acallar hasta a los más decentes e incluso de convencer que son capaces de reemplazar al Estado cuando éste se muestra ausente, en particular a la hora de cubrir las necesidades de los más marginados. No en vano hasta en los más importantes ámbitos del mundo empresario se discute ahora esta temática por entender que también puede afectar gravemente a nuestro ambiente de negocios.

Hace unos pocos meses, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a todos los poderes del Estado a que se hicieran cargo de encontrar soluciones al problema del narcotráfico, al que calificó como prioritario, ya que “está afectando el Estado de derecho”.

La gravedad y la proveniencia de tal afirmación seguramente habrían producido una verdadera convulsión político-institucional en un país del mundo desarrollado. Lamentablemente pareciera que aquí nos estamos acostumbrando a convivir con lo que, hace largo tiempo, venimos definiendo como una nueva forma de imperialismo, que, poco a poco, merced a su capacidad económica, nos va colonizando y esperemos que nunca termine gobernándonos.

Si no logramos contundentes acciones provenientes de una comunidad coordinada y organizada, el Estado de derecho que tanto esfuerzo nos costó conseguir, lamentablemente, podría transformarse en un narco-Estado.