La mexicanización narco de la Argentina

La reciente alerta pública del papa Francisco sobre el peligro de que la Argentina se “mexicanice”, es decir que adquiera hábitos delictivos y padezca las  consecuencias del avance del crimen organizado como aquel país, causó  gran impacto en la sociedad. Sus afirmaciones se potenciaron cuando él mismo advirtió que en el país no solo ha aumentado el tráfico, sino también el consumo de estupefacientes y la producción local de drogas ilegales. La reacción del Gobierno fue una vez más negar la realidad y minimizar la problemática, a pesar de lo difícil que es sostener este relato cuando Rosario ya tiene una tasa promedio cercana a un homicidio intencional diario, que la ubica entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

Para poder poner en contexto estas frases que son un llamado de atención no sólo al Gobierno actual, sino a toda la dirigencia nacional, creo conveniente analizar algunos indicadores alarmantes que sirven para comprender dónde estamos parados frente al avance narco y la magnitud del desafío que enfrentamos:

1. Fronteras porosas

Así como México tiene como vecino al mayor consumidor de drogas ilegales del mundo, los Estados Unidos, la Argentina tiene como vecinos a los principales productores mundiales de hoja de coca y su derivado, la cocaína (Bolivia en el límite y Perú y Colombia, cercanas). La debilidad de nuestra amplia frontera ha sido un elemento crítico para la expansión del negocio. La imposibilidad de controlar el espacio aéreo por donde entran los vuelos ilegales se debe a que este no está plenamente radarizado, objetivo proclamado y siempre postergado en el tiempo, mientras la mayoría de nuestros vecinos tiene el cien por ciento bajo control.

Nuestra amplia frontera física, con cada vez menor presencia de gendarmes y prefectos, y ausencia de tecnología de punta, facilita la importación de estupefacientes. Primero, para triangular a otros países y luego para acrecentar la provisión al consumo interno y la producción en laboratorios locales. Una aclaración importante frente a la desmentida de algunos funcionarios del Gobierno nacional fue la que dio la Auditoría General de la Nación al revelar, en uno de sus últimos informes, que el año pasado se decomisaron más de 180 laboratorios, varios de ellos con capacidad de producción industrial de cocaína, es decir, con la posibilidad de elaborar varias toneladas anuales.

2. Pérdida del control territorial

Una de las características del avance del poder narco es que adquiere territorialidad y comienza a suplantar al poder del Estado en sectores concretos de la sociedad de los países en los cuales se desarrolla. Es así como en Colombia casi un tercio del territorio nacional llegó a ser controlado por bandas criminales; en aquel caso, los narcos trabajaban en conjunto con grupos guerrilleros como las FARC y con los paramilitares, situación que llevó una  década revertir. En México, hay seis estados del norte del país y algunas zonas costeras con una penetración significativa de los carteles, y estados como Tamaulipas y ciudades como Acapulco o Ciudad Juárez con una desarticulación casi total del Estado y niveles inusitados de violencia narco.  En este aspecto, el ejemplo argentino se asemeja más al brasileño,  ya que el avance criminal no controla estados o ciudades enteras, sino enclaves concretos dentro de las grandes urbes, generalmente los más pobres y marginados. En un fenómeno que varios sociólogos denominaron “proceso de favelización”, bandas criminales  controlan ingresos y egresos en los  barrios carenciados, toman como rehenes a la población y someten a muchos de sus miembros a transformarse en eslabones de la cadena criminal. Bajo una cultura del miedo y  la extorsión, desarrollan sus negocios de comercialización y producción de estupefacientes, aprovechando la ausencia del Estado en materia no sólo de seguridad, sino también de infraestructura social básica, para ser los mismos narcos quienes controlan y manejan la vida diaria de las personas que habitan esas zonas marginadas.

3. Narcos regionales que operan localmente y conforman bandas del crimen organizado

La presencia en el país durante la última década de importantes líderes narcos mexicanos, peruanos y colombianos, que fueron detenidos, asesinados, extraditados o simplemente transitaron impunes por nuestro territorio -como el caso del líder del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán-, puso de manifiesto que esos criminales se manejaron con impunidad y, en varios casos, estuvieron en nuestro territorio desarrollando sus negocios ilegales no simplemente de paso o de vacaciones. Es un negocio que incluye lavado de dinero en emprendimientos de gran dimensión, solo posibles si cuentan con la venalidad de instituciones, autoridades y jueces.

Otra característica de la evolución del narcotráfico es la transformación de bandas criminales locales en organizaciones complejas con capacidad de corromper, transportar, comercializar y ejercer la violencia a distintas escalas. Así fue como en México las organizaciones criminales locales que apoyaban logísticamente a los grandes carteles colombianos de Cali y de Medellín, en menos de una década, se convirtieron en carteles de producción, transporte, lavado de dinero y capacidad de ejercer violencia impune. Sinaloa, Juárez, los del Golfo, los Zetas, Templarios, entre otros, concentraron  el grueso del negocio criminal del norte de la región americana. Un fenómeno similar se produjo en Brasil, donde los comandos Vermelho, Amigos dos Amigos, entre otros, tienen en jaque desde hace décadas a las autoridades de grandes urbes como Río de Janeiro y San Pablo.

En la Argentina actual existen numerosas bandas criminales, tan peligrosas como los Monos, originarios de Rosario. Todas empiezan a expandirse por fuera de su zona de influencia original, demostrando su gran resiliencia, a pesar del encarcelamiento de algunos de sus líderes, y una gran  capacidad para usar la violencia contra sus adversarios y el Estado mismo.

4. Mayores niveles de violencia

Tal vez el elemento más característico del aumento del delito en los últimos años es su creciente violencia hasta la barbarie para amedrentar, obtener objetivos y sentar escarmiento que sustente la permanencia y expansión del negocio. Violencia en ciudades como ocurre en Rosario, que ahora tiene  niveles de homicidios inusualmente elevados aun en términos regionales. Pero Rosario no está sola en esa crisis; la ciudad de Santa Fe, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y distritos de los conurbanos del Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza tienen tasas endémicas de homicidios intencionales por encima de diez homicidios cada 100.000 habitantes.

 

La presencia narco se relaciona de tres maneras con el aumento de la violencia delictual y los homicidios. La primera es que las bandas criminales pelean por el control del territorio y esa puja se dirime a los tiros con la eliminación del adversario. La segunda cuestión es el efecto que tienen ciertas drogas “duras” en la psiquis de los consumidores, ya que deterioran los límites inhibitorios y los llevan a cometer en muchos casos crímenes aberrantes: “Te matan por un celular o un par de zapatillas”. La última relación violencia-drogas ilegales es el vínculo sistémico que genera el consumo de algunas drogas, como el paco, que lleva a los jóvenes adictos a salir armados o convertirse en soldaditos al servicio de las organizaciones narcos para sostener su adicción. La toxicidad de la droga cortada con la irresponsabilidad de los narcodelincuentes afecta radicalmente el sistema neurológico. Debido a esto, en el presente, vemos incrementar el número de delincuentes de peligrosidad  extrema que, como dice la calle, tienen ‘la cabeza volada’ y sin remedio esto conduce a  un número cada vez mayor de muertes siniestras, de victimas y también de victimarios.

5. Aumento del consumo

Un hecho distintivo en todos los países de la Región es que, con el paso del tiempo, el narcotráfico involuciona de ser un negocio eminentemente logístico, donde la droga pasa por el territorio para ir hacia mercados de consumo maduros en los Estados Unidos o Europa, a convertirse en un negocio de consumo masivo. En ese momento, las bandas criminales pelean para controlar el territorio y  distribuyen las drogas en el creciente mercado de consumo local.

Los datos de las Naciones Unidas señalan que en diez años el consumo de marihuana y de cocaína en el país se ha duplicado y también que ha crecido a un ritmo aún mayor el consumo de drogas sintéticas y el paco. Esos datos se corroboran en estudios realizados por la SeDroNar en la población carcelaria o en distintas provincias, como el recientemente efectuado por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que señala aumentos impactantes de consumo  y disminución de la edad de inicio de los jóvenes, ahora desde la  escuela secundaria.

El cálculo que hicimos junto a Sergio Berensztein, en el libro Poder Narco, que publicamos recientemente, señala que el mercado de consumo local de estupefacientes mueve alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en el país, dinero que es utilizado también para corromper y destruir las raíces mismas del Estado.

6. Aumento de la corrupción narco y debilidad institucional

El crimen organizado necesita corromper funcionarios públicos (fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, funcionarios de aduana, concejales, intendentes, organismos de control, etc.) para conseguir impunidad e inacción de su parte, para eliminar adversarios y desarrollar el negocio.

Como señalan los especialistas, cuanto más alto es el nivel de corrupción, hay mayor nivel de penetración del narcotráfico en la sociedad. En el último año, el jefe de la Policía de Santa Fe y los más altos funcionarios de la policía de Córdoba fueron detenidos e imputados como cómplices del desarrollo de bandas de narcos en esas provincias. Los casos de concejales e intendentes involucrados en la materia se suman cada mes que pasa. Este accionar corrosivo del poder narco se produce en un contexto de debilidad institucional para enfrentar el creciente fenómeno con fuerzas de seguridad federales que fueron dispersadas por el país y, como dijimos, tienen cada vez menor presencia en las fronteras.

Los que quedan trabajan con juzgados federales colapsados por la cantidad de causas  que deben tratar, y ello ocurre a pesar de reclamos formales de la Corte Suprema para que se nombren funcionarios judiciales en juzgados federales de zonas críticas. Todo esto sucede en un contexto de negación de buena parte del Gobierno nacional acerca de la magnitud y complejidad de la problemática, lo que sólo hace más difícil darle prioridad y un abordaje efectivo.

El papa Francisco ha demostrado una vez más su valor y liderazgo al poner en agenda y hacer un llamado de atención a toda la clase dirigente del país, no sólo al Gobierno, sobre la necesidad de abordar integralmente la problemática del narcotráfico y el consumo de drogas, y concientizar sobre el legado de violencia y muerte que dicho avance implica en la sociedad toda. Su voz no es nueva sobre este tema. Hace años, como cardenal de la ciudad de Buenos Aires, junto a los curas villeros que vivieron en carne propia el avance del narcotráfico y que lo acompañaron en su gestión, fue denunciando el avance del poder narco. Hoy su voz resuena aún con mayor fuerza y a escala mundial. Transformemos su reclamo en  iniciativa  de  toda la dirigencia y de la sociedad en su conjunto. Es tiempo de actuar, de revertir el dilema vida o muerte que implica el narcotráfico y la amenaza de convertirnos en un narco-Estado. Es tiempo de trabajar por la esperanza.