Sáenz: “El sistema de persecución penal se desvirtuó y provoca más inseguridad”

El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ricardo Sáenz apuntó contra la corriente denominada “garantista” del sistema penal argentino, a la que señaló como una de las causas de la inseguridad, y abogó por “un golpe de timón en la política criminal” por parte de las autoridades que asuman el 10 de diciembre. Las declaraciones de Sáenz fueron vertidas en el panel sobre seguridad y narcotráfico de la 2ª Convención Consejo, que tuvo lugar el 13 de agosto en nuestra sede central.

 

En su presentación, el fiscal se propuso formular una crítica y una propuesta para reformar el sistema de aplicación de la ley penal. “Una vez cometido el delito, el sistema de persecución penal no está actuando de forma adecuada y, de este modo, está provocando, de manera indirecta, más inseguridad”, aseveró. “No contiene todo lo que tiene que contener y vuelve a expulsar (a los delincuentes) a la sociedad”, agregó.

 

Sáenz subrayó la necesidad de implementar un cambio cultural-ideológico a partir de la asunción del próximo gobierno nacional. “Desde hace unos diez años, la realidad social ha impregnado todos los órganos del Estado y, en lo que hace a la aplicación de la ley penal, se ha plasmado en la idea tan extendida de que no se puede criminalizar la pobreza”, señaló. “A partir de esa premisa que puede resultar en sí misma válida, se ha desvirtuado el sistema de persecución de los delitos y hasta el principio de igualdad ante la ley. Conductas que siempre fueron infracciones o delitos, cuando son cometidas por sectores desfavorecidos de la sociedad, quedan sin sanción”, sostuvo.

Se ha desvirtuado el sistema de persecución de los delitos y hasta el principio de igualdad ante la ley. Conductas que siempre fueron infracciones o delitos, cuando son cometidas por sectores desfavorecidos de la sociedad, quedan sin sanción.

A continuación, el fiscal apuntó contra la corriente conocida como garantismo, que, afirmó, “radicaliza las interpretaciones a favor de, por ejemplo, las libertades del imputado durante el proceso” llevando prácticamente al abolicionismo de la sanción penal. “Esta postura parte de la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes”, añadió.

 

“Este tratamiento diferenciado de los delincuentes provoca que recuperen rápidamente la libertad personas que no están preparadas para vivir fuera del delito. Esta es la manera en que, a mi juicio, el sistema genera inseguridad de manera indirecta”, detalló.

 

Además, el fiscal sostuvo que, al igual que en muchas otras áreas, en la última década “se tejió una épica alejada de la realidad” en torno a la cuestión de la seguridad. “No se ha podido poner en la agenda el tema por razones ideológicas y por el rotundo fracaso de las pocas políticas emprendidas en la materia”, aseguró.

Para revertir esta situación, Sáenz propuso “una vuelta a la fuente del pensamiento penal liberal”, con la restauración del derecho del Estado a aplicar penas. “El Estado se encuentra legitimado para el ejercicio del poder punitivo y activar mecanismos de control social en respuesta a la actividad criminal, limitados por un sistema de garantías reconocidas por el derecho penal y que constituyen el núcleo del Estado de derecho”, aseveró.

 

Por otra parte, sostuvo que en 30 años el garantismo, como movimiento crítico de la legitimidad de la pena estatal, no ha logrado resultados superadores ni ha dado respuestas alternativas al modo liberal del control social. “Volver al derecho penal liberal puede ser hasta más garantista que el denominado garantismo”, agregó.

Sáenz llamó al futuro gobierno a dar “un golpe de timón” en materia de política criminal y señaló que “la inseguridad atenta contra todos los derechos fundamentales” de los ciudadanos. “La mejor solución consiste en volver a legitimar el ejercicio del poder punitivo, con instituciones políticas y civiles fuertes, y derechos y garantías sólidos que fortalezcan el Estado de derecho y la vida pacífica y democrática”.