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Publicado: 17/08/2004

En defensa de los Profesionales
Asociación Ilícita y Lavado de Dinero
Este Consejo Profesional, en el marco del 6° Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina, brindó una conferencia de prensa el día 12 de agosto con el fin de divulgar la problemática actual de nuestros matriculados respecto de la reciente modificación a la Ley Penal Tributaria y las nuevas obligaciones que surgen para los profesionales de la normativa en materia de Lavado de Dinero.

Los representantes del Consejo reclamaron al Gobierno que anule las modificaciones introducidas a la Ley Penal Tributaria, por las cuales podrían ser juzgados como integrantes de asociaciones ilícitas y que no se les endilgue tareas inherentes al Estado en los delitos vinculados con lavado de dinero.

El presidente de la Entidad, Dr. Humberto Gussoni, expresó que "somos receptores de la aparente inhabilidad que tiene el Estado para efectuar tareas de control" y que los contadores están muy preocupados por la poca atención que les dan tanto los funcionarios del Gobierno como los legisladores.

En cuanto a la eventual responsabilidad, dentro de la Ley Penal Tributaria, los profesionales coincidieron en afirmar que en los delitos impositivos, el autor es quien infringe el deber, cualquiera fuera su contribución al delito. En forma inversa, señalaron, el que por ley no infringe el deber, no es autor del delito, cualquiera fuera su contribución material.

Vicente Oscar Díaz, uno de los expertos más reputados del país en la materia y miembro de nuestra Comisión de Estudios Tributarios, opinó que las modificaciones a la Ley Penal Tributaria constituyen "un agravio al derecho penal democrático", ya que de acuerdo con las nuevas normas sufre una sanción mayor el profesional que "el autor de un homicidio simple".

El Consejo aclaró que "no apaña el delito tributario de manera alguna, pero tampoco comparte la imputación objetiva por portación de título sobre quienes no tienen deberes tributarios a su cargo".

Por su parte, el Dr. Humberto Jesús Bertazza, uno de los más destacados profesionales en el área de la tributación, manifestó que la declaración del estado de alerta y emergencia profesional debía entenderse como una "actuación global" de todos los Consejos Profesionales del país inspirada en una acción colectiva más allá de os gremial, en un intento de clarificar y clasificar la posición institucional en una acción de pleno derecho individual de todos los profesionales del país.

Asimismo, Bertazza destacó que "el delito tributario es propio del contribuyente por infringir la ley; la ley pretende hacer partícipe al profesional por su conocimiento de la materia impositiva y de allí deviene una imputación que no tiene base legal y que motivaría una sanción penal no excarcelable mientras se sustancie el proceso pena que es abusiva para los derechos profesionales".

Además, la entidad respondió a la reciente reglamentación que realizó la Unidad de Información Financiera (UIF) -Resolución 3/2004- sobre las responsabilidades para controlar el lavado de dinero a que están obligados los matriculados en ciencias económicas que actúan como auditores o síndicos de sociedades.

El Consejo recordó que dicha norma obliga a los profesionales en ciencias económicas a informar a la UIF operaciones sospechosas en el marco de las tareas profesionales desarrolladas según las normas de auditoria vigentes. Y, adicionalmente, exige a los profesionales diseñar e incorporar a sus procedimientos de auditoria y de sindicatura un programa global antilavado que les permita detectar este tipo de operaciones. Además, obliga a los profesionales matriculados a aplicar el principio básico conocido internacionalmente como "conozca a su cliente".

Al respecto, se advirtió que dicha normativa "obliga a los profesionales en ciencias económicas a la realización de significativas tareas adicionales, so pena de sanciones ante su incumplimiento", en un marco que "ha sido definido en forma genérica e imprecisa, en lugar de fijar pautas objetivas".

Por eso, esta situación "convierte a la profesión en ciencias económicas en una profesión de alto riesgo, asignándole a sus profesionales una misión de difícil cumplimiento y colocándolos en posición de 'garantes'".

En función de lo expuesto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente con la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, interpuso un Recurso Jerárquico ante la UIF impugnando la Resolución 3/2004 y solicitando a esa institución, o al órgano jerárquico competente, la revisión y reforma de dicha norma.

El presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Dr. Miguel Ángel Felicevich, expresó que "el Estado nos obliga a hacer tareas policíacas y transfiere a los particulares sus propias obligaciones".

Finalmente, se remarcó que "las graves e irreparables consecuencias que se desprenden de lo expuesto, coloca a nuestra profesión en estado de alerta y emergencia, obligando a los profesionales en ciencias económicas a actuar en su legítima defensa y, especial y adicionalmente, a este Consejo en defensa de sus matriculados".

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