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El
presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alberto Rabinstein, aseguró que
"nadie pretende que el profesional se transforme en un detective
privado", en relación al rol de los profesionales de las ciencias
económicas en el cumplimiento de la ley 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos
de origen delictivo.
De esta manera, el funcionario puso de manifiesto su buena voluntad para consensuar
junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CPCECABA) la norma profesional sobre la actuación del contador en relación con el
lavado de activos de origen delictivo.Señales Positivas
El compromiso de ambas partes quedó enmarcado en el comunicado de prensa emitido por el
CPCECABA, cuyo encabezamiento indica que "hubo señales positivas por parte
de la UIF para avanzar en forma conjunta en el análisis de la norma profesional a emitir,
de manera tal que la misma tenga el consenso de las autoridades de la UIF".
El principio de acuerdo llegó después de una reunión entre autoridades de las entidades
que nuclean a los contadores en todo el país y el titular de la UIF, Alberto
Rabinstein, que se llevó a cabo en la sede del CPCECABA.
Los profesionales estuvieron representados por el presidente del CPCECABA, Dr.
Humberto Gussoni y el titular de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, Dr. Miguel Felicevich.
La coincidencia central fue "la necesidad de fijar una fecha prospectiva de
vigencia de la norma que permita a los profesionales adecuar, en un tiempo razonable, sus
políticas y procedimientos internos".
Además, en el período a definir, los profesionales podrán "desarrollar
armónicamente sus programas de trabajo de auditorías y sindicaturas, de acuerdo a los
análisis que se realicen".
Más allá de estas coincidencias, volcadas en el comunicado de prensa difundido por
distintos medios nacionales, cada uno de los protagonistas brindó su punto de vista en
una charla informativa que se realizó en la sede del CPCECABA.
El panel estuvo integrado por el presidente del CPCECABA, Humberto Gussoni;
el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Miguel
Felicevich; el presidente de la UIF, Alberto Rabinstein; la
directora de la UIF, Alicia López; el presidente de la Fundación
Argentina de Prevención de Lavado de Activos (FAPLA), Francisco D´Albora
y el presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del
CPCECF, Ignacio Casas Rúa.
El turno de Casas Rúa
El comienzo de las exposiciones estuvo a cargo de Casas Rúa, quien puso énfasis en la
misión de los profesionales frente a eventuales situaciones sospechosas.
"En la resolución que estamos tratando de emitir ahora abordamos el alcance
de nuestras responsabilidades, ya que si bien existen una cantidad de aspectos que son
objetivos, hay otros que no lo son, y éste es un punto de discusión con la UIF",
remarcó Casas Rúa.
Otro punto conflictivo, de acuerdo a la visión de Casas Rúa, "es la
aplicación de las política de 'conozca a sus clientes' porque hay casos en los que sí
es posible y muchos otros que son inversiones a nombre de fondos o estructuras jurídicas
y no es fácil detectar quiénes se encuentran detrás de la inversión".
Casas Rúa también hizo hincapié en la "confusión que puede registrarse en
referencia a lo que significa el deber de los profesionales de informar a la UIF y la
cuestión penal en sí misma".
La opinión de D´Albora
La siguiente exposición recayó en el titular de FAPLA, Francisco D´Albora, quien a
partir de su profesión de abogado aportó su visión jurídica sobre la cuestión.
"No tiene ningún sentido discutir estas normas, que son estándares de
control globalizado", opinó D´Albora, quien añadió que por consiguiente
"debemos plantearnos cómo trabajamos en el marco de los estándares internacionales
de prevención y control, molestando lo menos posible a todos los asociados".
El abogado opinó que "vendría bien distinguir entre informar una operación
sospechosa reportada por un sujeto obligado y lo que es la denuncia como acto promotor del
proceso penal".
"El 95 por ciento de todas las operaciones sospechosas reportadas a todas las
UIF del mundo son lícitas", afirmó D´Albora, y luego subrayó que "pretender
discutir la facultad reglamentaria de la UIF no tiene ningún sentido".
En cuanto a las pautas fijadas por la UIF, opinó que le parecía "inconveniente
permitir que el sujeto obligado se enfrente a la disyuntiva de un juicio de valor
subjetivo".
"Cuando el legislador delegó esta facultad no señaló el límite preciso
que significa la Constitución Nacional", concluyó D´Albora.
La postura de Rabinstein
Por su parte, el presidente de la UIF, Alberto Rabinstein, desarrolló una apretada
síntesis de la función específica del organismo que conduce, acompañada por un
despliegue de filminas que se comprometió a entregar a las autoridades del CPCECABA para
su posterior difusión entre los profesionales.
Entre otros conceptos salientes, Rabinstein no sólo sostuvo que "nadie
pretende que los profesionales se conviertan en detectives privados", sino
que además recordó la existencia de un proyecto de ley para "incluir a los
abogados en las condiciones de las reglamentaciones internacionales".
"La prevención es el primer paso y nosotros estamos abiertos a descubrir el
mejor camino en procura de poder encontrar la solución de este flagelo",
aseveró el presidente del organismo.
Felicevich, punzante
Posteriormente, la reflexión inicial de Miguel Felicevich, generó el primer murmullo de
la jornada: "¿Cómo se aprueban y sancionan las leyes en la Argentina?",
se preguntó, para luego recordar que "hay legisladores que aprobaron y luego
derogaron algunas normas".
"En la Argentina ser honesto es peligroso. En un país donde existe un 50 por
ciento de trabajo informal y un alto porcentaje de los empleados trabajan en negro, se nos
pide a nosotros que denunciemos a nuestros clientes sin avisarles", indicó
Felicevich.
El titular de la Federación admitió que "es un momento difícil para la
profesión", y pidió "sensatez en la aplicación de la norma
ya que estamos avanzando y vamos a llegar".
Gussoni, optimista
La conclusión final estuvo en manos del presidente del CPCECABA, Humberto Gussoni, que se
mostró optimista respecto al trabajo que se está realizando juntamente con la UIF.
"En el futuro inmediato, el propósito central es realizar una tarea conjunta
con la UIF para que el borrador preparado se convierta en un conjunto de procedimientos
aceptados por todas las partes", concluyó Humberto Gussoni.
Un poco de historia
La ley 25.246, sancionada en el año 2000, creó la UIF, que es el organismo responsable
de analizar y transmitir datos vinculados con el lavado de dinero.
Los profesionales de las ciencias económicas, de acuerdo al texto de la normativa, están
obligados a informar a la UIF sobre cualquier hecho u operación sospechosa vinculada a
presuntos lavados de dinero.
Las entidades que regulan la actividad de los profesionales han cuestionado el nuevo rol
asignado a los contadores ya que, a partir de la sanción de la ley, se "alejan
de sus estándares de trabajo" y deberían actuar como "investigadores
de la UIF". |
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