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Editorial |
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Una reforma impositiva incompleta |
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La Nación | Publicado en la Edición impresa
| Sábado 11 de agosto de 2007 |
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Con la aprobación que le
dio días atrás la Cámara de Diputados, avanza en forma veloz el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo que propicia una serie de reducciones en el pago del impuesto a las
ganancias para trabajadores en relación de dependencia.
Si bien la iniciativa debe verse en principio como una mejora respecto del actual
régimen, resulta a todas luces insuficiente, además de discriminatoria contra los
trabajadores autónomos, exceptuados de los beneficios propuestos y castigados con un
tributo mayor, lo cual conlleva una violación de los principios constitucionales de
igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, deja en pie la esencia de la tan cuestionable
"tablita" impuesta a comienzos de la presidencia de Fernando de la Rúa.
El proyecto contempla que, desde el 1° de enero de este año, dejen de pagar el impuesto
a las ganancias los trabajadores solteros que perciban menos de 3346 pesos netos por mes,
al igual que los casados y con dos hijos a cargo que cobren menos de 4577 pesos. Al mismo
tiempo, establece la eliminación de la llamada "tablita", que reduce las
deducciones aplicables a ese impuesto, para los salarios inferiores a 7000 pesos, y
aumenta las deducciones para cargas de familia.
La reforma propuesta fue anunciada por el gobierno nacional como "un aumento
indirecto de salarios". El parche legislativo por sancionarse, en rigor, apenas
aliviaría por este año, y en forma parcial, la situación de alrededor de 600.000
trabajadores en relación de dependencia.
Sin embargo, las distorsiones que implica la "tablita" y que ni el Poder
Ejecutivo ni los legisladores se han preocupado por corregir, determinan que los empleados
que cobren más de 7000 pesos puedan recibir un incremento salarial y, paradójicamente,
pasar a tener un ingreso de bolsillo menor.
Del mismo modo, la voluntad enunciada por el Gobierno para mejorar los ingresos de la
población se contradice con el incumplimiento de sentencias de la Corte Suprema de
Justicia, que le han dado pautas al Estado para que se actualicen las jubilaciones.
Nada dice el proyecto en cuestión sobre la imposibilidad de ajustar el pago del impuesto
a las ganancias de acuerdo con la inflación, situación que afecta particularmente a las
empresas y que quedará en manos del Poder Judicial.
Otro dato que sorprende negativamente del proyecto aprobado por la Cámara baja es la
falta de actualización en los valores de algunas deducciones del impuesto en cuestión,
como los montos que se podrían descontar por seguros de vida y por aportes a los planes
de seguro de retiro privado, los cuales han permanecido invariables en los últimos 15
años.
Los reclamos de reformas que desde hace años vienen haciendo colegios profesionales y
asociaciones de tributaristas de todo el país han sido totalmente ignorados y, en cambio,
se ha dado luz verde, con la complacencia del Poder Legislativo, a un reclamo sindical
desprovisto de bases científicas y sólo fundado en el interés crematístico de los
gremios beneficiados. En síntesis, estamos ante una medida orientada casi exclusivamente
a desactivar protestas sindicales en los meses previos a las elecciones presidenciales.
La reforma tributaria, que para la mayoría significa aumentar impuestos en momentos en
que la presión tributaria alcanza niveles sin precedente en la historia de nuestro país,
debe ser acompañada de una reforma política que baje los costos derivados de la
discrecionalidad y la falta de transparencia del poder central.
Es hora de pensar menos en las "cajas" y más en la población. Es menester
convocar a todos los sectores para proponer reformas profundas en el sector público y
optimizar la asignación de los abundantes recursos acumulados, además de una reforma
impositiva integral que promueva la inversión, única alternativa para generar genuinas
fuentes de trabajo que modernicen el aparato productivo y mejoren la distribución del
ingreso. |
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