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Nota enviada por la
FACPCE al Dr. Alberto Abad |
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Ciudad de Buenos Aires, 19
de octubre de 2007
Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos
Dr. ALBERTO R. ABAD
S/D
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. con el objeto de llevar a su conocimiento nuestra más profunda
preocupación por vuestras recientes declaraciones, efectuadas a un medio de comunicación
masiva y alcance nacional como es el Diario La Nación, publicado en esta ciudad.
Conforme surge de una nota aparecida en la edición del 15 de octubre pasado del
suplemento de Economía de dicho matutino, firmada por el periodista Martín Kanenguiser,
el Sr. Administrador sostuvo: “Hay auditores que participan en el armado de
sociedades offshore y colegios profesionales que se matan por cuestiones corporativas sin
haber dicho nada sobre las facturas truchas que involucran a cientos de empresas y a
numerosos estudios”, y advirtió que si estos actores “no aumentan su nivel de
autorregulación, entonces habrá que regularlos desde el Estado”.
No es la primera vez que desde los más altos niveles de la Administración Pública
fiscal, nacional y provincial, se formulan apreciaciones agraviantes para nuestra
profesión, pero el tenor inexacto de estas recientes manifestaciones nos obligan a
formular el presente llamado de atención.
Resulta inaceptable que el Sr. Administrador desconozca que los Consejos Profesionales
cuentan con Tribunales de Ética, encargados de controlar el ejercicio profesional
conforme a derecho de sus matriculados, sancionando, llegado el caso y con sustento en
denuncias concretas y fundadas, a quienes se apartan de las pautas normativas vigentes.
El punto de partida para que el Tribunal actúe comienza con una denuncia por parte de
terceros, que involucre a un profesional. Asimismo el Tribunal de Ética de cada uno de
los consejos puede actuar de oficio, en la medida que haya datos concretos que involucren
a un profesional. Es práctica habitual que en los procesos judiciales, como el penal
tributario u otros, el punto de partida para tales denuncias debe ser una sentencia
judicial firme que haya declarado culpable al profesional. De otro modo, se incurriría en
procedimientos incompatibles con los principios propios del debido proceso legal
–concretamente, el respeto por el estado de inocencia de toda persona-, que es el que
distingue a un Estado de Derecho de formas de organización políticas autoritarias.
Resulta ocioso señalar que si el Sr. Administrador cuenta con información relativa a
profesionales involucrados en maniobras ilícitas, no sólo debe denunciarlos ante la
justicia; debe también, formular los cargos respectivos ante el Consejo en el que dichos
profesionales se encuentren matriculados.
Esta Federación repudió, repudia y condena las prácticas que se realizan con facturas
truchas, pero de ninguna manera acepta que se involucren a los Consejos Profesionales como
participantes aunque sea por omisión, de estas maniobras.
Los Consejos Profesionales representan a sus matriculados, quienes en su amplia mayoría
ejercen su profesión en estricto cumplimiento de las normas y pautas éticas que regulan
su actividad. No puede extenderse a ellos un juicio de valor que sólo resulta aplicable a
una minoría de profesionales o pseudo-profesionales que deben ser penados con todo el
peso de la Ley y las normas propias de la profesión.
Las generalizaciones de cualquier índole son peligrosas e injustas y conducen a error,
bajo el riesgo concreto de crear un estereotipo utilizado a posteriori sin mayor análisis
y profundidad por quienes tienen que impartir justicia, y por los funcionarios de menor
jerarquía del mismo Organismo recaudador.
La generalización en que ha incurrido el Sr. Administrador respecto de sus colegas
profesionales es tan reprochable como la de quienes cuestionan la honorabilidad del cuerpo
de funcionarios del Organismo de Recaudación en función de casos aislados de conductas
irregulares de parte de algunos de tales funcionarios: en ambos casos, existe sólo una
minoría que incurre en conductas condenables, que no pueden en modo alguno extenderse al
resto de sus pares.
Queremos agregar, para finalizar, la sorpresa que nos han causado tales declaraciones
habida cuenta del prestigio con que cuenta el Sr. Administrador Federal para esta
Federación, no sólo por su excelente desempeño profesional que ha dotado de una alta
eficiencia a la función pública recaudatoria, sino también por virtudes personales
entre las cuales no deben dejar de señalarse el sentido común que siempre ha
caracterizado su actuar, y la excelente relación que ha sostenido con la gran mayoría de
profesionales, quienes desarrollan sus actividades en un todo conforme a pautas éticas y
a las leyes que regulan su ejercicio, colaborando con la Administración Fiscal y
efectuando su aporte a la vida en Sociedad.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con atenta consideración.
Dr. Guillermo H.
Fernández
Secretario |
Dr. Jorge A. Paganetti
Presidente |
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