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Publicado: 18/11/2010

El Consejo dijo lo suyo en el Congreso
A raíz de la invitación que se recibió de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado Héctor Recalde, el Consejo intervino en el debate por el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas

La segunda audiencia pública para debatir el proyecto bajo análisis comenzó con la crítica del diputado Recalde a las grandes entidades empresarias que se excusaron de participar. Las palabras más duras fueron contra la UIA, de quien aseguró que “ni siquiera respondieron la invitación”.

La primera ronda de exposiciones tuvo lugar a la mañana y la abrió Pedro Wasesco, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Neumáticos, quien explicó la experiencia del sector en el sistema de reparto de ganancias, enfatizando que desde 2001 aplican un sistema parecido al que la iniciativa parlamentaria proyecta.

A su turno, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr. LE Carlos Quarracino informó que el Consejo Directivo de la entidad convocó a un Grupo de Trabajo interno para estudiar en profundidad el tema y expedirse en el plazo de 4 ó 5 meses. De todas formas, Quarracino adelantó que el Consejo ya viene trabajando en simulaciones con balances de algunas empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Según el vocero del Consejo, estos primeros análisis preliminares arrojaron, en algunos casos, resultados muy dispares para los trabajadores en empresas que produjeron las mismas utilidades. En este sentido, informó que en las simulaciones se compararon los repartos de utilidades en empresas de distintas ramas de la economía y se dan casos en los que, por ejemplo, empleados del sector financiero duplican el nivel de productividad a los de empresas industriales pero no llegarían a recibir siquiera iguales porcentajes de utilidades por empleado.

Seguidamente remarcó cierta preocupación por el artículo 18 del Proyecto de Ley, que trata sobre la fiscalización por parte de la asociación sindical de la información proporcionada por la empresa y la obligación de ésta a suministrar la totalidad de la información complementaria y documentación respaldatoria que la asociación sindical considere necesaria para cumplir su cometido. En ese sentido, Quarracino se preguntó si, independientemente del derecho que asiste a los trabajadores en participar de las ganancias empresarias, ellos o sus representantes pueden tener más atribuciones que los propietarios, que son en definitiva los accionistas sujetos a un marco normativo y regulatorio que está acotado a determinados procedimientos del derecho comercial para el cuestionamiento de los estados contables emitidos de acuerdo con la legislación vigente.

Por otra parte, apuntó que los balances de las sociedades son obligatoriamente auditados por un Profesional de Ciencias Económicas que emite un dictamen de profesional independiente que da fe pública sobre la razonabilidad de sus resultados, que es la base imponible primaria de dicha distribución. Por otra parte, explicó que “la designación de los representantes gremiales y los profesionales técnicos idóneos para fiscalizar la información utilizada por la empresa para la determinación de las ganancias a ser distribuidas, sería crear una figura burocrática que se superpondría con la de otros organismos de control, como puede ser, por ejemplo, la AFIP, la CNV, el BCRA, etc.”.

Finalmente, Quarracino pidió contemplar que, así como está redactado el Proyecto, conspirará contra el correcto funcionamiento del sistema el hecho de no permitirse en la actualidad el reconocimiento de los efectos de la inflación sobre los estados contables de las empresas, con su potencial descapitalización e incomprensión sobre la verdadera rentabilidad y la política de dividendos.

El presidente de la comisión, Héctor Recalde, manifestó su interés por los estudios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y aseguró que serán de gran utilidad para la elaboración del texto final de la Ley.

También expusieron sus puntos de vista, entre otros disertantes, el Lic. Damián Panigo del CONICET, los profesores eméritos en Derecho Laboral Dres. Rodríguez Mancini y Fernández Madrid, el representante de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo Dr. Oscar Zas, y representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales.

Todos los expositores coincidieron unánimente en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional. Sin embargo, el Dr. Quarracino no dejó de señalar que, dadas la naturaleza y alcance de la cuestión a tratar, la iniciativa legislativa merece un debate serio y multisectorial hasta llegar a un consenso lo más amplio posible, sugiriendo incluso solicitar opinión de expertos en los países donde ya se aplican este tipo de contribuciones al trabajador.

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