|
A raíz de la invitación que se recibió de
la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado Héctor Recalde, el
Consejo intervino en el debate por el proyecto de participación de los trabajadores en
las ganancias de las empresas La segunda audiencia pública para debatir el
proyecto bajo análisis comenzó con la crítica del diputado Recalde a las grandes
entidades empresarias que se excusaron de participar. Las palabras más duras fueron
contra la UIA, de quien aseguró que “ni siquiera respondieron la invitación”.
La primera ronda de exposiciones tuvo lugar a la mañana y la abrió Pedro Wasesco,
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Neumáticos, quien explicó la
experiencia del sector en el sistema de reparto de ganancias, enfatizando que desde 2001
aplican un sistema parecido al que la iniciativa parlamentaria proyecta.
A su turno, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Dr. LE Carlos Quarracino informó que el Consejo
Directivo de la entidad convocó a un Grupo de Trabajo interno para estudiar en
profundidad el tema y expedirse en el plazo de 4 ó 5 meses. De todas formas, Quarracino
adelantó que el Consejo ya viene trabajando en simulaciones con balances de algunas
empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Según el vocero del Consejo, estos primeros análisis preliminares arrojaron, en algunos
casos, resultados muy dispares para los trabajadores en empresas que produjeron las mismas
utilidades. En este sentido, informó que en las simulaciones se compararon los repartos
de utilidades en empresas de distintas ramas de la economía y se dan casos en los que,
por ejemplo, empleados del sector financiero duplican el nivel de productividad a los de
empresas industriales pero no llegarían a recibir siquiera iguales porcentajes de
utilidades por empleado.
Seguidamente remarcó cierta preocupación por el artículo 18 del Proyecto de Ley, que
trata sobre la fiscalización por parte de la asociación sindical de la información
proporcionada por la empresa y la obligación de ésta a suministrar la totalidad de la
información complementaria y documentación respaldatoria que la asociación sindical
considere necesaria para cumplir su cometido. En ese sentido, Quarracino se preguntó si,
independientemente del derecho que asiste a los trabajadores en participar de las
ganancias empresarias, ellos o sus representantes pueden tener más atribuciones que los
propietarios, que son en definitiva los accionistas sujetos a un marco normativo y
regulatorio que está acotado a determinados procedimientos del derecho comercial para el
cuestionamiento de los estados contables emitidos de acuerdo con la legislación vigente.
Por otra parte, apuntó que los balances de las sociedades son obligatoriamente auditados
por un Profesional de Ciencias Económicas que emite un dictamen de profesional
independiente que da fe pública sobre la razonabilidad de sus resultados, que es la base
imponible primaria de dicha distribución. Por otra parte, explicó que “la
designación de los representantes gremiales y los profesionales técnicos idóneos para
fiscalizar la información utilizada por la empresa para la determinación de las
ganancias a ser distribuidas, sería crear una figura burocrática que se superpondría
con la de otros organismos de control, como puede ser, por ejemplo, la AFIP, la CNV, el
BCRA, etc.”.
Finalmente, Quarracino pidió contemplar que, así como está redactado el Proyecto,
conspirará contra el correcto funcionamiento del sistema el hecho de no permitirse en la
actualidad el reconocimiento de los efectos de la inflación sobre los estados contables
de las empresas, con su potencial descapitalización e incomprensión sobre la verdadera
rentabilidad y la política de dividendos.
El presidente de la comisión, Héctor Recalde, manifestó su interés por los estudios
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y aseguró que serán de gran utilidad
para la elaboración del texto final de la Ley.
También expusieron sus puntos de vista, entre otros disertantes, el Lic. Damián Panigo
del CONICET, los profesores eméritos en Derecho Laboral Dres. Rodríguez Mancini y
Fernández Madrid, el representante de la Asociación Latinoamericana de Jueces del
Trabajo Dr. Oscar Zas, y representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales.
Todos los expositores coincidieron unánimente en la necesidad de avanzar en el
reconocimiento de un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional. Sin
embargo, el Dr. Quarracino no dejó de señalar que, dadas la naturaleza y alcance de la
cuestión a tratar, la iniciativa legislativa merece un debate serio y multisectorial
hasta llegar a un consenso lo más amplio posible, sugiriendo incluso solicitar opinión
de expertos en los países donde ya se aplican este tipo de contribuciones al trabajador. |
|
