|
Se
están debatiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación varios proyectos
de modificación a la ley de quiebras relacionados con el régimen aplicable a los
trabajadores y a sus créditos y con la incorporación de las cooperativas de trabajo
formadas por tales trabajadores como organizaciones a quienes conceder prioritariamente la
continuación de la actividad de las empresas fallidas.
Esos proyectos reconocen como origen tanto al Poder Ejecutivo de la Nación como a
legisladores de diversas vertientes.
De la lectura de los fundamentos de los proyectos se advierte la falta de consideración
de algunos aspectos cruciales en este tipo de procesos y que el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera deben necesariamente
ser tomados en cuenta.
La crisis de 2002 fue precedida y acompañada por la mayor cantidad de quiebras y de
concursos preventivos de los que da cuenta nuestra Historia. Aparecieron como consecuencia
movimientos cuyo objetivo fue el de lograr la tenencia y explotación de los activos de
empresas en quiebra (en algunos casos también de empresas en concurso preventivo), y que
fueron acompañados por el dictado de leyes que los expropiaron para ser entregados a las
cooperativas de trabajo.
Estas expropiaciones nunca fueron pagadas a la fallida, con lo cual los acreedores vieron
suspendidos “sine die” sus derechos de propiedad. Asimismo, no se
percibe que haya posibilidades de que esa situación se modifique a futuro.
Algunas cooperativas de trabajo, sin capital de giro, sin recursos para modernizarse
tecnológicamente y sin siquiera poder mantener adecuadamente los bienes existentes,
precarizaron el trabajo de sus integrantes, quienes además perdieron todos los beneficios
que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los cambios legales que se proponen en la actualidad importan además para los síndicos,
profesionales en Ciencias Económicas, un menoscabo de su función, la exigencia de nuevas
responsabilidades en marcos de casi imposible atención y una dilación muy larga en sus
derechos económicos.
Estos temas merecen sin duda un estudio muy profundo. Exigen los tiempos y las consultas a
todos los sectores que sean necesarios.
Este Consejo Profesional ofrece su experiencia y sus profesionales para este debate, en la
convicción que la legislación debe dirigirse concretamente a las mejores opciones para
la recuperación de la actividad económica y la generación de empleos con plena tutela
de la protección que acuerdan las leyes laborales. Para acceder al Comunicado, haga click aquí
(pdf, 166Kb) |
|
