En cumplimiento con la normativa antilavado, la Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la resolución general 4 -publicada en el Boletín Oficial- establece la obligación de presentar una declaración jurada anual sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.