A través de la Resolución 529/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicada en Boletín Oficial y con vigencia desde el 13 de julio, se estableció en $50 millones el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente, conforme a lo previsto por el inciso 2) del artículo 299 de la Ley 19.550.