| ¿Cuáles
fueron las medidas? ¿Cuánto recauda el Estado? ¿Qué pide el campo? ¿Qué argumenta el
Gobierno? Las respuestas sobre un tema que ha despertado polémica. |
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La disputa que
mantienen el Gobierno y el campo tiene muchas lecturas: política, económica y hasta
social si se quiere. Cuando una actividad se encuentra tan extendida a lo largo de un
territorio, de una sociedad y de la dirigencia, las voces y las versiones cruzadas sobre
los acontecimientos se multiplican.
Haciendo foco estrictamente en lo económico, los dos actores parecen poner énfasis en
cuestiones distintas. Por un lado, el esfuerzo del campo en todos estos años ha venido
concentrándose en tratar de acceder a una porción mayor de la renta mundial, que se ha
multiplicado como consecuencia del boom de los alimentos. Según los expertos en la
materia, este período de precios altos de las materias primas habría llegado para
quedarse por un tiempo prolongado de la mano de China e India.
Por otro lado, el esfuerzo del Gobierno se ha concentrado en redistribuir parte de esa
renta al resto de la sociedad a través del sistema tributario. Las retenciones son el
gravamen elegido.
La proporción en que cada uno pueda llevar a cabo sus objetivos seguirá enfrentándolos
a futuro.
A continuación, un resumen para comprender los acontecimientos recientes.
Concretamente, ¿cuáles fueron las
medidas del Gobierno?
El Gobierno tomó dos medidas. La primera: un aumento liso y llano de la alícuota a las
retenciones después del triunfo en las elecciones de octubre del año pasado, que
significó un incremento del 27,5% al 35% para el complejo sojero.
La segunda fue la instauración del esquema de retenciones móviles en marzo último.
¿Cuánto más va a recaudar el
Estado?
Considerando las estimaciones de exportaciones de los cuatro granos (y sus derivados) que
realiza el departamento de Agricultura de Estados Unidos para la Argentina, y usando los
precios promedio del mes de febrero último, la consultora Econométrica calculó que, en
la primera tanda de aumentos de retenciones, implica un incremento en la recaudación de
más de U$S 2.700 millones.
Pero el aumento que implica el esquema de alícuotas móviles adiciona otros U$S 2.400
millones a la recaudación, equivalente a 0,8% del PBI.
Es decir, los dos aumentos en las retenciones a la agroindustria generan nuevos ingresos
para el Tesoro por U$S 5.100 millones, algo que equivale al 1,7% del PBI. Según
Econométrica, los nuevos ingresos permiten elevar la estimación de superá vit primario
a 4% del PBI este año, lo que implica un salto de 1,8 puntos porcentuales respecto al
2,2% del PBI en que cerró 2007.
¿Cómo funciona el esquema de retenciones móviles?
En febrero último, el precio promedio de la soja cerró en U$S 515 la tonelada. No
obstante, para el productor, el precio neto de retenciones en el nuevo esquema es de U$S
287 la tonelada, lo que implica una retención del 44%.
Suponiendo que el precio continúa subiendo y supera los U$S 600 la tonelada, el nuevo
esquema indica que la retención marginal a partir de ese precio es del 95%. “Es
decir, si el precio sube U$S 100 más para ubicarse en U$S 700 la tonelada, el productor
sólo recibe U$S 5 dólares de esos 100”, dice el economista Ramiro Castiñeira, de
la consultora Econométrica, en un informe.
Llevando el análisis al extremo, si “explota” el precio de la soja a U$S 1.000
la tonelada, el productor sólo recibirá U$S 37 más que en la actualidad, es decir, U$S
324.
¿Cuál es el objetivo de las
retenciones?
La Argentina exporta lo que come y las retenciones permiten separar el precio
internacional de los granos y de la carne del precio doméstico. De esta forma, el
objetivo es doble: por un lado, no suben los precios internos en paralelo a los
internacionales y, por el otro, son una fuente de recursos para el fisco.
¿Por qué la reacción del campo?
En primer lugar, por el hecho de que se apeló al uso de una medida que afecta al mismo
sector (el campo) con menos de tres meses entre uno y otro momento. El aumento de la
última medida supuso una suba de 9 puntos porcentuales para la soja y el girasol y,
además, una alícuota marginal mayor del 80%, que podría llegar a 95% en caso de que los
precios se incrementen.
Niveles de esta naturaleza dan lugar a considerar al tributo como de características
expropiatorias, argumentan los representantes del sector.
Esta situación se conjuga con una seguidilla de hechos que llevaron a que la alícuota
promedio para estos productos se duplicara en pocos meses, lo cual generó rechazo del
sector afectado por más que los precios se hayan incrementado en una proporción similar.
Por último, y de manera general, el sector agropecuario viene quejándose por una serie
de cuestiones que, según sostienen, han afectado la producción de otros productos más
ligados a la actividad pecuaria.
¿Cuál es el destino de ese dinero
extra?
El Gobierno dice que ese dinero reforzará el superávit fiscal, pero además brinda
previsibilidad a la economía y a los mercados. Con el superávit fiscal se facilitaría
la tarea de sostener el nivel del dólar, lo que ayuda al campo y a la industria a ser
competitivos.
¿Qué hacen otros países?
El ex ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo una vez que la Argentina debería
convertirse en un país referente en materia de política regulatoria de precios. No sólo
no lo ha logrado, sino que –hay que decirlo– los controles de precios y las
prohibiciones a las exportaciones no son ninguna novedad.
En julio de 1973, Richard Nixon puso controles a la exportación de soja y acero con el
fin de asegurarse el abastecimiento interno y detener la inflación. Es sólo un caso. Las
herramientas en ese sentido siguen siendo más o menos las mismas.Ejemplos de países qu e aplicaron las recetas
similares a la de la Argentina
China
• Introdujo retenciones a las exportaciones sobre 57 productos alimenticios.
• Bajó los aranceles a la importación.
• El gobierno autorizó una mayor faena del stock de reserva de cerdos
acumulado.
• Suspendió aumentos en los combustibles y fertilizantes.
India
• Redujo los impuestos sobre las importaciones de un 88% a un 45%.
• Se expidieron leyes para prevenir la especulación de productores
que almacenaban sus productos y así hacían que los precios subieran.
• El gobierno prohibió la exportación de cebollas.
Rusia
• Realizó retenciones a la exportación del 40% y estableció prohibiciones
intermitentes a la venta de trigo al exterior con el objeto de abastecer el mercado
interno y evitar la suba
de precios.
• Hubo acuerdos de precios entre distintos sectores de la producción y el
ministerio de Economía.
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| Derechos de exportación
en el agro |
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Por la Dra. CP Claudia A.
Chiaradía
Presidenta de la Subcomisión de Impuestos en la Actividad Agropecuaria y de la Comisión de
Actuación Profesional en la Empresa Agropecuaria. |
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De
acuerdo con lo establecido por el Código Aduanero, los derechos de exportación son
gravámenes que se aplican sobre las exportaciones para consumo, es decir, sobre la
mercadería exportada que sale del territorio nacional en forma definitiva.
Dentro del marco de la Ley de Emergencia Económica del 2002, el MEOySP, en función de las
delegaciones conferidas por el Poder Ejecutivo, fija las alícuotas, según cada mercadería
exportable.
Las “mal llamadas retenciones”, si bien se pueden interpretar como tributos, no son
consideradas como tal para la coparticipación federal, y será el Estado Nacional quien las
recaude y determine su destino.
No se trata de un nuevo impuesto a la renta o ganancias, ya que grava en forma directa el
precio de transacción agrícola y no tiene en cuenta la renta obtenida.
En cuanto a su justificación fiscal, el Estado determinó que su aplicación es necesaria a
efectos de controlar los precios internos o el desabastecimiento generado por los destinos de
exportación que estos productos alcanzan.
Un tributo, por definición, sin lugar a dudas debe tener en cuenta la capacidad contributiva,
la igualdad y el principio de no confiscatoriedad. Y el nuevo régimen de retenciones móviles
produce en definitiva un sistema de precios máximos, generando incertidumbre, desalentando la
inversión y una sensación no deseable en los productores, que piensan en arrendar sus
tierras en vez de producir, creando un serio problema social a corto plazo.
En las Comisiones Académicas del CPCECABA que presido, estamos abocados, entre otros temas,
al estudio de la presión fiscal sobre el agro y al análisis integral de las llamadas
compensaciones, que en ocasiones no llegan a los pequeños y medianos productores. Los
matriculados interesados pueden sumarse a estas comisiones. |
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