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“La combinación de convertibilidad con tipo de cambio fijo, con una política fiscal con gran desequilibrio por exceso de gasto público y la ausencia de una política monetaria, terminó con una crisis que concluyó en menos de un mes con la tarea de cuatro de cinco presidentes elegidos o nominados.

Es nuestra opinión que las distensiones económicas argentinas van mucho más allá de la sanción de la ley de convertibilidad –tal vez un cuarto siglo atrás, con algunas excepciones–. Cierto es también que muchas veces las medidas económicas han sido sugeridas, solicitadas o avaladas por el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales.

Así lo hemos destacado –vale la pena recordar que fue con fecha 14 de diciembre de 2001– en una solicitada que con el título “ANTE EL ABISMO” culminaba solicitando un acuerdo de los partidos políticos y de otras fuerzas sociales, hoy recogido en el llamado a la Concertación Nacional.

El gobierno respondió a la grave situación que comentamos obteniendo la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública, luego complementada con decretos y reglamentaciones, a veces diarias. Somos conscientes de que la emergencia proviene de una situación política, económica y social que ha heredado, pero ello no debe impedirnos comentar las medidas o aspectos que no nos han parecido adecuados.

1. El Gobierno ha sido dotado de facultades extraordinarias que constituyen una puerta a la discrecionalidad para laudar entre grupos e intereses, lo que le puede quitar previsibilidad y transparencia a su accionar.

2. La restitución de facultades al Banco Central (hasta ahora con media sanción del Senado) en cuanto a política monetaria, incluyendo la función de prestamista de última instancia y la de emisión de moneda, debió haber sido acompañada con límites y controles mucho más efectivos que los dispuestos. La vuelta de la memoria inflacionaria argentina aparece como un riesgo importante.

3. Los comentarios que han trascendido sobre el presupuesto no parece que hayan recogido la opinión generalizada de que en la Argentina el costo de la política debería sufrir una sustancial reducción, ya sea por una verdadera reforma del Estado, limitación del número de representantes parlamentarios, asesores y funcionarios o contratados originados en el clientelismo político.

4. El doble tipo de cambio es una invitación a las habituales maniobras de sobrefacturación y subfacturación. Rápidamente debería avanzarse hacia una flotación de la paridad cambiaria.

5. Las medidas acerca de la paulatina eliminación del “corralito bancario” aparecen plagadas de marchas y contramarchas. Creemos que esto no sólo afecta a los depositantes, sino que ha cortado la cadena de pagos e introdujo un factor de inseguridad en todas las relaciones comerciales.

6. No se vislumbra un adecuado manejo de la relación con las provincias especialmente para resolver los problemas de la coparticipación y de la existencia en exceso de monedas y bonos provinciales.

7. Es necesario también señalar que la actividad de los profesionales independientes no ha tenido adecuado tratamiento. Esa actividad, dentro de cierto límite, debió haber sido excluida del “corralito” bancario y, por lo menos, no debió haber sido discriminada negativamente frente a quienes trabajan en relación de dependencia.

8. Después de 10 años de convertibilidad se ha producido un cambio esencial de régimen económico, que las autoridades deberían explicitar con suma claridad en sus alcances y contenidos al conjunto de la sociedad. Caso contrario solo se perciben los efectos adversos inmediatos y no los eventuales logros en materia de crecimiento y mejoras de la situación social, que es lo que debe justificar la convocatoria al esfuerzo colectivo.

Esos son, en síntesis, los comentarios que nos surgen del análisis de las medidas adoptadas por el gobierno. Pero queda, a nuestro juicio, un problema más importante, que es el problema social.

No es posible pensar que en la Argentina –otrora “granero del mundo”– pueda haber gente que se muera de hambre o que haya 14 millones de personas que estén por debajo de la línea de pobreza. Solucionar esto es requisito ineludible antes de que pensemos cuáles son las disposiciones que mejorarán la política, la economía y las finanzas del país.

El Gobierno recién comienza su gestión. Sabemos que los márgenes de error son estrechos. De allí que, entendemos, señalar a tiempo los problemas y riesgos existentes debe ser interpretado como una contribución responsable al bien común”.