Las reformas estructurales en el Memorando al FMI
El déficit fiscal del Gobierno Nacional en 1997 se prevé que será como máximo de $ 4.500 millones (1,5 % del PBI), excluyendo los fondos derivados de operaciones de capital (privatizaciones y/o venta de aciones en poder del Estado).
Si además se excluyen los costos relacionados con la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales y con la indemnización a empleados públi- cos cesantes, el déficit estimado se reduce a $ 3.000 millones, nivel que puede compararse con los $ 6.000 millones previstos en el Memorando para 1996.
Reforma impositiva
Se prevé una reforma de los “impuestos laborales” y sobre los ingresos de las personas físicas a fin de ampliar la base tributaria y posibilitar así la disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social, con la finalidad de reducir los costos laborales y fomentar el empleo.
Reforma previsional
Se proyecta eliminar la indexación de las prestaciones a nuevos beneficiarios, reducir los haberes máximos para los beneficiarios que permanezcan en actividad y disminuir las tasas de aportes de los trabajadores autónomos con ingresos muy bajos.
Se limitarán los gastos del PAMI mediante la instrumentación de una reforma respaldada por el Banco Mundial.
Reformas provinciales
Se prevé que el saldo consolidado de las finanzas públicas provinciales pase de un déficit de $ 3.000 millones en 1995 a un déficit de $ 1.100 millones en 1996, debido a la reducción de salarios y a la disminución del personal contratado y del gasto en bienes y servicios, así como a la transferencia de cajas jubilatorias provinciales.
Para 1997 se espera un superávit de $ 300 millones.
El Gobierno Nacional procurará acordar con las provincias una desaceleración del aumento de las transferencias a las mismas de ingresos tributarios percibidos por la Nación y una reasignación de ciertos rubros de gastos del nivel nacional al provincial.
Se estima lograr un mayor avance en materia de privatizaciones de bancos y otras empresas provinciales.
Reforma laboral
A fin de promover la ocupación, se prevé descentralizar las negociaciones colectivas, de modo que se realicen a nivel de las empresas; eliminar el principio de ultra-actividad, por el cual los convenios mantienen su vigencia más allá de su fecha de caducidad (ante la ausencia de un nuevo convenio); derogar los estatutos especiales para trabajadores rurales, docentes, corredores de comercio, etc., y sustituir la actual indemnización por despido por un seguro de desempleo basado en cuentas de capitalización individuales financiadas mediante aportes descontados de las remuneraciones.
Reforma de obras sociales
De acuerdo a lo diseñado con asistencia del Banco Mundial, en una primera etapa habrá libertad de afiliación a la obra social sindical (“entidad de seguros médicos”) que se prefiera.
En una segunda etapa existirá libertad para afiliarse a cualquiera de las compañías de seguros médicos, que tendrán libre ingreso al sector.
Reforma general del Estado
Se prevé la supresión de secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales; la fusión de organismos descentralizados, y la reducción del número de empleados, principalmente a través de retiros voluntarios y reconversión laboral.
Se procurará un mejor funcionamiento del sistema de compras del Estado.
Revisión del programa
La siguiente revisión del programa por parte del FMI se efectuará antes de fin de febrero de 1997, cuando se analizarán más en detalle las medidas para 1997 y se establecerán los criterios trimestrales de ejecución.
En la siguiente revisión, antes de fin de julio de 1997, se analizarán los resultados del primer trimestre y el avance logrado en materia de reforma estructural.
Tope acumulado a los gastos de la administración nacional, excluido intereses 34.850
Variación acumulada de las reservas internacionales disponibles del BCRA 1.180
Desembolsos netos acumulados de la deuda externa e interna del sector público 7.000
Incremento neto acumulado de la deuda a corto plazo del sector público 2.100
(1) Excluidas operaciones de capital
Divergencias entre la situación financiera y productiva
En el contexto de un clima sociopolítico menos favorable a las iniciativas del gobierno -demoras en la sanción del paquete fiscal, apagón, huelga de la CGT por 36 horas-, las autoridades han ratificado los lineamientos básicos de la política económica vigente y han obtenido, consecuentemente, un explícito apoyo del Fondo Monetario Internacional frente a tal decisión.
Por otra parte, el escenario internacional expresa una situación coyuntural favorable, tanto para la valorización de los títulos públicos como en términos de los buenos precios de los principales productos de exportación.
En tal sentido, los indicadores sobre la evolución de la economía estadounidense sugieren que la tasa de interés podría mantenerse estable o con leves variaciones -ante la ausencia de presiones inflacionarias más intensas-, favoreciendo el flujo financiero hacia la región latinoamericana.
Lo concreto es que hoy convergen, en la realidad argentina, una situación francamente positiva desde el punto de vista internacional con dificultades significativas en el ordenamiento económico local, que se expresan también en los planos político y social.
Un punto clave consiste, sin duda, en restaurar la confianza en los agentes económicos locales, de manera que puedan profundizarse las tenues señales de reactivación que se observan desde el segundo trimestre del corriente año.
Las autoridades económicas han planteado, en tal sentido, un ajuste fiscal como instrumento básico para la recreación de la confianza, a partir de reconocer que el desequilibrio presupuestario superará holgadamente los $ 2.500 millones previstos en su origen para situarse en los $ 6.000 millones, luego del efecto de las nuevas medidas tributarias (sin éstas, el déficit ascendería a $ 6.600 millones).
En el corto plazo es indudable que el anuncio fiscal ha impactado favorablemente en los centros financieros internacionales e inclusive en el propio sistema financiero local -a juzgar por la menor tasa de interés solicitada en la última licitación para tomar Letras de Tesorería-, pero no ha ocurrido lo mismo con los sectores productivos, los exportadores y el público en general.
Es que las medidas anunciadas -más allá de las diversas correcciones que se han materializado durante la negociación parlamentaria- tienen impacto sobre los costos de producción -caso combustibles-, sobre la ecuación exportadora -reducción de reintegros impositivos- y sobre el poder adquisitivo de los consumidores -asignaciones familiares-, todo lo cual refuerza las señales de debilidad del mercado interno que se observan desde fines de 1994.
Además, los problemas del desempleo y los recientes anuncios sobre medidas adicionales de flexibilización laboral, también refuerzan la conducta conservadora de la demanda de bienes de consumo, con el consiguiente impacto sobre el sistema económico en su conjunto.