La Cuestión Fiscal

Cuestionario

1. ¿Qué opinión le merece la magnitud y composición del gasto público?

2. ¿Interpreta que la actual estructura impositiva debe ser mantenida o corregida? y en el segundo caso ¿bajo qué criterios?

3. ¿Considera que para corregir el actual desequilibrio fiscal debe actuarse sobre los ingresos fiscales, o bien cree que es conveniente apelar a un mayor endeudamiento para evitar efectos recesivos adicionales?

Lic. Arnaldo Bocco

1. En el actual grado de calidad institucional, centrarse en el problema de la magnitud del gasto es un problema de segundo orden.
El objetivo a lograr es pasar de un estado fofo a un estado musculoso y no a uno raquítico, como el que se pretende con esta política económica.

Para ello es absolutamente imprescindible el abandono de los actuales criterios de asignación del gasto que privilegian lo urgente a lo importante y que introducen serias restricciones, mediante nuevo endeudamiento, a la posibilidad de mejorar la calidad del sistema público de prestaciones educativas, sociales y tecnológicas, variables estratégicas si las hay en la formación del capital humano, ingrediente imprescindible si se quiere aumentar la competitividad.

El primer paso en este sentido es, sin duda, aumentar la transparencia de los mecanismos de decisión del gasto, ya que se podría obtener por esta vía un ahorro importante.
La corrupción es, bajo esta concepción, no sólo un problema moral sino atentatorio contra la eficiencia económica del gasto, entendiendo ello como el impacto de las erogaciones públicas sobre el sistema productivo.

2. Es urgente la modificación cualitativa de la estructura tributaria de modo que, en el corto plazo, se entre en el sendero de la recuperación y en el largo plazo, el Estado incentive las estrategias privadas de inversión tendientes al fortalecimiento de las ventajas competitivas del sistema productivo argentino.

El criterio central con el cual debe encararse esta reforma es el aumento de la progresividad del sistema tributario, lo cual quiere decir que el aporte proporcional de los sectores más favorecidos sea mayor que el de los más rezagados, tal cual sucede en el llamado “Primer Mundo”.
En ese sentido, debe favorecerse el aumento de los impuestos a la riqueza y al consumo suntuario, implementándose además modificaciones del impuesto a las ganancias de modo de gravar a las rentas financieras, compensado con una reducción global de impuestos a los consumos y al trabajo.
Ello tiene como objetivo señalar la voluntad pública de que el empresariado invierta productivamente, otorgándole además mayor garantía de realización en el espacio económico interno.

3. Manteniendo la actual estructura de recaudación y gasto, con su baja calidad institucional, será difícil la recuperación simultánea de la actividad económica y la solvencia fiscal de largo plazo.
Si existiese una recuperación coyuntural de la economía, tal como se prevé para lo que resta del año y para 1997, ello no implica necesariamente que, por un lado, se reduzca la brecha fiscal y por otro, que el Estado contribuya a que dicha recuperación sea permanente.

Antes más bien, el escenario más probable es el de continuación del déficit fiscal financiado con crédito blando proveniente del exterior, dada la gran disponibilidad de fondos y la consiguiente baja tasa.
En el largo plazo, la permanencia de esta estrategia atenta contra la solvencia fiscal, mientras que restringe el acceso al crédito de la mayor parte de los sectores productivos con los que el Estado compite por los mismos fondos, lo que explica que la actual recuperación, tal como lo señalan la mayor parte de los analistas, sea la más leve de las últimas dos décadas.
Además, se corre el peligro, tal como ocurrió durante el período 1991-93, de que la gran cantidad de recursos dinerarios provenientes del exterior no se apliquen eficientemente en términos de recuperación productiva y ganancias de competitividad.

Dr. Raúl Cuello

1. El actual nivel del gasto público en nuestro país es inconsistente con el tipo de cambio establecido en 1991, dada la apertura producida en la economía sin desregulación simultánea del mercado laboral.
Ello ha devenido en una estructura de precios relativos adversa a los bienes transables, lo cual impuso un fuerte sesgo antiexportador en la economía argentina no compensado por los aumentos de productividad.
La consecuencia se visualiza en el fuerte nivel de desempleo y los desestímulos a la inversión en los sectores expuestos a la competencia externa, como consecuencia de la vigencia de altas tasas de interés en términos reales.
No se puede esperar resultados distintos cuando el gasto primario aumenta un 120 % entre el primer trimestre de 1991 y el año 1995.
Admitir lo contrario, implicaría caer en el error de suponer que con tipo de cambio fijo resulta indiferente la apropiación de recursos que haga el Estado.

En cuanto a la composición, cabe advertir la baja inversión pública y remarcar las partidas vinculadas a la Seguridad Social que se incrementaron en el 160 % y las Transferencias que lo hicieron en el 180 %, lo cual plantea un escenario en donde el Sector Privado ha sido sometido a fuertes tensiones, mientras que el Sector Público no ha contribuido al aumento de productividad en el sistema.
En suma, que el Estado gasta mucho y gasta mal.

2. Se ha hecho uso abusivo de correcciones impositivas que han restado condiciones de previsibilidad a la misma, de modo que es un tema que debe ser encarado con extrema prudencia.

De cualquier manera, es obvio que la actual estructura impositiva no conforma principios de equidad y neutralidad generalmente aceptados.
La situación, unida a pérdida de eficiencia en la administración tributaria, arroja como resultado un muy alto nivel de evasión.
Es que es excesivo el grado de presión teórica, como surge del reconocimiento explícito del incumplimiento existente.
Mi propuesta sería eliminar las exenciones que hoy rigen en el Impuesto a las Ganancias para operaciones financieras y luego dictar una Ley de Previsibilidad Fiscal, por medio de la cual se impidan nuevos cambios por lo menos durante dos años.
Sólo estará permitido reducir alícuotas, particularmente en el I.V.A., cuya tasa general no debiera exceder el 18 % y crear una especial del 10 % para los consumos familiares básicos.
Mejor fiscalizados los actuales tributos, no debería haber problemas de financiamiento para un gasto público cuantitativa y cualitativamente mejor que el actual, sin necesidad de acudir al capital externo para financiar gasto corriente, lo cual es un verdadero despropósito.

3. Cualquier intento de cerrar la brecha fiscal por vía impositiva resultará autofrustrante.
La contracción de la demanda global inicial y su efecto multiplicador, conducirá a un descenso posterior de los ingresos fiscales, con lo cual se mantendrá el desempleo y el déficit seguirá presente.
El más superficial análisis macroeconómico revela que el intento de mostrar solvencia fiscal vía ingresos en un escenario recesivo, está contraindicado por la teoría fiscal compensatoria.
Mientras no se logren los resultados que se buscan con la Reforma del Estado II, no queda otra alternativa que financiarlo con colocación de deuda voluntaria.
Por necesidad y no por virtud.