Las reformas estructurales pendientes

Recientemente las autoridades económicas han expresado la intención de iniciar negociaciones con el FMI para suscribir un acuerdo de facilidades ampliadas, que podría extenderse por tres años, esto es, más allá de la culminación del mandato del actual gobierno.

Desde el punto de vista de su conformación, la diferencia entre un acuerdo de facilidades ampliadas y un convenio de crédito contingente o “stand-by” como el actualmente vigente es que el primero incluye compromisos de más largo plazo vinculados con reformas de carácter estructural, además de la fijación de metas cuantitativas en los planos monetario y fiscal.

Por otra parte y teniendo en cuenta algunos anticipos periodísticos, se considera que los principales temas de reforma estructural podrían estar asociados a la reforma laboral, el establecimiento de un nuevo régimen impositivo y el mejoramiento en la administración de justicia.

La reforma laboral constituye un planteo reiteradamente expuesto por las autoridades oficiales en los últimos años, pero sin poder alcanzar una coincidencia definitiva con los sectores empresariales y sindicales involucrados en el tema.
Son varios los temas en los cuales discrepan las posiciones de las partes ámbito de las negociaciones, ultraactividad, régimen de despidos, contratos promovidos, etc., de manera que no parece factible sancionar una legislación por consenso, al menos durante el período preelectoral.

En cuanto a la reforma impositiva, que podría quedar perfeccionada durante 1998, los anuncios se refieren, fundamentalmente, a la aplicación del monotributo para las pequeñas empresas, modificaciones en el impuesto a las ganancias y otras simplificaciones en el régimen tributario.
Asimismo, cabe agregar la reestructuración organizacional que implica la reciente creación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que engloba tanto a la DGI como a la Aduana.

Otra de las reformas que puede plantearse en el acuerdo con el FMI se orienta al objetivo de dotar de mayor eficiencia y transparencia al accionar de la justicia.
Sin duda, la inclusión de este aspecto, que hace al funcionamiento político-institucional del país, constituiría una verdadera novedad, por cuanto involucra un tema que trasciende el ámbito estrictamente económico.

Sin embargo, la previsibilidad de las reglas de juego y una adecuada administración de justicia resultan un factor determinante en muchas decisiones económicas, especialmente cuando se refieren a inversiones de riesgo y con plazos prolongados de retorno de las mismas.
Cabe agregar que la inversión extranjera directa, de fuerte presencia en los últimos tiempos en nuestro país, es especialmente sensible a las garantías que brinda una justicia independiente.

Por último y frente al panorama descripto caben, al menos, dos reflexiones significativas.
En primer lugar, acerca de si las reformas estructurales anunciadas con toda su importancia constituyen la totalidad o son las únicas importantes dentro de las transformaciones pendientes para un desenvolvimiento más eficiente de la economía argentina.

En tal sentido, la denominada segunda reforma del Estado muchas veces anunciada pero sin una concreción efectiva hasta ahora resulta también de trascendental importancia, frente a una situación que exige creciente capacidad para diseñar y gestionar una amplia gama de políticas públicas.

En segundo lugar, cabe tener presente que en el marco del proceso de globalización, las instituciones económicas internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OMC no sólo procuran imponer a sus países miembros condiciones de estabilidad macroeconómica y libertad de comercio, sino que también intentan consolidar regímenes legales, tributarios, laborales, de propiedad intelectual, etc., crecientemente homogéneos a escala mundial.
Por lo tanto, las reformas estructurales que pueden estar involucradas en el futuro acuerdo con el FMI no deben ser interpretadas como de exclusiva iniciativa argentina, sino que además están en línea con los objetivos del diseño de un nuevo ordenamiento internacional.

Disminución del déficit fiscal

El déficit fiscal del sector público nacional en el primer semestre del año ha comenzado a presentar una disminución, después de haber mostrado una tendencia creciente en el trienio 1994-96.

En su definición restringida, el déficit fiscal de la primera mitad del año fue de unos $ 1.300 millones, significativamente menor que en igual lapso de 1996.
Incluyendo el resultado de la transferencia de las cajas previsionales provinciales y las indemnizaciones por despido, el déficit alcanzó a unos 2.000 millones, nivel por debajo de la meta de déficit fijada con el FMI (2.300 millones).

Por el lado del gasto público total, la comparación entre los primeros cinco meses de 1996 y 1997 indica un incremento cercano a 9 %, atribuible casi totalmente a:

mayores transferencias a provincias, debido entre otras causas a la mayor recaudación del IVA y el impuesto a las ganancias, la coparticipación de 3 puntos porcentuales del IVA desde abril de 1996 y el pago de la garantía adeudada a provincias, y

mayores pagos de intereses de la deuda pública, a raíz del aumento de la deuda y el canje de deuda compulsiva por deuda voluntaria que implicó pagos superiores de intereses.

Por el lado de los ingresos fiscales, el incremento de la recaudación tributaria y previsional fue en el primer semestre de 14,3 % -frente al mismo período de 1996-, alcanzando prácticamente a $ 24.000 millones.
La mayor recaudación observada se debió básicamente a:

un mayor nivel de actividad económica, que permitió recaudar más por el impuesto a las ganancias y por los gravámenes a las importaciones, y

el efecto del conjunto de medidas fiscales aprobadas en octubre último, incluyendo especialmente la suba de los impuestos a los combustibles, por los cuales se recaudaron casi $ 900 millones más entre los semestres considerados.

Para el segundo semestre del año existen estimaciones generalizadas sobre el difícil cumplimiento de las metas fiscales, que incluyen para la versión ampliada del déficit unos montos máximos de $ 900 millones en el tercer trimestre y de 1.300 millones en el cuarto trimestre.
El total resultante de 2.200 millones resulta significativamente menor al déficit de 3.400 millones observado en el segundo semestre de 1996 y su obtención requeriría un importante aumento de los ingresos fiscales, juntamente con un muy escaso incremento de los gastos.

En consecuencia, se estima que sería superado el límite de $ 4.500 millones fijado para el déficit ampliado de 1997, si bien el exceso muy probablemente se daría en una escasa proporción, confirmando a nivel anual la mejora verificada en la primera mitad del año.

Esta mejora no impide tener presentes los diversos e importantes temas aún pendientes en materia fiscal:

lograr un equilibrio fiscal sostenible a mediano plazo, incluyendo probablemente una programación plurianual;

modificar la estructura impositiva ‹sensiblemente atrasada en términos internacionales‹, aumentando la importancia de los impuestos directos y reduciendo la de los indirectos y laborales;

reducir significativamente el alto grado de evasión fiscal;

mejorar la eficiencia del gasto social y atender progresivamente la rezagada situación de jubilados y empleados públicos de diversas áreas (educación, salud, seguridad), así como la cobertura de los desocupados;

acordar y aprobar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.