Efectos de la crisis internacional sobre la actividad productiva

En el contexto de la crisis bursátil que afecta a la economía internacional en general y a los países del sudeste asiático en particular, se han producido determinados cambios que tienen incidencia sobre la economía argentina.
En términos muy resumidos, puede señalarse que los principales hechos con repercusiones sobre nuestra economía son los siguientes: la mayor incertidumbre internacional que eleva la tasa de riesgo —y consecuentemente la tasa de interés— de los países emergentes; por la misma razón, la menor disponibilidad de flujos financieros para hacer frente a déficit en la cuenta corriente del balance de pagos; las devaluaciones competitivas a escala mundial, que afectan nuestras corrientes de comercio exterior; la probable desaceleración en el crecimiento de la economía internacional, que puede impactar sobre el volumen y precios de nuestros productos de exportación, y la contracción de la demanda brasileña, que incide sobre nuestros bienes de exportación con mayor valor agregado y con mayor presencia de las pequeñas y medianas empresas.
Este conjunto de factores ha comenzado a mostrar sus efectos negativos sobre la producción industrial, especialmente en aquellos rubros más vinculados a la demanda con financiamiento bancario y/o a la demanda brasileña.
Así, por ejemplo, en noviembre las primeras informaciones indican que con respecto al mes anterior, la producción automotriz cayó casi un 40 %, la de cemento 11 % y las de acero y aluminio alrededor de un 8 %.
Sin embargo, para el conjunto del sector industrial —más allá de factores estacionales— la caída habría sido leve e inclusive, con respecto a noviembre de 1996, el indicador global demuestra una suba del orden del 6 %.
Estas cifras estarían demostrando que el impacto de la crisis internacional sobre el nivel de actividad productiva local es todavía muy selectivo y por lo tanto, que no se puede hablar de un proceso contractivo generalizado.
Inclusive, otros factores que permiten evaluar la confianza de los agentes económicos hacia el mediano plazo —como el nivel de los depósitos bancarios y los flujos de inversión—, permiten inferir una mejor predisposición hacia el futuro.

Memorando de la política económica al FMI

En el memorando de política económica presentado por el Gobierno nacional al FMI para la suscripción de un acuerdo de facilidades ampliadas por el trienio 1998-2000, se afirma que la política fiscal será fundamental para elevar el ahorro nacional y cimentar la confianza en el régimen de convertibilidad.
En esta línea de acción, se proyecta una reducción del déficit del Gobierno nacional, de $ 4.500 millones en 1997 a 3.500 millones en 1998.
Asimismo, se proyecta que el déficit de los gobiernos provinciales se mantendrá en alrededor de $ 800 millones en 1998.
En consonancia con estas metas, se fija que el aumento de la deuda pública total no excederá de $ 5.700 millones, con un componente a corto plazo no superior a 2.000 millones en 1998.
En el área presupuestaria se fomentará la transparencia mediante la incorporación en el presupuesto de las operaciones actualmente definidas como extrapresupuestarias o por medio de su eliminación gradual.
En el presupuesto para 1998 ya se ha incluido la financiación de la transferencia al sistema nacional de algunas cajas de jubilaciones provinciales y también algunas operaciones generadoras de deuda pública.
Se expresa en el memorando que con la asistencia del FMI, el Gobierno ha iniciado las tareas para una reforma del sistema tributario con el fin de lograr mayor eficiencia y equidad.
En particular, la reforma tratará de disminuir el costo relativo de la mano de obra, eliminar las normas del impuesto a las ganancias que desalientan la financiación de las empresas mediante la emisión de acciones y ampliar la base de los impuestos a las ganancias y al valor agregado.
La propuesta de reforma se remitirá al Congreso en el primer semestre de 1998, esperándose que su aprobación antes del final de año permita su entrada en vigencia desde el inicio de 1999.
El programa monetario para 1998 incluye un incremento de la base monetaria del 8,4 %, en forma consistente con el aumento previsto del PIB nominal, cierto grado de remonetización y el incremento neto de los requisitos de liquidez a 20 % desde febrero próximo.
Se proyecta un aumento de u$s 2.600 millones en las reservas internacionales netas del Banco Central.
Para los activos internos netos del Banco Central se fija como meta una reducción de $ 800 millones.
Con respecto a la cuenta corriente del balance de pagos, se persigue limitar su déficit a alrededor de 3,8 % del PIB en 1998, resultado que se estima coherente con un déficit comercial no superior a u$s 5.000 millones.
En materia de política comercial externa, se perseguirá una mayor apertura de la economía.
Al respecto, existe el compromiso de eliminar los aranceles de importación sobre el comercio dentro del MERCOSUR antes del comienzo de 1999 y de derogar las exenciones al arancel externo común aplicable en el MERCOSUR —según lo permitido en el tratado— para el final del año 2000.
Con respecto al funcionamiento del Poder Judicial, se espera que próximamente el Congreso apruebe las reformas dispuestas en la Constitución Nacional de 1994, entre las que se incluyen la creación de un Consejo de la Magistratura independiente y la modernización de la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Defensor Público.
Por otra parte, el programa de reformas estructurales para 1998 comprende: a) sanción legislativa de la reforma tributaria; b) fortalecimiento de la administración tributaria; c) reforma de las operaciones presupuestarias para lograr una mayor eficiencia; d) la concesión de aeropuertos, frecuencias de telecomunicaciones y centrales eléctricas; e) conclusión de la reforma de la ANSeS; f) medidas para una mayor eficiencia en los servicios públicos y en la gestión pública; g) revisión del régimen jurídico de los instrumentos financieros derivados; h) entrada en vigor de la reforma laboral antes del 30 de junio próximo; i) conclusión de la reestructuración de las obras sociales, reglamentación de las empresas privadas de servicios médicos e iniciación de la reforma de los hospitales públicos, y j) aceleración de la resolución judicial de los casos sobre impuestos y créditos.