La Reforma Laboral

Cuestionario

1. ¿Considera usted necesaria la reforma laboral? En caso afirmativo, ¿cuáles son a su juicio los objetivos prioritarios?

2. ¿Qué opinión le merece el proyecto de ley sobre reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso?

3. ¿Entiende usted que la legislación laboral debe ser modificada juntamente con la reducción de los impuestos al trabajo o son temas independientes?

Dr. Daniel Funes de Rioja

1. Sí, por las siguientes razones: El conjunto de políticas deberían orientarse a:

1.- Mantenimiento de las modalidades promovidas o un nuevo contrato de trabajo por tiempo indeterminado con el 50% de cargas sociales y un régimen indemnizatorio acotado que eliminaría la llamada "indemnización corta" (el mínimo de dos meses de sueldo como indemnización por despido) y topearía la "larga", unificando el preaviso en un mes aniversario, tal como ya se hizo en la Ley PyME Nº 24.467;

2.- Por otro lado, mantenimiento del período de prueba, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el aprendizaje y las pasantías;

3.- En materia de negociación colectiva y para estimular o promover la negociación, establecer la disponibilidad colectiva sobre diversas materias, se resolverían los conflictos de concurrencia entre normas de grado superior e inferior y se admitiría la posibilidad de "descuelgue" o "desenganche" de un convenio de actividad por un convenio de ámbito menor, respetando los salarios básicos;

4.- Derogar los artículos del Estatuto del Viajante que le dan a dicho gremio el monopolio de la negociación para cualquier actividad y el que le reconoce derecho a comisión indirecta -es decir sobre operaciones en las que ni siquiera intervino-;

5.- Resolver el problema de la solidaridad entre principal y contratista adoptando la fórmula que la Corte Suprema consagrara en el caso "Rodríguez c/Seven Up", facilitando la segmentación productiva que caracteriza la organización empresaria actual, con lo que se beneficiaría el vínculo entre grandes o medianas y pequeñas empresas;

6.- Adecuar las normas en materia de sueldo anual complementario, corrigiendo las deformaciones provocadas por la fórmula de cálculo establecida en el período inflacionario;

7.- Eliminar la obligación del depósito previo para el reclamo contra las resoluciones administrativas que impongan cargos por aportes de la seguridad social, aspecto que -además de oneroso, en especial para las pequeñas empresas- frustra el derecho de defensa, sometiendo al presunto deudor al exclusivo arbitrio estatal;

8.- Limitar el número de representantes gremiales con fuero sindical en cada empresa, teniendo en cuenta que hoy constituye -sobre todo en la pequeña y mediana empresa- un factor que perturba la organización del trabajo, por cuanto en muchos casos más del 20% de los trabajadores están protegidos por dicho fuero y gozan de franquicias en perjuicio de la producción y de los propios trabajadores de la empresa.
En todo caso, estas sugerencias no cubren las expectativas ni las necesidades de una reforma integral, pero constituirían -desde el punto de vista laboral- una respuesta concreta e inmediata frente a un panorama internacional más complejo en lo económico, que puede comprometer nuestro perfil exportador y fuentes de empleo.
Desde el punto de vista fiscal, ello debería completarse con una reducción de los impuestos al trabajo, que implican un costo de prácticamente el 40% sobre las remuneraciones, frente a países que como Chile tributan la mitad, alentándose -simultáneamente- la regularización de empleo en negro, cuyo altísimo índice no hace sino confirmar las "patologías" del sistema laboral argentino, imponiendo su revisión.
En definitiva, si no se quiere trabajo en negro y flexibilidad de hecho, hay que superar la actual "brecha" entre la norma y la realidad, superando convenios colectivos que rigen nominalmente desde hace más de 25 años y propiciando la regularización de un sector "informalizado" por el peso desmesurado de reglamentaciones e impuestos al trabajo.

2. El proyecto de reforma laboral del Gobierno tiene como eje temático el abordar las siguientes cuestiones: eliminación de las modalidades promovidas contractuales y recortamiento de otras figuras -como el período de prueba, la pasantía o aprendizaje- que el Gobierno considera (al igual que la CGT) "precarias", la reducción del costo indemnizatorio en el trabajo por tiempo indeterminado y algunos cambios en el sistema de negociación colectiva.
Veamos pues, la orientación y contenido de dichas formulaciones: En primer lugar, ateniéndonos a las cifras gubernamentales, los contratos de trabajo suscriptos por fomento de empleo, nueva actividad, práctica laboral y trabajo-formación, según cifras del Ministerio de Trabajo, ascendían a octubre/97 a poco más de 300.000, sin contar aprendizaje, pasantía, períodos de prueba y los contratos de igual naturaleza del régimen de las PyME -Ley 24.467- sobre los cuales no hay registro.
Si proyectamos el referido universo, vamos a medir con claridad la relevancia de estas fórmulas y el impacto que han tenido en la disminución sustantiva de la tasa de desempleo, operada desde la entrada en vigencia de las mismas con la Ley 24.465, coincidente con el proceso post-tequila.
Es más, un año como 1997, de fuerte aumento del producto bruto interno, también implicó una extraordinaria cifra -desde el punto de vista histórico para la Argentina- de generación de empleos, mejorando la elasticidad empleo-producto y no cabe la menor duda de la fuerte incidencia que tuvieron en tal ecuación las formas de contratación temporal que hoy se intenta eliminar.
En segundo lugar, parecería lógico pensar que sólo se evitará la dualización del mercado de trabajo si la eventual supresión de las formas promovidas de contratación, va acompañada de una baja sustantiva en los costos indemnizatorios y de cargas sociales.
Pues bien, no se advierte que el anteproyecto comentado produzca sino algunas modificaciones positivas (eliminación de la integración del mes de despido y de la llamada "indemnización corta" de dos meses de sueldo íntegro), mientras que se encarece el preaviso para las PyME (que había sido reducido por la Ley 24.467) y se crean figuras como el despido arbitrario y abusivo (indemnización más cara y mayor litigiosidad), se incrementa el costo de la indemnización por despido en caso de fuerza mayor o disminución de trabajo, se reduce el período de prueba con impacto indemnizatorio y de cargas sociales, entre otras.
Como si ello no fuera suficiente, en el plano colectivo se mantiene la centralización de la negociación, aún más allá de lo que preveían todas las normas que históricamente regularon la materia, pues se le confiere a la Federación -y no al Sindicato- el derecho a negociar colectivamente, se privilegia el convenio centralizado por actividad e incluso se castiga al de empresa, tanto en lo que hace a la posibilidad de disponer de los temas que hoy son la sustancia de la negociación colectiva en materia de organización de tiempo de trabajo, etc.
y -finalmente- conservan la ultraactividad (a pesar de su equívoco texto) los principales convenios del 75 abarcando a más del 60% de la población laboralmente activa convencionada.
En relación a ello, es menester clarificar, ya que los defensores de la negociación centralizada lo omiten mencionar, que en la Argentina siguen vigentes los convenios de los años 70 por imperio de la ley que los hizo ultraactivos, careciendo de aplicabilidad real puesto que han "tolerado" una gran flexibilidad de hecho como única vía para la subsistencia de la propia realidad productiva.
En definitiva, muchos de estos convenios son hoy meramente nominales y han perdido su efectividad, aunque tengan vigencia legal.
Además, en estos casos, está claro que es imposible discutir un convenio único y masificado, en tiempos de diferenciación productiva, de especialización organizativa y de sistemas remuneratorios ligados a rendimiento, cuyos parámetros se diferencian no sólo de empresa a empresa sino -incluso- de establecimiento a establecimiento.
Salvo casos muy particulares de convenios de actividad o rama firmados en los últimos años, tales condiciones sólo se ven reflejadas -con mayor precisión- en los convenios por empresa, como incluso lo confirman las cifras del Ministerio de Trabajo al reconocer que en 1997 más del 80% de los convenios colectivos firmados fueron de empresa y no de actividad.
Sin embargo, la reforma proyectada (si podemos llamarla reforma) sólo considera que deben caer a su vencimiento los convenios de empresa y en ese caso a dichas empresas les sería aplicable el convenio de actividad, demostración inequívoca de querer imponer una centralización desmentida, olvidando la experiencia internacional en una economía globalizada y por ende fuertemente interdependiente, las necesidades productivas y los propios datos estadísticos a partir de las reformas estructurales encaradas en esta década.
Sería deseable esperar que un proceso que requiere adecuaciones en el campo laboral y que en este proyecto se agota en unos pocos temas, omitiendo otras cuestiones relevantes que hacen no sólo al trabajo sino a la seguridad social en la Argentina, merezca un replanteo pues el enfoque bajo el cual está signado este proyecto en modo alguno contribuirá a mayor y mejor empleo productivo.

3. Confirmando lo antepuesto, sí.

Dr. Enrique O. Rodríguez

1. Existen grandes problemas en la sociedad argentina que hacen al necesario desarrollo con eficiencia –correcta asignación de recursos a través del mercado y de un estado fuerte que regule, controle y brinde lo que le es propio-- y equidad –adecuada distribución del ingreso.
Son dos caras de la misma moneda.
Dos ejemplos en contrario son Brasil e Indonesia; ambos conocieron largos años de auge pero al no estar sustentado en una justa distribución, hoy sigue existiendo la miseria a la par que siguen en el lote de "atrasados".
La economía no es competitiva y distribuye al revés, cada día que pasa ganan menos los pobres y más los ricos.
Sobre el primer punto, después de 7 años de convertibilidad, los precios de la gran mayoría de bienes y servicios son caros, el perfil y volumen de nuestras exportaciones es el de un país muy atrasado, es escaso el desarrollo de los mercados de crédito y capitales, el propio régimen de conversión es de transición, en fin todo el conjunto de la economía sigue transitando por un camino de cornisa.
Sobre la equidad, nuestra sociedad pasó de un producto per cápita de $ 1.800 en 1991 a más de $ 8.800 en 1997, con una baja del 30% en el costo laboral por unidad de producto, pero en donde los desocupados más que se duplicaron, un 6% más de los ocupados está en situación precaria, aumentó considerablemente la sub y sobre ocupación y el salario real bajó un 10%.
Es de necesaria y urgente resolución:

l) el régimen y administración tributaria, en donde ante una no muy profunda aunque progresiva propuesta de reforma, quienes más evaden (no casualmente también quienes más baten el parche de "más flexibilidad") se abroquelan para defender el statu quo.

2) El costo de los servicios públicos y el control y regulación efectivo de los mercados de bienes y servicios privados de comportamiento mono y oligopólico.

3) El desempleo y el empleo precario, de mala calidad y de baja productividad.

4) La salud y

5) la educación de los argentinos.
En este marco, es necesaria una reforma laboral, pero no porque sea alto el costo laboral.
En términos relativos, es uno de los más bajos del mundo.
Alcanza en la industria u$s 5,20 por hora, similar al de Brasil (u$s 4,95) y Chile (u$s 4,21), muy lejos de Inglaterra (u$s 13,8) y mucho más de Alemania (u$s 31,9).

a) Es de necesidad y urgencia profundizar las medidas que reduzcan el desempleo.
La caída del 18 al 13% no significa que la batalla terminó, ni mucho menos, más teniendo en cuenta que gran parte del empleo creado es de emergencia estatal de cortísimo plazo.

b) Los trabajadores en negro son alrededor del 40% de la fuerza laboral argentina.
Casi la mitad de la economía argentina se rige por las normas que tenía el sudeste asiático 20 años atrás, la nada.
Es una de las peores formas de precarización del empleo y afecta la recaudación.

c) Puestos de trabajo de calidad son condición necesaria para revertir el constante incremento de la pobreza y la desigualdad.
Es necesaria una reforma que otorgue a la relación de trabajo continuidad, certidumbre y condiciones dignas.
La vieja modalidad de trabajo taylorista-fordista se quebró, pero nada indica que el trabajo hoy deba ser realizado en condiciones de precariedad, incertidumbre y sobreexplotación.
Es totalmente injusto que, con bajos salarios, la jornada de trabajo sea extenuante, sin posibilidad de defenderse de la arbitrariedad del empleador, sin que se asegure una jubilación digna ni una obra social.
Pero también es ineficiente para sustentar un sendero cierto de productividad económica.

d) Profunda reforma del sistema de la Seguridad Social, fortaleciendo el régimen de reparto y reduciendo substancialmente, en 3 ó 4 años, el costo de la administración de los fondos de capitalización.

e) La articulación, descentralización y ampliación de las atribuciones de la negociación colectiva son tan necesarias como el fortalecimiento de los sujetos que negocian.
El desplazamiento del sujeto de una cámara empresarial a una empresa no debilita al actor empresario, pero no ocurre lo mismo cuando se pasa de un sindicato con personería gremial a una comisión de fábrica desvinculada de las organizaciones obreras.
Un tercer objetivo, en este ámbito de relaciones colectivas de trabajo, es la introducción de cambios que promuevan un modelo sindical más moderno, con personerías que lo fortalezcan, pero también con mecanismos que recuperen la participación y confrontación democrática de ideas y estilos.

f) Eficientizar y capitalizar el sistema de Obras Sociales, pero resguardar el papel del estado como responsable de la política sobre salud, garantizando el control de los trabajadores y beneficiarios.

g) La solución de todos estos problemas tiene un prerrequisito: el fortalecimiento de la capacidad extractiva, regulatoria y de control del estado porque, si bien por los grandes números sabemos que se ha producido una brutal transferencia de ingresos desde los consumidores y trabajadores a las empresas, no se trata de hacer tabla rasa sino de saber fehacientemente todos los trabajadores y sus contratos, los desocupados, la estructura de costos de las empresas de servicios públicos, la estructura de costos y precios de los mercados de bienes y servicios privados, de desregular en serio lo que se hizo a medias y de regular eficientemente tarifas de los monopolios naturales.

2. Es un proyecto incompleto y será ineficaz para solucionar tan sólo uno de los problemas y objetivos que expuse anteriormente.
Pero es necesario decir que el proyecto de reforma laboral presentado por el Grupo de los 8 significa profundizar la precarización laboral.

3. Son absolutamente dependientes, tanto como lo están las reformas necesarias al mercado de trabajo con las reformas pendientes en lo macro, en lo microeconómico, en la educación y en lo político.
Por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria, tal como fue originalmente presentado, significaba un avance hacia una mayor empleabilidad de la mano de obra y una más progresiva imposición, aunque también es parcial en tanto no resuelve, tal vez profundiza, el desfinanciamiento de la Seguridad Social.

Dr. Carlos A Tomada

1. En el actual contexto, cualquier reforma laboral debería estar orientada a la defensa del empleo estable.
Surge claro de la experiencia internacional que la inseguridad en el empleo ha tenido efectos negativos, obviamente sobre la situación de los asalariados, pero también sobre la involucración de los trabajadores, la formación, la productividad y el consumo.
En ese sentido se orientan los cambios laborales en otros países.
En el recientemente publicado texto "El mundo del Trabajo -- Relaciones Laborales – Democracia y Cohesión Social" de la O.I.T.
se expresa con fundamento estadístico y analítico algunos datos que merecerían tenerse en cuenta.
Los dos grandes temas socioeconómicos que preocupan al mundo son el desempleo y la desigualdad en la distribución de los ingresos.
Si al mismo tiempo se verifica que en aquellos países con menos sindicalización es donde se observan menores salarios y mayor aumento de la desigualdad, podemos ir concluyendo que una reforma antisindical no aparece conveniente para un país que necesita recuperar sus niveles de integración social.
Por otra parte, el cambio tecnológico y las nuevas formas de organización del trabajo, son un dato insoslayable de este estadio de la economía y la producción en el mundo y en nuestro país.
La necesaria adaptación debe contar con consenso social y participación de los involucrados (empresas y trabajadores); en caso contrario, la sustentabilidad de los cambios será dificultosa.
Sólo la expansión de la negociación colectiva permitirá una articulación de niveles e intereses.
Aunque parezca una definición por la negativa, cualquier reforma debe evitar:

a) la precarización del empleo,

b) el desequilibrio en la negociación colectiva y

c) el debilitamiento del sindicato.

2. En primera instancia, me parece que éstos no son tiempos para encarar una reforma laboral.
La "politización" excesiva de un tema que afecta a los trabajadores en su cotidianeidad requiere otro contexto y otras posibilidades de acuerdos.
La experiencia indica que las normas laborales para ser eficaces requieren de un consenso social y político, que hoy parece difícil de alcanzar.
Aclarado esto y para no rehuir la pregunta, entiendo que esta reforma tiene algunos aspectos interesantes que tienden a instalar el debate en el lugar correcto: deroga las modalidades promovidas, reglamenta un verdadero contrato de aprendizaje y reafirma el rol sindical en la negociación colectiva.

3. Lamentablemente en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de los "objetivos" de las reformas laborales; por ejemplo, señalando que apuntaban a generar más empleo, a aumentar la competitividad de nuestra economía, a modernizar nuestro sistema de relaciones laborales, entre otros.
Hoy parecería que en realidad lo único que se pretendía es bajar costos.
En ese sentido, no parece suficientemente demostrado (al menos con fundamento) que la reducción de costos debe iniciarse por los costos laborales.
Hay otros (servicios, insumos, infraestructura) que influyen más en el logro de una adecuada competitividad y en el crecimiento de nuestra producción.
No obstante y sin entrar acá en la polémica de si son o no "impuestos al trabajo", creo que su posible reducción debe ser considerada independientemente de la reforma laboral y con suficientes recaudos que garanticen el sostenimiento fluido de los servicios que cubren.
En principio, no se observan claramente los mecanismos de financiación de las jubilaciones y pensiones, así como la atención de la salud de nuestros jubilados.
Excluyo los aportes y contribuciones para el sistema de salud de los trabajadores, porque una nueva reducción o la pérdida de la identidad de origen significaría un golpe de gracia, con consecuencias muy graves, para el funcionamiento del sistema de salud en general.
Y me pregunto, en tiempos en que es tan necesaria una red de contención social, ¿será razonable y justo quitarle el financiamiento?