la recaudación neta del IVA se redujo 1,7% respecto de octubre de 1997, a pesar de que lo ingresado por la DGI disminuyó 2,1% y lo recaudado por la DGA cayó 13,5%;Un complicado cierre del año fiscal
Las cifras de la recaudación tributaria de octubre mostraron un total superior en 0,3% al registrado en igual mes de 1997.
En principio, esta variación resultaría bastante auspiciosa considerando la notoria desaceleración del nivel de actividad económica y particularmente, del consumo privado.
Sin embargo, la desagregación correspondiente permite detectar algunos factores explicativos que despiertan cierto grado de preocupación:
la recaudación neta del IVA se redujo 1,7% respecto de octubre de 1997, a pesar de que lo ingresado por la DGI disminuyó 2,1% y lo recaudado por la DGA cayó 13,5%;
la explicación de esa diferencia radicó en una baja de las devoluciones del IVA de 21,5%, lo cual ha dado lugar a insistentes reclamos de los sectores exportadores;
los tributos al comercio exterior cayeron 13,6%, reflejando básicamente una reducción de las importaciones, tendencia que podría incrementarse en los meses siguientes;
el comienzo de aplicación del monotributo -que aportó unos $ 56 millones en octubre-, incluyó en la práctica un doble pago de seguridad social en ese mes.
Los puntos anteriores se ven al menos relativizados por el hecho de que este año el mes de octubre contó con dos días hábiles menos que en 1997.
Asimismo, son destacables las variaciones positivas que presentaron en ese mes el impuesto a los bienes personales y las contribuciones patronales a la seguridad social.
En la ejecución con base caja de la Tesorería General de la Nación, el mes de octubre presentó un resultado financiero negativo de $ 310 millones, inferior en 9,6% al observado en octubre de 1997.
Ese resultado incluye el déficit de las cajas de jubilación provinciales transferidas a la Nación, el cual está comprendido dentro de la meta de déficit fiscal acordada con el FMI.
Cabe señalar que en ese mes se contó con mayores ingresos de capital por cerca de $ 80 millones.
Por otro lado, en los primeros nueve meses del año el resultado global del sector público no financiero fue negativo en $ 2.624 millones, nivel que frente a los 2.750 millones del programa con el FMI, arroja una diferencia de 126 millones como sobrecumplimiento que se podrá computar en el cuarto trimestre.
El resultado citado se pudo alcanzar merced al superávit cuasifiscal de $ 199 millones obtenido por el Banco Central por intereses de la colocación de las reservas internacionales, concepto incluido dentro de la meta fiscal con el Fondo.
Para todo 1998, la brecha fiscal comprometida con el FMI es de $ 3.500 millones, incluyendo para el último trimestre una meta de 750 millones, la cual -dado el sobrecumplimiento mencionado- podría ampliarse a 876 millones.
Considerando el déficit presentado en octubre, al menos por la Tesorería, se comprende que “habrá un cierre del año fiscal complicado”, como expresara recientemente el viceministro de Economía.
En este contexto es que el Gobierno decidió reducir las autorizaciones de gastos correspondientes al último trimestre en unos $ 300 millones, monto que se irá ajustando según la evolución de los ingresos.
Este recorte se agrega así a la contracción de las obras públicas dispuesta a principios de año y a la disminución de gastos en $ 1.000 millones aprobada en julio último.
A su vez, la AFIP adoptó una serie de medidas que, incluyendo las vigentes en un futuro próximo, comprende el discutido aumento de las exigencias financieras en los planes de facilidades de pago; la presentación del número de CUIT, CUIL o CDI en la compra de bienes registrables; el incremento de las retenciones a las importaciones; el embargo directo, vía Internet, de las cuentas bancarias de contribuyentes con deudas firmes; la fecha de vencimiento de las facturas de los contribuyentes; la suspensión de la inscripción en la DGI a los contribuyentes sin movimientos impositivos durante tres años; el domicilio fiscal será donde el contribuyente realice su actividad principal; las empresas deberán informar sobre los empleados que ganen más de $ 20.000 mensuales.
Política de financiación pública anticipada
Con la emisión de una ampliación del Bono Global 2017 por u$s 250 millones, afirmada luego por la colocación de un bono en marcos a 10 años por el equivalente a unos u$s 300 millones -realizadas ambas en la segunda quincena de octubre-, el país volvió a los mercados internacionales de capital, luego de la crisis rusa de mediados de agosto.
Para atender sus necesidades de financiación, el Gobierno efectuó con posterioridad la colocación de diversas obligaciones en los mercados externos e interno, observándose en las últimas operaciones una reducción de las elevadas tasas de interés previas.
A ello contribuyó la percepción sobre la situación financiera del país en el contexto de los mercados emergentes -observable en las menores tasas de riesgo-país- y principalmente, la favorable evolución de la crisis internacional.
Los organismos financieros internacionales también han contribuido al cierre de la brecha fiscal del país, habiendo aprobado el Banco Mundial en la primera mitad de noviembre un préstamo por u$s 2.500 millones para afrontar vencimientos de la deuda pública, destino inusual en los créditos de este organismo.
Se prevé que los primeros 1.000 millones estén disponibles a mediados de noviembre y otros 1.000 millones, en marzo próximo.
Con igual destino, se está negociando un préstamo del BID por u$s 1.500 millones, estimándose que en diciembre ingresaría un primer tramo de 1.000 millones.
La conducción económica prevé continuar con su política de endeudamiento durante el próximo año, considerando que sus estimaciones apuntan a un total de u$s 14.150 millones de necesidades financieras compuestas por 11.000 millones de amortizaciones de deuda y el resto básicamente por el déficit fiscal previsto.
También tiene como objetivo anticipar la financiación necesaria, a fin de constituir una reserva de tres meses antes de entrar en el proceso electoral, manteniéndose la misma hasta fin de 1999 al menos.
Con respecto a la privatización del 25% del paquete accionario del Banco Hipotecario Nacional y el 15% de YPF, se prevé que ello genere recursos adicionales en el primer trimestre de 1999, los cuales serían utilizados -vía fondos fiduciarios- para cubrir necesidades fiscales durante el segundo semestre de 1999.