Análisis Global
Nuevas proyecciones macroeconómicas El Gobierno
nacional ha elevado recientemente un nuevo “memorando de política económica”
al FMI, que reformula en varios aspectos el que había sido aprobado por
dicho organismo en marzo del corriente año. El nuevo documento modifica algunas
proyecciones claves del comportamiento macroeconómico esperado y expresa la
visión y el accionar oficial en otros aspectos relevantes.
En primer lugar y a la luz de lo acontecido en el primer semestre, se estima
una reducción en el ritmo de crecimiento del PIB al 2% o menos para todo
el año 2000, cuando en la carta originaria se había pautado un 3,5%. Puede estimarse
que algunas medidas adoptadas -incremento de impuestos, reducción del gasto
público- afectaron las posibilidades y las expectativas de crecimiento y que
la salida de la recesión será muy gradual.
En consonancia con la nueva proyección del PIB también se han alterado las metas
presupuestarias, de manera que el déficit del sector público nacional
se prevé ahora, para el corriente año, en $ 5.300 millones (aproximadamente
1,8% del PIB), o sea 600 millones más que la estimación inicial. Las autoridades
económicas han señalado, probablemente con razón, que los mercados ya habían
descontado que el déficit sería superior en la realidad y que, por lo tanto,
el reconocimiento no tendría consecuencias adicionales sobre la tasa de riesgo-país.
El citado nivel de déficit para el presente año será posible -se afirma en el
memorando- por un moderado incremento de los ingresos tributarios en el segundo
semestre, a raíz de una gradual recuperación de la producción, un cierto
afianzamiento de los precios -ya que la deflación erosiona gran parte de la
base imponible- y los efectos de la moratoria impositiva.
A dicho objetivo también contribuiría, por el lado de los egresos, un
menor nivel de gastos en el segundo semestre que el programado originalmente,
lo cual se refleja en metas de gasto primario para el tercer y cuarto trimestres
más bajas que las previstas en el memorando anterior.
Al mismo tiempo, se estableció un incremento del desequilibrio fiscal global
de las provincias, de $ 2.200 a 2.900 millones (aproximadamente 0,9% del
PIB) para el año en curso, al tiempo que se fijó el mantenimiento del gasto
nominal en los próximos años, para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas
provinciales en su conjunto en 2003. Estos últimos compromisos resultan poco
más que una expresión de deseos por parte del Gobierno nacional, en la medida
que no existen acuerdos con todas las provincias. Sin embargo, el reciente convenio
suscripto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires resulta de alta significación
por la incidencia de esta última en el conjunto de los estados provinciales.
Con relación a las
proyecciones para el año 2001, el compromiso del Gobierno nacional con
el FMI establece una reducción del déficit fiscal a $ 4.100 millones
(aproximadamente 1,4% del PIB), en el marco de un previsto incremento del
PIB de 3,7%, que juntamente con una mejora en la administración tributaria,
debería provocar un aumento más que proporcional de la recaudación.
De todos modos, para el próximo año debe computarse un incremento autónomo del
gasto -básicamente por mayores intereses de la deuda pública- del orden
de los
$ 2.000 millones. En consecuencia, aún previendo una mejor recaudación impositiva,
el Poder Ejecutivo, propone efectuar un nuevo ajuste -reduciendo el gasto primario
en
$ 700 millones- en el proyecto de presupuesto para 2001 elevado ya al Congreso.
Cabe esperar que los ajustes propuestos no tendrán un trámite fácil, ya que
incluirían áreas como el Fondo del Tabaco, la Policía Federal, el Poder Legislativo
y los subsidios a los combustibles en la Patagonia. Por otro lado, el proyecto
podría incluir un aumento gradual del IVA a la televisión por cable y una gradual
eliminación del impuesto sobre los intereses de los préstamos tomados por empresas.
Reformas estructurales
En el memorando presentado
al FMI se incluyen diversas “reformas estructurales” que el Gobierno está desarrollando.
Con respecto a lo ya avanzado en la materia, se menciona la reforma laboral
sancionada en mayo; el proyecto de ley para reducir la evasión tributaria -parcialmente
aprobado por decreto-; la sanción de leyes que crean un fuero judicial y secretarías
especiales para acelerar el cobro de deudas tributarias en mora; el proyecto
legislativo de reformas al sistema de seguridad social; el decreto de consolidación
y extensión de la competencia en las obras sociales, y el programa de viabilidad
financiera y mejoras en el PAMI.
En una segunda parte del citado documento se enuncian “nuevas reformas estructurales
en otras esferas importantes”. Al respecto, el Gobierno está tratando de
lograr un nuevo acuerdo con las provincias, tendiente a reducir su déficit
fiscal global para alcanzar el equilibrio en 2003, congelar durante un quinquenio
el gasto nominal a los niveles de 2000, establecer límites para la deuda de
las provincias y establecer un Fondo Fiduciario Federal de Asistencia Social.
También se reafirmaría el compromiso de presentar al Congreso dentro del corriente
año una propuesta de reforma del régimen de coparticipación de impuestos,
la cual regiría al caducar el actual Pacto Federal a fin de 2001.
Con un grado de avance mayor, el Gobierno está promoviendo un marco legal -actualmente
en tratamiento en el Congreso- para incorporar al sector privado en
el desarrollo de la infraestructura básica, con lo cual los contratistas
privados se encargarían de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de
las obras, que alquilarían al Gobierno una vez terminadas. Se incluiría la creación
de un fondo con activos públicos para otorgar garantías y así disminuir los
costos financieros de los contratistas.
Con respecto a los servicios públicos -además de mencionar el avance
en la desregulación de las telecomunicaciones-, se apunta que el Gobierno se
halla trabajando en colaboración con las empresas que operan en esos sectores,
con el objetivo de eliminar la indexación de las tarifas por índices de precios
de Estados Unidos.
Con miras a estimular el desarrollo del mercado financiero interno, se
está tratando de introducir nuevos instrumentos financieros y fortalecer el
marco normativo para los intermediarios no bancarios. Con relación al Banco
Central, se trata de obtener la sanción de cambios a su carta orgánica, respecto
de su intervención con entidades financieras que atraviesen dificultades.
En la esfera social, a fin de mejorar la situación de los desocupados
y los pobres, se está mejorando la administración de los recursos, dando más
transparencia a la selección de beneficiarios y concentrando la asistencia en
los jefes de familia.
Con relación a la pequeña y mediana empresa, se afirma que la ley sancionada
en agosto ayudará a “corregir las imperfecciones del mercado” que impiden su
desarrollo. Para ello se pondrán en marcha los dos fondos creados para garantizar
los préstamos y para aportar capital de riesgo. Además, se establecerán partidas
presupuestarias para subsidiar parcialmente las respectivas tasas de interés
y se impulsará la formación de consorcios para facilitar las exportaciones de
estas empresas.
En materia de comercio exterior se indica que el Gobierno está aplicando
una política de apertura dentro y fuera del MERCOSUR. En este ámbito de integración
se prevé eliminar a fines de año la sobretasa de 3% aplicable al arancel externo
común. Asimismo, se está impulsando la institucionalización de mecanismos para
resolver diferencias comerciales y para asegurar una mayor convergencia macroeconómica.