El Gobierno nacional ha elevado recientemente un nuevo “memorando de política económica” al FMI, que reformula en varios aspectos el que había sido aprobado por dicho organismo en marzo del corriente año. El nuevo documento modifica algunas proyecciones claves del comportamiento macroeconómico esperado y expresa la visión y el accionar oficial en otros aspectos relevantes.

En primer lugar y a la luz de lo acontecido en el primer semestre, se estima una reducción en el ritmo de crecimiento del PIB al 2% o menos para todo el año 2000, cuando en la carta originaria se había pautado un 3,5%. Puede estimarse que algunas medidas adoptadas -incremento de impuestos, reducción del gasto público- afectaron las posibilidades y las expectativas de crecimiento y que la salida de la recesión será muy gradual.

En consonancia con la nueva proyección del PIB también se han alterado las metas presupuestarias, de manera que el déficit del sector público nacional se prevé ahora, para el corriente año, en $ 5.300 millones (aproximadamente 1,8% del PIB), o sea 600 millones más que la estimación inicial. Las autoridades económicas han señalado, probablemente con razón, que los mercados ya habían descontado que el déficit sería superior en la realidad y que, por lo tanto, el reconocimiento no tendría consecuencias adicionales sobre la tasa de riesgo-país.

El citado nivel de déficit para el presente año será posible -se afirma en el memorando- por un moderado incremento de los ingresos tributarios en el segundo semestre, a raíz de una gradual recuperación de la producción, un cierto afianzamiento de los precios -ya que la deflación erosiona gran parte de la base imponible- y los efectos de la moratoria impositiva.

A dicho objetivo también contribuiría, por el lado de los egresos, un menor nivel de gastos en el segundo semestre que el programado originalmente, lo cual se refleja en metas de gasto primario para el tercer y cuarto trimestres más bajas que las previstas en el memorando anterior.

Al mismo tiempo, se estableció un incremento del desequilibrio fiscal global de las provincias, de $ 2.200 a 2.900 millones (aproximadamente 0,9% del PIB) para el año en curso, al tiempo que se fijó el mantenimiento del gasto nominal en los próximos años, para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas provinciales en su conjunto en 2003. Estos últimos compromisos resultan poco más que una expresión de deseos por parte del Gobierno nacional, en la medida que no existen acuerdos con todas las provincias. Sin embargo, el reciente convenio suscripto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires resulta de alta significación por la incidencia de esta última en el conjunto de los estados provinciales.

Con relación a las proyecciones para el año 2001, el compromiso del Gobierno nacional con el FMI establece una reducción del déficit fiscal a $ 4.100 millones (aproximadamente 1,4% del PIB), en el marco de un previsto incremento del PIB de 3,7%, que juntamente con una mejora en la administración tributaria, debería provocar un aumento más que proporcional de la recaudación.

De todos modos, para el próximo año debe computarse un incremento autónomo del gasto -básicamente por mayores intereses de la deuda pública- del orden de los
$ 2.000 millones. En consecuencia, aún previendo una mejor recaudación impositiva, el Poder Ejecutivo, propone efectuar un nuevo ajuste -reduciendo el gasto primario en
$ 700 millones- en el proyecto de presupuesto para 2001 elevado ya al Congreso.

Cabe esperar que los ajustes propuestos no tendrán un trámite fácil, ya que incluirían áreas como el Fondo del Tabaco, la Policía Federal, el Poder Legislativo y los subsidios a los combustibles en la Patagonia. Por otro lado, el proyecto podría incluir un aumento gradual del IVA a la televisión por cable y una gradual eliminación del impuesto sobre los intereses de los préstamos tomados por empresas.

Reformas estructurales

En el memorando presentado al FMI se incluyen diversas “reformas estructurales” que el Gobierno está desarrollando. Con respecto a lo ya avanzado en la materia, se menciona la reforma laboral sancionada en mayo; el proyecto de ley para reducir la evasión tributaria -parcialmente aprobado por decreto-; la sanción de leyes que crean un fuero judicial y secretarías especiales para acelerar el cobro de deudas tributarias en mora; el proyecto legislativo de reformas al sistema de seguridad social; el decreto de consolidación y extensión de la competencia en las obras sociales, y el programa de viabilidad financiera y mejoras en el PAMI.

En una segunda parte del citado documento se enuncian “nuevas reformas estructurales en otras esferas importantes”. Al respecto, el Gobierno está tratando de lograr un nuevo acuerdo con las provincias, tendiente a reducir su déficit fiscal global para alcanzar el equilibrio en 2003, congelar durante un quinquenio el gasto nominal a los niveles de 2000, establecer límites para la deuda de las provincias y establecer un Fondo Fiduciario Federal de Asistencia Social. También se reafirmaría el compromiso de presentar al Congreso dentro del corriente año una propuesta de reforma del régimen de coparticipación de impuestos, la cual regiría al caducar el actual Pacto Federal a fin de 2001.

Con un grado de avance mayor, el Gobierno está promoviendo un marco legal -actualmente en tratamiento en el Congreso- para incorporar al sector privado en el desarrollo de la infraestructura básica, con lo cual los contratistas privados se encargarían de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, que alquilarían al Gobierno una vez terminadas. Se incluiría la creación de un fondo con activos públicos para otorgar garantías y así disminuir los costos financieros de los contratistas.

Con respecto a los servicios públicos -además de mencionar el avance en la desregulación de las telecomunicaciones-, se apunta que el Gobierno se halla trabajando en colaboración con las empresas que operan en esos sectores, con el objetivo de eliminar la indexación de las tarifas por índices de precios de Estados Unidos.

Con miras a estimular el desarrollo del mercado financiero interno, se está tratando de introducir nuevos instrumentos financieros y fortalecer el marco normativo para los intermediarios no bancarios. Con relación al Banco Central, se trata de obtener la sanción de cambios a su carta orgánica, respecto de su intervención con entidades financieras que atraviesen dificultades.

En la esfera social, a fin de mejorar la situación de los desocupados y los pobres, se está mejorando la administración de los recursos, dando más transparencia a la selección de beneficiarios y concentrando la asistencia en los jefes de familia.

Con relación a la pequeña y mediana empresa, se afirma que la ley sancionada en agosto ayudará a “corregir las imperfecciones del mercado” que impiden su desarrollo. Para ello se pondrán en marcha los dos fondos creados para garantizar los préstamos y para aportar capital de riesgo. Además, se establecerán partidas presupuestarias para subsidiar parcialmente las respectivas tasas de interés y se impulsará la formación de consorcios para facilitar las exportaciones de estas empresas.

En materia de comercio exterior se indica que el Gobierno está aplicando una política de apertura dentro y fuera del MERCOSUR. En este ámbito de integración se prevé eliminar a fines de año la sobretasa de 3% aplicable al arancel externo común. Asimismo, se está impulsando la institucionalización de mecanismos para resolver diferencias comerciales y para asegurar una mayor convergencia macroeconómica.