La superposición de la crisis económica -expresada por la situación recesiva imperante- y de la crisis política a partir de la renuncia del vicepresidente de la Nación, eclosionó a principios de noviembre con una fuerte suba de la tasa de riesgo-país, que se ubicó en casi 1.000 puntos básicos (10% de sobretasa).

Simultáneamente, las elevadas tasas de interés solicitadas por los bancos para tomar Letras de Tesorería -los rendimientos exigidos oscilaron entre 13% y 16% anual, según los plazos de colocación- alertaron sobre la posibilidad de un “default” y obligaron al Gobierno a anunciar nuevas medidas de ajuste y solvencia fiscal.

En verdad, el Gobierno comenzó reconociendo que las proyecciones presupuestarias para el año 2001 pecaban de exageradamente optimistas y que en consecuencia, era necesario modificar la Ley de Solvencia Fiscal, haciendo más laxas las metas en el corto plazo y extendiendo el horizonte para alcanzar el equilibrio fiscal, del año 2003 al 2005.

Al mismo tiempo, se propuso alcanzar un acuerdo con los gobernadores provinciales para congelar el gasto primario- es decir, antes del pago de intereses de la deuda- hasta el año 2005. Esta postura refuerza la posición del FMI, que ya desde hace algunos años insiste en la necesidad de incorporar a las provincias en las metas de ajuste fiscal.

Finalmente, el acuerdo se alcanzó al permitirse a las provincias incrementar temporalmente el gasto, ante situaciones de emergencia en las áreas de salud, educación y seguridad.

Entre los principales anuncios, cabe consignar además, los siguientes:

l reforma previsional con la eliminación de la prestación básica universal (PBU), la fijación de un haber mínimo de $ 300 para los futuros jubilados, el incremento progresivo de la edad jubilatoria para la mujer a los 65 años y la supresión del sistema estatal de reparto para los nuevos aportantes;
l desregulación del sistema de obras sociales, a partir del próximo año;
l eliminación del impuesto a los intereses pagados en el año 2002, y
l tercerización al sector privado del cobro de algunos impuestos y contribuciones.

Pero sin duda, la información más impactante para los mercados financieros está constituída por la aplicación de un nuevo programa preventivo de asistencia financiera al Gobierno argentino, por un monto aún no especificado pero de magnitud considerable. El préstamo sería liderado por el FMI -a través de la denominada “Facilidad de Reserva Suplementaria”- e incluiría también recursos de otros organismos internacionales (Banco Mundial, BID) y de bancos y AFJP locales. No existe confirmación, en cambio, sobre el eventual apoyo de los gobiernos de algunas naciones desarrolladas.

La significación del anuncio del préstamo (o “blindaje financiero”, en la jerga cotidiana) guarda vinculación con la magnitud de la financiación -por los vencimientos de capital y el déficit fiscal que debe obtener el gobierno nacional en el año 2001. El total anual asciende a una suma del orden de los u$s 21.000 millones, con una fuerte concentración de las obligaciones en el primer trimestre.

En definitiva, queda claro que el blindaje financiero puede ayudar a descomprimir las turbulencias y desconfianzas que los bonos argentinos experimentaron en las últimas semanas, pero también es indudable que los problemas de fondo de nuestra economía -los que están vinculados con la producción, el empleo y la competitividad- siguen sin resolución o, lo que es más grave, deteriorándose gradualmente.

En tales circunstancias, nuevos apoyos financieros parecen siempre insuficientes y de alcance temporal más reducido, en la medida que no se enfrente la debilidad que expone el lado real de la economía argentina.

Medidas de estímulo a las inversiones

A mediados de noviembre fue sancionada la ley de cambios impositivos tendientes a reducir a las empresas los costos de invertir en el país. Dichos cambios habían sido anunciados dentro de un conjunto más amplio, lanzado por el Gobierno el 23 de octubre pasado.

En el impuesto a los intereses pagados, la alícuota de 15% disminuirá a 10% desde el 1 de enero y a 8% a partir del 1 de julio; también se flexibiliza su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias e incluso, del impuesto a la ganancia mínima presunta. Se faculta al Poder Ejecutivo a reducir o eliminar transitoriamente este impuesto.

En el IVA, los créditos fiscales originados en la compra, elaboración o importación de bienes de capital -que luego de doce meses mantuvieran un saldo a favor-, podrán ser acreditados contra otros impuestos o bien solicitar su devolución.

En el impuesto a la ganancia mínima presunta, el plazo para computarlo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias se extiende de cuatro a diez ejercicios.

En el impuesto a los bienes personales, se eliminan de la base imponible las acciones que cotizan en bolsas locales hasta la suma de $ 100.000, con el requisito de que la inversión-aceptándose cambios de las acciones- permanezca en el patrimonio durante todo el período fiscal.

A fin de que las reducciones impositivas no incrementen el déficit, se anunció que su costo fiscal estará cubierto durante el primer año y parte del segundo por ingresos provenientes de la prórroga de concesiones de gas y petróleo; la privatización de 50% de la AFJP y el grupo de seguros del Banco Nación, y la venta de inmuebles del Estado.

Según la estimación oficial, las medidas de estímulo se reflejarán en un aumento de entre tres y cuatro puntos porcentuales en la tasa de rentabilidad de los proyectos de inversión.

Por otro lado, se decidió que a partir del 1 de enero próximo se reducirán a 9,2% -el menor nivel vigente- las contribuciones patronales a las empresas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, se creará un grupo de trabajo para la promoción de estas actividades, en las que se proyecta que “el país debe convertirse en el líder regional”. También se anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para promover la reconversión productiva regional en el agro y el turismo.

El conjunto de medidas en marcha procura alentar las decisiones privadas de inversión, en un contexto en que ésta viene presentando en el año una firme tendencia decreciente, después de una baja estimada en 9% durante 1999.

La información disponible sobre comercio exterior confirma dicha tendencia, observándose que la importación de bienes de capital por u$s 4.354 millones en los primeros nueve meses del año, significó una caída de 14% respecto de igual lapso de 1999.

Ahora bien, este conjunto de medidas representa un cambio en la orientación de la política económica del actual gobierno. Condicionado al inicio por la comprometida situación heredada de las cuentas públicas, se instrumentó el ajuste fiscal de diciembre y luego -ante las mayores restricciones en el mercado internacional de capitales-, un segundo ajuste en mayo, ambos con el beneplácito del FMI, de sectores financieros y de gran parte de los analistas económicos.

De este énfasis en una política fiscal restrictiva y ante la continuada debilidad de las cuentas públicas y del nivel de actividad, se pasó en octubre a la adopción de rebajas impositivas -que contaron con similares apoyos internos y externos- orientadas a reanimar el proceso de inversión, el cual se halla lógicamente condicionado en el muy corto plazo por la evolución del complicado cuadro económico general.