La crisis de marzo

El conjunto de medidas anunciadas por el Ministro de Economía a mediados de marzo pasado -cuya síntesis se expone en la página siguiente-, provocaron un notable incremento de la conflictividad política y social y transformaron la crisis económica en una crisis de gobernabilidad.

La falta de propuestas vinculadas con la reactivación productiva y el núcleo del ajuste fiscal puesto sobre el gasto en educación y sobre las provincias, fueron los detonantes principales del conflicto. Además el Gobierno volvía a reiterar -después de casi 3 años de recesión- un esquema de política económica sin consenso, esto es, reducir el gasto público sin ninguna medida simultánea en favor de la reactivación y el incremento de la competitividad.

El planteo teórico del equipo conducido por López Murphy era, una vez más, que la reducción del desequilibrio fiscal permitiría una baja del riesgo-país que, al provocar menores tasas de interés, induciría la reactivación productiva. El argumento utilizado como justificación en la práctica era el desvío en las cuentas fiscales del primer trimestre, en más de $ 700 millones con respecto a lo comprometido ante el FMI.

Pero el desglose de las cifras que explican dicho desvío expresa, al mismo tiempo, una cierta contradicción con el planteo teórico. En efecto, casi $ 300 millones de la diferencia apuntada eran por caída de la recaudación impositiva, reflejo indudable del magro nivel de actividad verificado en el primer trimestre del año en curso.

El rechazo generalizado a la propuesta basada exclusivamente en el ajuste fiscal constituye, muy probablemente, el principal dato político-económico de los episodios registrados en el mes de marzo. Es que después de cinco años de políticas limitadas sólo a ajuste fiscal más “piloto automático” y visto los resultados en materia de vulnerabilidad económica y deterioro social, gran parte de la población y de la dirigencia han formulado su rechazo a esa orientación de la economía.

De todos modos, el problema existente es grave y, consecuentemente, las soluciones son de alta complejidad, no ya sólo en cuanto a la naturaleza de las medidas económicas que puedan adoptarse, sino también por la significativa pérdida de confiabilidad en el Gobierno, tanto por parte de agentes económicos locales como extranjeros.

Precisamente, la debilidad del Gobierno es lo que explica la designación del Dr. Cavallo al frente de la cartera económica, a pesar de las fuertes críticas que recibió dicho funcionario cuando estuvo al frente de la gestión económica, por parte de los partidos políticos que hoy conforman la alianza gobernante.

En sus primeras manifestaciones, la nueva conducción económica ha resuelto dejar sin efecto las medidas de reducción del gasto público presentadas el 16 de marzo pasado, aunque ello no implica desconocer la magnitud del problema fiscal. El enfoque, sin embargo, consistiría ahora en acompañar un recorte de gastos con otras acciones como, por ejemplo, la lucha contra la evasión impositiva y aduanera.

Es factible prever, por último, que a medida que se aleje la posibilidad del riesgo de cesación de pagos o “default”, la conducción económica plantee otras acciones -como una rebaja de impuestos, por ejemplo- que permitan apoyar la reactivación de la economía y alentar una mejora de la competitividad. En tal caso, el Gobierno podría contar con un mayor apoyo político, elemento vital en estas circunstancias.

El reciente programa económico

El programa económico anunciado por el anterior ministro de Economía el 16 de marzo se asentaba en tres pilares, cuya instrumentación correspondería en parte directamente al Poder Ejecutivo y en parte requeriría la consideración del Poder Legislativo.

a) Medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal.

Estas medidas significarían reducciones de gasto y de exenciones tributarias que sumarían este año casi $ 2.000 millones, monto que sería compartido entre la Nación y las provincias.

El Estado nacional encararía una disminución del gasto de $ 890 millones. El principal ajuste correspondería a una reducción de $ 361 millones en las transferencias a las universidades, equivalente a 20 % de lo presupuestado.

Otras bajas del gasto corresponderían a la ANSES por varios conceptos y la eliminación de diversos programas en los Ministerios de Salud y de Economía.

La eliminación de tratamientos impositivos especiales comprendía diversas exenciones y adecuación de tasas en IVA y ganancias, además del subsidio a las naftas patagónicas y el Fondo Especial del Tabaco, que se reasignarían al Ministerio de Educación.

Por otro lado, la reducción de transferencias a las provincias sumarían $ 968 millones, integrados en su gran mayoría por la sustitución del fondo de incentivo docente, que implicaría 770 millones.

Finalmente, se requirió la aprobación legislativa de los decretos de necesidad y urgencia relativos a la reforma de los regímenes previsional y de obras sociales.

b) Reforma estructural del Estado.

Se proponía una reorganización integral, que implicaría una reducción del aparato estatal -incluyendo la transferencia de recursos humanos al sector privado- y que permitiría el consiguiente ahorro permanente.

De éste, se dedicaría un 50% a reducir impuestos, en la medida que se lograra controlar el déficit fiscal. Una vez instrumentada la reforma, los ahorros serían del orden de los $ 3.500 millones anuales.

También se avanzaría en la venta de activos del Estado, incorporándose a la lista preexistente las empresas relacionadas al Banco de la Nación Argentina, Casa de Moneda, Lotería Nacional y otras.

c) Otras reformas estructurales.

- Convergencia de la economía a niveles de apertura comercial de plena integración al mundo.
- Reducción de costos laborales sin afectar los salarios percibidos y eliminación de estatutos y convenios especiales.
- Mejora de los entes reguladores de servicios públicos, manteniendo los marcos regulatorios existentes.
- Transformación del PAMI, para aumentar la calidad y eficiencia de sus servicios.
- Legislación de hidrocarburos que privilegie el traspaso del dominio a las provincias y la ratificación de los decretos de desregulación.
- Nueva legislación de seguros.