Sector Público

Situación

La recaudación no logra cumplir las previsiones

La recaudación impositiva de febrero ascendió a $ 3.764,3 millones, lo que significó un crecimiento de apenas 0,7% respecto de febrero de 2000. El incremento del dinero que ingresó a la Tesorería por cobro de impuestos fue inferior al estimado en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

De no haber sido por una menor devolución de impuestos a los exportadores y por los ingresos adicionales que le proporcionó la moratoria, los ingresos tributarios hubieran caído, en correspondencia con el comportamiento negativo que tuvieron los impuestos vinculados al consumo y a la producción.

Es así que la recaudación del impuesto al valor agregado bajó 2,2% y la del tributo sobre combustibles se redujo 9,6%. A su vez, el impuesto a las ganancias permitió recaudar $ 759,2 millones, lo que significa un incremento de 7,4% respecto de febrero de 2000. En tanto, la devolución de IVA a los exportadores fue de $ 143,7 millones, esto es 16,2% menos que los 171,6 millones que se devolvieron el mismo mes del año pasado.

Los ingresos tributarios registraron la siguiente distribución: la administración nacional recibió $ 1.974,7 millones, que representaron un incremento de 5,3% respecto a febrero de 2000; las provincias ingresaron 1.108,8 millones, un 1% más, en tanto que al sistema de seguridad social le correspondieron 668,1 millones, un 10,6% menos.

Con estos resultados, durante el primer bimestre del año se recaudaron $ 7.983,3 millones, lo que significa una suba de 1,7% con relación a igual período de 2000.


Difícil cumplimiento de las metas pactadas con el FMI

Según el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, para el primer trimestre del año se comprometió un déficit de $ 2.100 millones, de los que en el mes de enero se alcanzó ya cerca de 50% (985,3 millones). En base a las perspectivas de recaudación, la meta trimestral resulta de muy difícil cumplimiento.

Considerando que la recaudación de febrero fue menor a la prevista y que la de marzo se estima que no mostrará una recuperación, es muy probable que no se pueda cumplir con las metas comprometidas, incluso suponiendo restricciones sobre el gasto.

En esta situación, podrían renegociarse las metas fiscales para recuperar el desvío que registraron las cuentas en el primer trimestre y poder estar en condiciones de obtener el desembolso de u$s 1.300 millones programado para fines de mayo.

Se considera que el desvío del primer trimestre no es irreversible y que puede recuperarse durante el resto del año, ya que lo que sería inamovible para el FMI es la meta fiscal anual, que no debe superar los $ 6.500 millones, que fue la meta acordada para obtener el blindaje financiero y además porque es la cifra consistente con la Ley de Responsabilidad Fiscal.


Se encuentran en preparación nuevas medidas económicas

El programa de la nueva conducción económica que asumió el 20 de marzo incluiría un conjunto de medidas, algunas de las cuales en el área fiscal serían las siguientes:
- una posible privatización en la AFIP-DGI: se llamaría a una licitación pública para concesionar la recaudación impositiva;
- un crédito puente que se solicitaría al Tesoro de EE.UU. y otros países, que permita afrontar las actuales dificultades financieras;
- un seguro sobre títulos públicos que permitiría reducir las tasas que debe pagar el Estado y que podría consistir en un aval del Banco Mundial o de bancos privados y/o la constitución de un fondo de garantía con la futura recaudación impositiva;
- con el objetivo de alentar la inversión y que las multinacionales limiten el envío de utilidades al exterior, las empresas que reinviertan sus utilidades pagarían por el impuesto a las ganancias una tasa sustancialmente menor a la actual alícuota del 35%;
- los pagos superiores a $ 1.000 se deberían realizar con cheque o tarjeta de crédito, descontándose al momento de su efectivización entre 3 y 6 por mil como impuesto, que podrá ser considerado como un pago a cuenta del IVA o de ganancias.

Esta última medida tienden a combatir la evasión y permitiría un incremento de la recaudación por este concepto de no menos de $ 3.000 millones anuales.

Al mismo tiempo, la conducción económica gestiona facultades especiales del Congreso, que le permitan realizar libremente una reestructuración del aparato administrativo del Estado, entre otros aspectos.

Perspectivas