Analisis Global

 

Cavallo y el nuevo programa económico

La profundidad de la crisis económica, política y social que padece la Argentina tuvo su manifestación más estentórea durante el pasado mes de marzo, cuando se sucedieron tres conducciones económicas distintas.

Las expresiones coyunturales más evidentes se vincularon con la fuerte suba de la tasa de riesgo-país -que superó los 1.000 puntos básicos-, con la caída de las reservas internacionales en u$s 3.200 millones, la fuga de depósitos por $ 4.400 millones y la contracción de la recaudación impositiva en un 13% con relación a igual mes del año anterior.

En ese contexto asumió la conducción económica el ministro Cavallo, quien rápidamente adoptó algunas medidas de emergencia, entre las que se destacan -previa aprobación del Congreso- el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras y la denominada Ley de Competitividad.

El primero grava los movimientos en las cuentas corrientes bancarias y los depósitos de cheques en cajas de ahorro. La alícuota general es de 0,25% -que se reduce a 0,075% para algunas actividades especiales- y se espera que podría generar una recaudación anual del orden de los $ 3.000 millones. Adicionalmente se estableció la prohibición de efectuar pagos en efectivo por sumas superiores a los $ 1.000.

La Ley de Competitividad, por su parte, consiste en una delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo -hasta el 1º de marzo del 2002- y que, en sus aspectos más sustantivos, permite efectuar modificaciones tributarias y en la organización del aparato estatal. Pero excluye explícitamente la posibilidad de reducir salarios públicos y haberes jubilatorios y también la privatización de empresas o entes estatales.

De todos modos, la prioridad temporal establecida por la nueva conducción económica se refiere a evitar el riesgo de caer en cesación de pagos, en circunstancias que nuestro país virtualmente no tiene acceso a los mercados internacionales de financiamiento voluntario y cuando, además, el Estado nacional enfrenta fuertes compromisos de pago en el segundo trimestre del año.

Para ello, además del “blindaje” obtenido a fines del año pasado, la conducción económica dispuso la emisión de nuevos títulos públicos por un total de u$s 3.500 millones. Ese monto incluye: a) un bono por u$s 2.000 millones adquirido por instituciones bancarias y que éstas podrán computar como encaje, b) un bono por u$s 1.000 millones que será colocado, básicamente, entre empresas y c) un bono por u$s 500 millones que será suscripto por las AFJP. Con estas colocaciones se considera que el sector público nacional ha despejado, en gran medida, el horizonte de financiamiento para el corriente año.

El segundo objetivo se vincula con la necesidad de retomar un sendero de reactivación productiva en el muy corto plazo. Para ello, entre las medidas y/o anuncios principales, se elevaron a 35% los aranceles de importación de extrazona para una amplia gama de bienes de consumo y se redujeron a 0% los correspondientes a diversos bienes de capital (lo que generó conflictos en el Mercosur, principalmente con Brasil). Al mismo tiempo se anunciaron eventuales medidas de apoyo -reducción de cargas laborales, eliminación de impuestos distorsivos, suba de reembolsos a la exportación, etc.- para determinados sectores y regiones que se irán conociendo oportunamente.

Por último y con relación a un factor más estructural vinculado con la competitividad, el Gobierno propuso la flexibilización del régimen de convertibilidad incorporando al euro -junto al dólar estadounidense- como moneda de referencia. La propuesta no tiene efecto inmediato, pero implicaría la posibilidad de alterar no traumáticamente la rigidez de un régimen que ya lleva diez años de vigencia.

Avanzada la segunda mitad de abril, una serie de movimientos adversos en los mercados financieros, con una nueva suba del riesgo-país, fue acompañada por una ampliación de los recortes del gasto público a $ 700 millones, en tanto el gobierno de Estados Unidos prometía su eventual apoyo financiero al país.


Modificación de aranceles de importación

Los recientes cambios de los aranceles de importación desde fuera del Mercosur consistieron básicamente en elevar a 35% -máximo comprometido por el país en la Organización Mundial de Comercio- los aranceles correspondientes a numerosos bienes de consumo y eliminar los derechos arancelarios de bienes de capital, que eran en general de 14%.

Se ha previsto que dichas modificaciones al arancel externo común del Mercosur tendrán vigencia hasta fin del año 2002.

Con relación a los efectos de los mayores aranceles a bienes de consumo, pueden apuntarse diversas consideraciones:

- la demanda de esos bienes de extrazona tenderá a caer, si bien ello estará condicionado por su elasticidad respecto del precio y por el traslado a éste del mayor arancel, según cada caso;

- la fracción de mercado cedida por los bienes de extrazona sería ocupada en parte por la respectiva producción local (efecto del mayor grado de protección) y en parte por importaciones fundamentalmente desde Brasil (desvío de comercio), más favorecidas aún por la reciente depreciación del real;

- en los numerosos casos de subfacturación salvaje -que incluyen precios irrisorios expresados en centavos-, la suba de aranceles resulta intrascendente, problema crónico para el cual la Aduana se halla preparando una lista de precios mínimos;

- para gran parte de diversas actividades (textil, ropa, calzado, muebles) no opera la reducción de aranceles, ya que a través de derechos específicos o salvaguardias ya cubrían anteriormente el citado máximo de 35%, siendo en realidad de origen brasileño la principal presión importadora que afrontan.

Por otra parte, la exención de aranceles a numerosos bienes de capital importados de extrazona ha sido objeto de diversos análisis, entre ellos los siguientes:

- la consecuente baja del correspondiente costo de la inversión para el conjunto de la actividad económica usuaria, con sus favorables efectos en términos de competitividad;

- el perjuicio provocado a la industria brasileña de bienes de capital, antes protegida en sus exportaciones a la Argentina por el arancel externo común;

- el reintegro de 10% a los fabricantes locales de bienes de capital mediante un bono fiscal aplicable al pago de impuestos, ha sido juzgado por los mismos como una compensación insuficiente y de complejo trámite; posteriormente se decidió incrementar el reintegro a 14%;

- los fabricantes locales han señalado que deben pagar aranceles de 14% a 21% al importar insumos para producir los bienes de capital, y deben competir con importaciones de éstos sin arancel, incluyendo además bienes de capital usados; la exención a estos últimos fue anulada por una resolución posterior.

Si bien es positiva la consecuente disminución del costo de la inversión en bienes de capital, cabe considerar sus negativos efectos sobre la producción local de estos bienes, lo cual tiende a acentuar su abrupta contracción durante la última década. El sector de bienes de capital -compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas- se caracteriza por su alto valor agregado, básicamente al ser intensivo en mano de obra, especialmente de nivel calificado.