La profundización de la crisis

Desde que asumió la conducción económica, el Dr. Cavallo propuso y/o ejecutó una serie de medidas que, en términos generales, enfrentaron tres problemas centrales: a) el déficit fiscal, b) la insolvencia externa y c) la recesión productiva.

El primero de los temas se agudizó al comprobarse que en el primer trimestre del corriente año, el desequilibrio superaba en más de $ 1.000 millones la meta oportunamente comprometida ante el FMI y que la causa principal era la caída de la recaudación tributaria. Es más, la propia conducción económica proyectó que el déficit anual podría exceder en $ 4.000 millones la meta de $ 6.500 comprometida para todo el año 2001.

En tales circunstancias se decidió, en primer lugar, establecer una sobretasa en el impuesto a las transacciones financieras de 0,15% -deducible para el cálculo de IVA e impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta-, con lo cual la alícuota total pasó a 0,40%. Al mismo tiempo, se impuso una generalización del IVA, con algunas excepciones como el caso de bienes de capital, y se anunció una reducción adicional del gasto público del orden de los $ 900 millones.

El problema de la solvencia externa, a su vez, constituye la cuestión más relevante para la conformación de las expectativas en el corto plazo y para la determinación de la viabilidad financiera del Estado argentino en el mediano y largo plazo.

La percepción de los agentes financieros internacionales y de los organismos multilaterales de crédito, más allá de los próximos meses, es que la Argentina no está en condiciones de cumplir sus compromisos financieros a futuro. El alto endeudamiento externo, la baja competitividad y el fuerte desequilibrio fiscal, son los principales argumentos esgrimidos para llegar a tal conclusión. La alta tasa de riesgo-país y la virtual imposibilidad de acceder al mercado voluntario de crédito para colocar títulos públicos, son las principales manifestaciones de esta crisis.

En consecuencia, el Gobierno ha decidido impulsar un programa de reestructuración de la deuda, extendiendo los plazos de los vencimientos que operen hasta el año 2005. Dicha reprogramación o canje de deuda será negociada con los operadores del mercado financiero y no constituye, por lo tanto, una decisión unilateral del Gobierno argentino. En tal caso, quedan a determinar los montos involucrados -el decreto correspondiente autoriza hasta u$s 25.000 millones-, si los mismos incluyen o no los intereses de los títulos a canjear, la tasa de interés que devengarán los nuevos títulos según los plazos respectivos y los eventuales instrumentos de garantía de los mismos.

A esta altura de las circunstancias, el canje de deuda parece una condición necesaria para despejar el riesgo de cesación de pagos en el corto y mediano plazo, pero de ninguna manera constituye una condición suficiente si la economía argentina no logra recomponer un sendero de crecimiento significativo, basado en un fuerte impulso a las actividades productivas y exportadoras.

O sea que, en definitiva, el canje de deuda sólo brindaría una posibilidad temporal de modificar las condiciones de funcionamiento de la economía, de manera que se reduzca sostenidamente la magnitud de la deuda pública como proporción del PIB y de las exportaciones. En caso contrario, la restructuración de la deuda sólo agravará el problema a futuro y no alejará el riesgo de “default” en el corto plazo.

En tal sentido, aunque no de manera excluyente, cabe fortalecer los acuerdos procompetitivos que el Gobierno ha firmado con algunas ramas de la industria -textiles, indumentaria, calzado, metalúrgicos, frigoríficos- y que se ha anunciado extender a otros sectores y regiones del país.

Nuevo memorando de política económica al FMI

A raíz del significativo desvío de la meta de déficit fiscal antes comprometida, el Gobierno presentó al FMI un nuevo memorando de política económica. Esta tendrá por objeto profundizar su estrategia orientada a asegurar la viabilidad fiscal a mediano plazo y promover una reactivación económica sostenida.

Se afirma que el punto central continúa siendo el mantenimiento del régimen de convertibilidad , que el Gobierno prevé reforzar mediante la inclusión del euro además del dólar estadounidense.

Se espera que el PIB real se acelerará gradualmente alcanzando hacia fines del año un ritmo de aproximadamente 5% anual, obteniéndose un crecimiento del orden de 2% a 2,5% para el año en conjunto.

El comercio exterior presentaría en 2001 un superávit de u$s 1.800 millones (1.167 millones en 2000), en tanto que el déficit de la cuenta corriente externa llegaría al equivalente de 3,4% del PIB (3,3% en 2000).

Por otro lado, se perseguirá una reducción sostenida de la deuda pública como proporción del PIB en el mediano plazo, cumpliendo con lo dispuesto en la ley de responsabilidad fiscal y en el pacto fiscal federal.

A fin de compensar el desvío de las cuentas públicas del primer trimestre, se reformularon las metas trimestrales para el resto del año, manteniendo la anterior meta anual de $ 6.500 millones de déficit del Gobierno nacional.

Compensando ampliamente la decisión de no recurrir al mercado internacional de bonos por el resto de 2001, el Gobierno colocó u$s 3.500 millones en el mercado local y ha modificado el plan de financiación anual incorporando un mayor componente interno. Además se explicita el interés gubernamental en las negociaciones emprendidas sobre canjes voluntarios de la deuda pública, a fin de lograr una distribución temporal más uniforme de las obligaciones, actualmente concentradas en los años próximos.

El Gobierno se propone continuar trabajando con las provincias en su saneamiento financiero. A fin de compensar el desvío observado en el primer trimestre, pero manteniendo la meta indicativa del déficit conjunto de los gobiernos provinciales para el año ($ 2.760 millones), se solicita una ligera corrección de las metas trimestrales respectivas.

Por otra parte, se incluyen diversas medidas tomadas y a instrumentar a fin de mejorar la administración tributaria, como así también con respecto a la reforma de la administración pública. Se reafirma, asimismo, la determinación gubernamental de insistir con las reformas del sistema de jubilaciones y de las obras sociales. A efectos de impulsar el desarrollo de los mercados de capital internos, se dictará próximamente un decreto sobre prácticas óptimas en esa área. Los convenios colectivos de trabajo sujetos a la cláusula de ultraactividad deberán renegociarse durante un lapso de hasta dos años a partir del próximo 30 de junio, o serán sometidos a un arbitraje vinculante.

Con referencia al sistema bancario, las pautas y medidas establecidas en el memorando limitan seriamente la posibilidad de instrumentar una política monetaria expansiva, como se había propuesto el ministro de Economía. En este sentido, la incorporación del efectivo en poder de los bancos y de bonos públicos a efectos de la integración de los “coeficientes de encaje” aplicados a los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, deberá compensarse íntegramente aumentando de manera acorde el porcentaje de los “requisitos de liquidez” sobre los depósitos a plazo. Asimismo, durante el resto del año no se incrementará el monto de los bonos que integra los requisitos de liquidez. Además, a medida que los depósitos se recuperen, se anulará la reducción -adoptada para abril y mayo- de dos puntos porcentuales en dichos requisitos.