Sector Público
Situación
La recaudación impositiva de junio fue de $ 4.582 millones, lo que implicó una caída de 4,9% respecto de igual mes de 2000.
Con fecha 11 de julio se dictó el Decreto 896, mediante el cual se fija la premisa fundamental que deberán seguir los organismos de la administración pública nacional para ajustar la programación presupuestaria, de modo que el monto total de los compromisos de pagos del ejercicio no supere al monto de los recursos recaudados durante éste.
El Gobierno nacional y los mandatarios provinciales del justicialismo concretaron un acuerdo por el cual se comprometieron a llegar al objetivo del déficit cero, planteado por la administración central.
Disminución en junio de la recaudación impositiva
El Ministerio de Economía informó que la recaudación
impositiva de junio fue de $ 4.582 millones, lo que implicó una caída
de 4,9% respecto de junio de 2000. Según se explicó, la
recaudación de junio comprende solamente 19 días,
lo que motivó que el impuesto sobre las cuentas corrientes haya recaudado
en junio 274,8 millones contra los 300,2 millones de mayo.
El impuesto a las ganancias aportó a la Tesorería $ 1.314,5 millones,
lo que implicó una baja de 3,5%, respecto de igual mes del año
pasado.
Por el IVA se recaudaron $ 1.393,5 millones, que equivalen a una merma de 18,5%
respecto de junio de 2000. El impuesto sobre las naftas, a su vez, cayó
25,6%.
Los impuestos sobre el comercio exterior sumaron $ 184,6 millones, logrando
una de las pocas variaciones positivas en la composición de la recaudación
y que alcanzó a 7,9%.
Comienza a regir la metodología del déficit
cero
Con fecha 11 de julio se dictó el Decreto 896, mediante
el cual se fijan los lineamientos generales a los que deberán ajustarse
a partir del tercer trimestre del corriente año
los organismos de la administración pública nacional para la ejecución
física y financiera de los presupuestos.
La programación presupuestaria será ajustada en el futuro considerando
la premisa fundamental de que el monto total de los compromisos
de pagos del ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos
recaudados durante éste.
Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender
la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se
reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes
a la totalidad del sector público nacional, de modo de mantener el equilibrio
entre gastos operativos y recursos presupuestarios.
La reducción afectará los créditos respectivos en la proporción
que resulte necesaria y se aplicará incluso a los créditos destinados
a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto,
incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones
y pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos o entidades
receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos.
Las reducciones de retribuciones se aplicarán proporcionalmente a toda
la escala salarial o de haberes, según corresponda, sin discriminaciones
de ningún tipo.
Los contratos en ejecución, afectados por
las medidas dispuestas, podrán revocarse por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores
no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del sector
público nacional.
A fines de abril se había logrado renegociar las metas fiscales con el
Fondo Monetario Internacional y rehabilitar el blindaje financiero, que estaba
técnicamente caído. En ese momento se ratificó el compromiso
de cerrar el año con un rojo fiscal no mayor a $ 6.500 millones y un
crecimiento económico de 2,5%.
Así y todo, ese nivel de desequilibrio se explica básicamente
por los pagos de los intereses de la deuda. De no
ser por ese factor, en los últimos cuatro años el fisco hubiera
gastado menos de lo que recaudó.
Desequilibrio fiscal
Los números que divulgó el Ministerio de Economía
sobre la aplicación del nuevo recorte de gastos revelan que el déficit
de las cuentas públicas sería mayor al que reconoce hasta ahora
el Gobierno. Según lo informado, el ahorro necesario para avanzar hacia
el déficit cero en el tercer trimestre llegará
a $ 1.209 millones.
De ese monto, $ 869 millones corresponden a la poda de 13% en sueldos, jubilaciones
y pagos a proveedores. Otros 340 millones son producto de un recorte general
que se había decidido en los primeros días de julio.
Cuando comenzó a hablarse de la necesidad de aplicar un esquema para
gastar sólo lo que se recauda, se había informado que el rojo
que arrastraban las cuentas públicas para lo que resta del año
era de $ 1.500 millones.
Las medidas anunciadas abren un panorama incierto para los próximos meses, ya que los recortes salariales y previsionales podrían derivar en una nueva disminuición del nivel de actividad con sus efectos sobre la recaudación y un agravamiento de los factores que llevaron al nuevo plan de ajuste.