Sector Industrial

 Con leves subas en junio, la producción manufacturera de la primera mitad del año -según estimaciones provisionales del INDEC- presentó una reducción de 2,5% frente a igual lapso de 2000, observándose una alta asimetría en el desempeño de las actividades comprendidas.

 El índice de confianza de consumidores, familias y ahorristas registró un aumento promedio de 3,0% en julio respecto del mes precedente y una caída de 23,5% frente a julio de 2000, indicando la Fundación Mercado que estos índices se hallan “estables en el piso”.

 Las empresas que gozan de los mecanismos de promoción industrial -y agropecuaria, forestal y turística- podrán recibir también los beneficios de los programas de competitividad que vienen instrumentando las autoridades.

Avance y demoras en los programas de competitividad

Según informara la Secretaría de Industria, hasta fines de julio se habían aprobado programas de competitividad para 14 actividades casi todas manufactureras, que abarcan 35.765 empresas y en conjunto representan:

• una producción de $ 65.240 millones, equivalente a 46% del valor bruto de la producción manufacturera, y
  
  
• un total de 517.232 empleados, o sea, aproximadamente 69% del empleo manufacturero.

El objetivo general de estos programas -instrumentados mediante acuerdos suscriptos por la Nación, diversas provincias y entidades empresariales y sindicales- es aumentar la rentabilidad a través de la baja de costos. Es decir, se aplica una política “por el lado de la oferta”, tendiendo a compensar las consecuencias de la reconocida sobrevaluación del peso.

Además de ese factor, en la selección de las actividades beneficiadas se tomó en cuenta el impacto de la recesión sobre la demanda interna, la intensidad en el uso de mano de obra, la posibilidad de estimular exportaciones y las producciones afectadas por los recientes cambios impositivos y regulatorios.

Debido al efecto negativo de las exenciones tributarias concedidas sobre la recaudación, la incorporación de actividades a los programas se realiza en forma gradual, previéndose incorporar así -a un régimen impositivo simplificado- al resto de las actividades productivas en un plazo máximo de dos años.

Puede señalarse que se ha observado una considerable demora entre la firma de los acuerdos y la puesta en vigencia de los beneficios respectivos.

Se estima oficialmente que en las actividades manufactureras ya incluidas en estos programas, los beneficios de éstos han significado una mejora de la rentabilidad de 20% en promedio.

Estas mejoras estimadas fluctúan entre 42,7% en la producción de calzado y 33,3% en las fábricas automotrices -las más beneficiadas- y 0,8% en las industrias de base cultural y 3,1% en turismo. Entre las más favorecidas cabe mencionar también las actividades de bienes de capital (30,5%) y textil (16,5%).

Resta señalar que también se han aprobado programas de competitividad para diversas actividades agropecuarias como las correspondientes a algodón, arroz, citrícola, frutícola, tabaco, té, vitivinícola, yerbatera y bananera.

Acuerdo de competitividad para la industria naval

Recientemente se suscribió un programa de competitividad para la postergada industria naval, dedicada a la construcción y reparación de embarcaciones.
En sus aspectos específicos, el convenio suscripto incluye:

• prohibir la importación definitiva de buques y artefactos navales usados cuyo tonelaje sea inferior a 10.000 TPB o tengan una potencia menor a 7.000 CV; el charteo o locación temporaria sólo será autorizado por el período que demande la construcción local de una unidad equivalente;
  
  
• para la importación definitiva de máquinas que excedan dichos límites, se aplicará el arancel vigente para todos los bienes de capital usados, en tanto que se autorizará el charteo por lapsos de hasta tres años, sujeto a la construcción de unidades en el país;
  
  
• a las embarcaciones de bandera extranjera no se les otorgará permiso para los tráficos de cabotaje ni para aquellos reservados a la bandera nacional;
  
  
• la importación de radares y chapa tendrá un arancel cero;
  
  
• rebajar del 21% al 10,5% el IVA a los intereses originados en la financiación de la venta de buques;
  
  
• exención del impuesto de sellos a los contratos de construcción, venta, “leasing” o hipoteca, que involucren a embarcaciones construidas en el país;
  
  
• los astilleros nacionales darán prioridad en la construcción de buques a los proyectos realizados por profesionales argentinos dedicados a la ingeniería naval.

Perspectivas

 Las expectativas empresariales para el tercer trimestre del año frente al mismo período de 2000 -detectadas por el INDEC- tienden a apuntar una demanda interna estable y un incremento de las exportaciones, en tanto que las existencias de productos terminados son consideradas más bien excesivas.

 Las autoridades económicas continúan estudiando la ampliación de los programas de competitividad, previéndose que entre las próximas actividades a incluir se hallará la debilitada industria de la construcción, caracterizada por sus fuertes efectos multiplicadores.