La economía mundial después del ataque terrorista

Si bien todavía es prematuro abrir juicios sólidos sobre la trayectoria que seguirá el conflicto internacional desatado por el ataque terrorista a los Estados Unidos, puede preverse que el mismo será generalizado, tanto en las áreas geográficas involucradas como en sus efectos sobre distintos ámbitos de la realidad: la seguridad, por un lado, y el movimiento físico de personas, bienes y capitales, por el otro. Además, según las autoridades norteamericanas, el conflicto será prolongado.

En este contexto, la incertidumbre y la aversión al riesgo se incrementarían considerablemente, impactando sobre los niveles de consumo y de inversión a escala internacional. En tal circunstancia, la desaceleración en el crecimiento de los países desarrollados -que se observa desde hace por lo menos dos años- podría agudizarse sensiblemente, hasta convertirse en un proceso recesivo. De allí, que la primera medida significativa que adoptó la Reserva Federal de los Estados Unidos haya consistido en bajar la tasa de interés de referencia a 3% anual, o sea una caída de medio punto porcentual.

En los Estados Unidos, además de la disminución de la tasa de interés, sería lógico esperar un aumento del gasto público -vinculado a mayores presupuestos para las fuerzas armadas y de seguridad y en el área de salud- y una pérdida de valor del dólar frente a otras monedas fuertes. Todas estas decisiones o modificaciones, por otra parte, deberían jugar un papel atenuante del eventual proceso recesivo impulsado por el cambio de expectativas de los agentes económicos.

En el caso de la Unión Europea, al menor dinamismo económico observado -que ya había impulsado al Banco Central Europeo (BCE), hace pocas semanas, a una nueva reducción de las tasas de interés y que amplió la caída en medio punto luego del atentado- cabe agregar, en principio, que dicha tendencia se reforzaría; pero, de todas maneras, el euro debería apreciarse con relación al dólar. En la economía japonesa, a su vez, estancada por expectativas negativas de mediano y largo plazo, la nueva situación debería generar efectos contractivos adicionales.

Las nuevas condiciones que pueden enfrentar los países en desarrollo resultan, por cierto, de una elevada heterogeneidad. Todos se verán afectados por el menor dinamismo económico mundial esperado, pero a partir de allí cabe proyectar situaciones muy diversas.

Los países cuyo dinamismo depende, básicamente, de sus exportaciones -caso de varias naciones del sudeste asiático y Chile, por ejemplo- pueden verse afectados en una magnitud importante si, como puede preverse, el comercio internacional se desacelera de manera significativa. Una situación distinta pueden experimentar los países exportadores de petróleo, cuya cotización debería mostrar una tendencia alcista en las actuales circunstancias, que quizá podría extenderse a diversos productos básicos.

Otros países que podrían verse específicamente afectados de aquí en más son aquellos que tienen fuertes ingresos de divisas por turismo -España, por ejemplo- y, a nivel de empresas, las de transporte aéreo, hotelería y afines. Por cierto, también las corrientes migratorias desde los países periféricos a los países centrales, que ya constituían un tema conflictivo, experimentarán dificultades crecientes.

Una observación en particular merece el caso de Brasil, país altamente dependiente de la financiación externa y de las importaciones de petróleo. Ambos aspectos podrían implicar la necesidad de un duro ajuste presupuestario y efectos recesivos sobre su estructura productiva. La presión alcista sobre la cotización del dólar parece constituir una expresión de estos temores.

Finalmente, en este nuevo escenario, la economía argentina presenta una situación paradojal. Por un lado, su elevada vulnerabilidad ante shocks externos negativos -como se ha verificado varias veces en los últimos años- hace prever un impacto recesivo adicional. Pero, por otro, ya había iniciado el camino del ajuste -tanto fiscal como de balance de pagos- ante la carencia de financiación externa, que otros países de la región, es muy probable, deberán realizar abruptamente. El posible incremento del precio internacional del petróleo -y eventualmente de productos básicos- sería un elemento a favor. Por último, se abre un importante interrogante sobre la disposición de las autoridades estadounidenses y del FMI para concretar la anunciada reprogramación de la deuda pública.

Del déficit cero a la solvencia futura

Considerando la evolución observada en los primeros siete meses del año, en la carta de intención del nuevo acuerdo de crédito con el FMI se revisaron las previsiones macroeconómicas para el presente año, en consonancia con los menores niveles de actividad y de confianza registrados (cuadro adjunto).

A fin de cumplir con el objetivo de eliminar el déficit del Gobierno nacional -tras el agotamiento de la financiación externa e interna-, se continuará avanzando en el campo de la administración tributaria y previsional. Al respecto, se enumeran diversas acciones: la creación de tribunales tributarios especializados; el avance del programa de fiscalizaciones previstas; la verificación cruzada con la información del impuesto a las transacciones financieras; la ejecución de los créditos de los contribuyentes en mora frente a terceros; el acceso a los registros provinciales de la propiedad mueble e inmueble; una auditoría a los 2.500 mayores contribuyentes.

En cuanto al sistema financiero -además de las medidas tendientes a aumentar la eficiencia de los bancos oficiales-, se prevé anular la última rebaja de los requisitos de liquidez; no autorizar a los bancos a incrementar el volumen de bonos públicos que forman parte de los requisitos, y ayudar a los bancos con problemas de liquidez persistentes a condición de que adopten medidas para reforzar sus balances. Estas medidas limitan seriamente la flexibilidad de la política monetaria intentada en los primeros meses de la actual gestión económica.

En materia laboral, se perseguirá una mayor flexibilización mediante la iniciada renegociación de convenios colectivos vencidos y la mejora de la capacitación permitiendo contratos temporales con un nivel más bajo de sueldo y prestaciones.

Con respecto a las provincias, se señalan las medidas que se están adoptando, destinadas a eliminar sus déficit fiscales: supresión de algunas exenciones de impuestos provinciales, reducciones de salarios, incentivos para la jubilación anticipada y reformas administrativas y en el ámbito político.

Para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2002, se tiene en cuenta que los ingresos se mantendrían aproximadamente iguales que en el corriente año, debido a que los incrementos derivados de una mayor actividad económica y una mejor administración tributaria compensarán la pérdida de ingresos extraordinarios percibidos en 2001 y el futuro efecto de las medidas de promoción del crecimiento ya emprendidas. Cabe observar que la compensación prevista implica un alto grado de incertidumbre, habiéndose adoptado aparentemente un criterio conservador en la estimación.

Como núcleo de la reforma estructural en materia fiscal, se procurará reformar el sistema de coparticipación federal de impuestos, a fin de hacerlo más transparente; disminuir la afectación de ingresos a fines específicos; lograr que las transferencias a las provincias sean menos cíclicas (o sea, reducir la secuencia de mayor actividad, mayores transferencias, mayor gasto), y establecer una mayor correspondencia entre los ingresos coparticipados y los esfuerzos de recaudación propios de cada provincia.

Finalmente, también se consigna discretamente en la carta de intención que posiblemente se solicite el desembolso adelantado del tramo previsto de u$s 3.000 millones, pues se está “estudiando la posibilidad de lanzar otra operación de canje de la deuda en los meses venideros”. Esa operación -a la que diversos analistas ya denominan un plan “Brady II” u “O’Neill”- constituiría un intento significativo de restaurar la solvencia fiscal en el mediano y largo plazo, actualmente deteriorada por la muy pesada carga de las obligaciones financieras futuras.