La coyuntura económica postelectoral
Las expectativas con respecto al desarrollo del programa económico en curso estuvieron, en las últimas semanas, fuertemente vinculadas con la incidencia del resultado de las elecciones legislativas recientemente realizadas. En tal sentido, la situación postelectoral refleja un mayor aislamiento del Gobierno nacional, una relación más tensa con los gobernadores provinciales -oficialistas y de la oposición-, pero también una ratificación de los lineamientos básicos del rumbo económico.
El problema principal, sin embargo, es que los indicadores de la coyuntura tienden a deteriorarse aceleradamente, en particular los asociados al cuadro recesivo. Así, por ejemplo, el índice de producción industrial, elaborado por el INDEC en términos desestacionalizados, mostró una caída de 8,2% en setiembre último con respecto a igual mes del año anterior. Además, también la producción agropecuaria comienza a sufrir los efectos adversos de las inundaciones en una amplia zona de la región pampeana.
En tal contexto no es de extrañar que la recaudación impositiva haya mostrado una contracción, en setiembre, del 14% en relación a un año atrás. Por otra parte, dicho registro evidencia la cuarta caída consecutiva en la comparación interanual.
Como es previsible, estos guarismos de recaudación tributaria afectan la meta de déficit cero en el plano fiscal y condicionan al Gobierno a adoptar otras medidas de contracción del gasto público, adicionales a las ya vigentes sobre las remuneraciones estatales y los haberes jubilatorios.
En este punto una cuestión central en el debate actual pasa por la intención de reducir el monto comprometido en concepto de coparticipación impositiva a las provincias, que asciende a $1.364 millones mensuales.
El Gobierno nacional, en tal caso, se compromete a apoyar a las provincias en la renegociación de su deuda, básicamente con bancos y AFJP, con el propósito de reducir las tasas de interés y eventualmente obtener un mayor plazo de repago. El objetivo consistirá en lograr una reducción del cargo por intereses, que en el año 2002 podría ascender a una suma del orden de los $1.000 millones. En contrapartida, las provincias deberían comprometerse a alcanzar el déficit cero en el próximo año y a apoyar la sanción en el Congreso de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Dos temas adicionales en la negociación Nación/provincias consisten, por un lado, en el reclamo de éstas de $ 520 millones que, según los gobernadores, les adeuda la Nación en concepto de coparticipación. Por otra parte, la posibilidad de que la Nación abone parte de esta deuda con un nuevo título -denominado LECOP-, que las jurisdicciones provinciales podrían utilizar, a su vez, para el pago de impuestos nacionales, salarios y aportes jubilatorios.
Como puede observarse en definitiva, la cuestión principal pasa, en el contexto de la situación recesiva y de fuerte iliquidez imperante, por la posibilidad de asegurar una transición relativamente ordenada en el proceso de ajuste fiscal que deben realizar las provincias y que también influye sobre las cuentas públicas nacionales.
En última instancia, la prioridad temporal está enfocada hacia
el reordenamiento fiscal y financiero en el plano interno y ello, por otra parte,
parece ser
condición necesaria para pasar a una segunda fase en la cual el punto
central es la reprogramación de la deuda
del Estado nacional.
Complicadas perspectivas de la
economía mundial
A raíz de los atentados terroristas en Estados Unidos y en el contexto de una economía mundial en desaceleración desde hacía aproximadamente un año, los gobiernos de los países industrializados adoptaron rápidas y fuertes medidas expansivas de política monetaria. Más aún, lo hicieron en acciones coordinadas de banca central, característica absolutamente excepcional.
Los objetivos perseguidos -y ahora aparentemente logrados en líneas generales- fueron evitar subas de las tasas de interés, alteraciones bruscas de los tipos de cambio, caídas de los valores bursátiles y un mayor deterioro de la confianza de los agentes económicos. Los instrumentos usados fueron la provisión de liquidez y la baja de las tasas de interés de referencia.
A ello se agregaron diversas acciones de política fiscal, especialmente en Estados Unidos, donde las medidas de estímulo sumarían un monto equivalente a algo más de 1% del producto interno bruto.
El FMI presentó a fines de setiembre su informe del segundo semestre del año sobre las perspectivas de la economía mundial (cuadro adjunto), el cual contiene proyecciones de crecimiento económico que deben considerarse en cierta medida sobreestimadas. Esto porque al tradicional optimismo de los pronósticos -dado el carácter gubernamental del organismo- se suma en esta ocasión que los mismos fueron efectuados antes de los atentados.
La estimación de un crecimiento mundial de 2,6% puede leerse considerando que en octubre de 2000 el Fondo había pronosticado un 4,2% para el corriente año y que por otra parte, los economistas del organismo evalúan que una tasa menor a un 2 a 2,5% es compatible con una recesión internacional.
En el caso de Estados Unidos, un crecimiento estimado de 1,3% aparece como desactualizado considerando el débil desempeño del primer semestre -que acentuó la desaceleración iniciada hacia la mitad de 2000- y la opinión predominante apuntando a una contracción en el tercer trimestre y probablemente también en el cuarto.
Por otra parte, existen dudas sobre la potencialidad reactivadora del consumo privado que pueda tener la expansiva política monetaria estadounidense, ante la debilitada confianza de los consumidores en un contexto de mayor incertidumbre luego de los atentados y previamente, por el efecto riqueza negativo de la caída de las acciones y el aumento de la desocupación.
Asimismo, cabe esperar la aprobación legislativa de las medidas de estímulo fiscal para conocer su composición, ya que sería distinto el efecto sobre la demanda global si el énfasis se colocara en aumentar directamente el gasto público que si lo fuera en una reducción impositiva -preferida por el Ejecutivo, especialmente para las empresas-, la cual podría ser destinada por los consumidores a incrementar su tasa de ahorro, hoy prácticamente nula.
En
el informe del FMI se reconocen dos riesgos
potenciales en
la presente coyuntura económica internacional: