Las nuevas medidas económicas

En el contexto de una crisis que tiende a mostrar rasgos crecientemente negativos, el Gobierno dio a conocer una serie de medidas destinadas, en lo esencial, a descomprimir la situación de endeudamiento del sector público y de un segmento del sector privado. Adicionalmente, se adoptaron instrumentos para estimular la competitividad y el consumo privado.

La cuestión central consiste en una reprogramación de la deuda pública, que involucra tanto al Estado nacional como a las provincias. A su vez, dicha reprogramación se divide en un primer tramo con acreedores locales (o residentes en el país) y un segundo tramo con acreedores del exterior. El éxito en las negociaciones del tramo local parece ser una condición necesaria para viabilizar el canje de títulos en el exterior, etapa esta última, que además del apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en principio requeriría de unos U$S 5.000 millones para otorgar garantías adicionales a los U$S 3.000 millones comprometidos por el FMI en el acuerdo de agosto pasado.

Las condiciones del canje local -que se explican en detalle en la segunda parte de Análisis Global- procuran sustituir parte de los títulos existentes por préstamos a los tenedores actuales (bancos, AFJP, compañías de seguros, etc.) que devengarán una tasa máxima de interés del 7% anual y estarán garantizados con recaudación tributaria.

En el caso de las deudas provinciales se adopta un sistema similar, pero en contrapartida se reducen en 13% los envíos a dichas jurisdicciones en concepto de coparticipación fe-deral de impuestos durante el año 2002. Además, la deuda acumulada por el Estado nacional por coparticipación durante el 2001 será abonada en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).

Con respecto a las deudas del sector privado se anunciaron dos mecanismos. El primero, vinculado con deudas con el sistema financiero, permite que las empresas en situación irregular -con calificación 3 ó más- cancelen sus pasivos con títulos públicos adquiridos a su bajo valor actual pero tomados a valor nominal por los bancos, quienes a su vez los canjearán en la reprogramación general. Por las deudas tributarias, por su parte, las empresas podrán entregar al Estado acciones a valor libro, que podrán recomprar en un plazo máximo de dos años.

Otras medidas en apoyo del sector empresario son, por un lado, la ampliación de los programas de competitividad -exención del impuesto a los intereses y a la renta mínima presunta y el cómputo de las contribuciones patronales a cuenta del IVA- a todos los sectores productores de bienes, servicios de tecnología de la informática, aeronavegación comercial, ferrocarriles urbanos y puertos. Por otro lado, la instrumentación de las facturas de crédito -con la modalidad de la “duplicata” brasileña- que podrán ser descontadas por las empresas en los bancos.

Por último, entre las medidas tendientes a un mayor impacto en el corto plazo, cabe considerar aquellas destinadas a estimular la demanda de bienes de consumo. Entre ellas se destaca la reducción de 11% a 5% en los aportes personales jubilatorios y la devolución de 5 puntos del IVA por las compras minoristas realizadas con tarjetas de débito originadas en cuentas para el pago de sueldos, jubilaciones y otras prestaciones sociales (tres puntos para el resto). También se estableció la reasignación de partidas en el área social -asignaciones familiares y otros programas- a favor de hogares con ingresos inferiores a $ 1.000 mensuales ($30 por hijo menor de 14 años y $100 por persona mayor de 75 años sin jubilación).

En síntesis, las medidas anunciadas procuran alcanzar el equilibrio presupuestario a partir del año 2002, revertir el prolongado ciclo recesivo de la actividad económica y aspirar, en algunos meses, a la recuperación de la financiación voluntaria por parte de los mercados internacionales de crédito. Tales objetivos requieren, cuando menos, una eficiente instrumentación de los anuncios -especialmente de la reprogramación de la deuda- y un cambio en las expectativas de la población que no parece avalar la debilidad de los instrumentos reactivantes explicitados.

En tal sentido, será importante monitorear permanentemente el nivel de las reservas internacionales de divisas y de los depósitos bancarios, como indicadores claves del grado de confiabilidad alcanzada.

Primera etapa de la conversión de deuda pública

Ante la grave situación fiscal, el Gobierno dispuso encarar una conversión de deuda con los tenedores locales, para luego intentar un canje con los acreedores externos. Mediante el Decreto 1387 se dispuso ofrecer a los acreedores locales la posibilidad de convertir la deuda pública nacional y provincial por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados.

Serán requisitos para la conversión la obtención de menores tasas de interés y una extensión de las amortizaciones de capital en tres años. La reducción de tasas operará de la siguiente forma:

• la conversión por Préstamos Garantizados se realizará a valor nominal en una relación de uno a uno, a una tasa máxima equivalente al 70% de la tasa original con un tope del 7% anual o bien de la tasa LIBO más un 3% como máximo;
• la conversión por Bonos Nacionales Garantizados se realizará a la paridad, plazo y tasas de interés determinados en base al criterio de valor presente neto equivalente al de los Préstamos Garantizados para iguales plazos.

Como garantía de las nuevas obligaciones, se afectarán específicamente recursos de la Nación, incluyendo el impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, o bien “de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de deuda pública”.

Entre los estímulos ofrecidos a los tenedores locales de deuda, el principal parece haber consistido en las mayores posibilidades de cobro asociadas a las nuevas obligaciones, ante el peligro de una cesación de pagos. Este riesgo, que comprendía una probable quita de capital, estaba incluido en las elevadas tasas aplicadas en el último año a las obligaciones financieras del sector público nacional y provincial.
Se estima que las entidades financieras preferirán el canje por Préstamos Garantizados, ya que los podrán contabilizar al 100% de su valor -lo que no podrían hacer con los Bonos-, frente a los títulos originales que están actualmente valuados a precio de mercado o de contabilización. Adicionalmente, se establece que esa diferencia de valores estará exenta del impuesto a las ganancias, en tanto que los intereses de los nuevos instrumentos de deuda se hallarán exentos de todo impuesto nacional.

Un incentivo implícito para la aceptación del canje por parte de las entidades financieras, ha sido la mejora de la calidad de sus carteras de activos, con las consecuentes menores previsiones a realizar. Dicha mejora incluye por un lado, los nuevos títulos de deuda y por otro, la prevista cancelación de préstamos bancarios a empresas mediante la entrega de bonos que las entidades podrán a su vez canjear por títulos de la nueva deuda.

Ante un razonable temor de los tenedores locales con respecto al canje con los acreedores del exterior, se dispuso que los que efectúen la conversión local podrán después, si lo prefieren, participar del acuerdo a que se llegue en el tramo externo de la conversión.

Si se completara de acuerdo a lo previsto el tramo local del canje de deuda, las entidades financieras verán reducidos sus ingresos por intereses, los cuales además son superiores a las tasas pasivas, a lo cual se agregaría ahora la imposibilidad de vender los bonos originales y la extensión de los vencimientos de capital, configurándose así un posible problema de iliquidez.

Ante esta posibilidad, las autoridades ofrecerían un apoyo a las entidades a través de pases activos del Banco Central, además de instarlas a financiarse en el exterior y confiar en que un canje exitoso tendería a aumentar los depósitos y bajar las tasas internas de interés.