Informe Económico de Coyuntura

Nº 218 - Abril 2002 - AÑO 20

Derechos de exportación

Luego de un mes de febrero signado por la incertidumbre en torno al establecimiento de retenciones a las exportaciones, finalmente el gobierno dispuso la controvertida medida. Rigen así desde el 5 de marzo derechos totales de exportación del 10 % para las materias primas en general, del 13,5 % para los granos oleaginosos, del 15 % para los cueros y del 5 % para las manufacturas de origen agropecuario e industrial. La medida, definida como de carácter transitorio -no se precisó el período de vigencia-, fue establecida en circunstancias en las que se inicia la cosecha gruesa, de mayor importancia tanto en valor como en volumen, hecho que permite esperar una recaudación de alrededor de u$s 1.400 millones.

El nivel de las retenciones fue establecido procurando que la mejora de los ingresos fiscales no afecte la rentabilidad de productores y exportadores. En este sentido, cabe tener en cuenta que el nivel vigente es muy inferior a la devaluación del peso y también al que regía en la década del ochenta, cuando llegaron a tocar hasta un 40 % del valor de las exportaciones de algunos productos.

Como era dable esperar, la medida despertó una fuerte controversia entre los actores vinculados al sector. Las críticas más frecuentes fueron las referidas al hecho mismo de la implantación de retenciones como una cuestión de principios, independientemente del efecto que tenga sobre la rentabilidad.

Dados los resultados de los cálculos, son menos consistentes las críticas que sostienen que el efecto sería el de contraer la producción, tanto vía una disminución del área sembrada como, y sobre todo, por un menor uso de tecnología. Arguyen, por un lado, que la ventaja de la devaluación sería efímera por la inflación esperable como consecuencia de la devaluación y por otro, que buena parte de las deudas del productor no están pesificadas. Citan como ejemplo la prefinanciación de exportaciones y la deuda de los productores a los proveedores de insumos, recientemente definida.

El argumento de mayor sustento es, tal vez, el que formula objeciones de carácter geopolítico al plantear la dificultad de continuar con la estrategia de reclamos, en el ámbito de los foros internacionales, contra los subsidios a la producción y a las exportaciones que aplican los principales países competidores de la Argentina.

De las cuatro entidades agropecuarias más representativas del sector, dos (Federación Agraria Argentina y Coninagro) tuvieron una actitud de aceptación condicionada al desarrollo de mecanismos de estabilización de precios; la adopción de medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector, en particular de las economías regionales, promoción del comercio exterior; etc. Las otras dos entidades -Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina- tuvieron una reacción de mucha dureza. El presidente de esta última anunció que la entidad presentó un recurso de amparo ante la Justicia contra las retenciones, e invitó, además, a las otras entidades del sector a adherirse al recurso presentado.

Reducción del IVA agrícola

Otra medida resistida por los productores es la rebaja del IVA a 10,5 % para los granos, de inminente adopción. La oposición se debe a la acumulación de créditos fiscales que se producirían como consecuencia de la diferencia entre el IVA para los productos y el IVA para los insumos, si la alícuota para estos últimos siguiera en el 21 %.

Las soluciones en estudio para este problema son dos: la reducción del IVA para todos los insumos excepto los agroquímicos, complementada con la posibilidad de cancelación de todo tipo de impuestos con eventuales saldos, solución promovida por el titular de la AFIP y la posibilidad de transferencia de los saldos acumulados a otros deudores impositivos. Obviamente, esta última posibilidad lleva implícita una quita por parte del comprador.

Financiación al sector

Para restablecer el crédito se anunció la instrumentación de dos medidas, la primera referida al crédito bancario, a través de una línea de préstamos del Banco Nación por $ 300 millones para actividades agropecuarias. La segunda es la referida a la solución al problema surgido con los préstamos comerciales otorgados por las empresas vendedoras de insumos a los productores para la campaña 2001/2002, en torno a la pesificación o no de dichos préstamos.

Por resolución del Ministerio de Economía Nº 10 se estableció que las acreencias por contratos de canje de insumos agrícolas por producto final se cancelarán a la misma paridad cambiaria que se obtenga por la exportación de los productos agrícolas a los que se hubieren aplicado.

La medida satisface los reclamos de las empresas, ya que evita las pérdidas en las que hubieran incurrido de haberse aplicado en este caso las generales de la ley en materia de pesificación de deudas. Dichas pérdidas se hubieran debido al endeudamiento de las empresas con proveedores y bancos del exterior.

La importancia de esta medida se aprecia si se tiene en cuenta que rehabilita esta fuente de financiación para la próxima campaña agrícola y que se estima que la deuda comercial del agro estimada alcanza unos u$s 3.000 millones.