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A
un mes de haber sido establecidos, los derechos de exportación fueron incrementados. Las
exportaciones de productos agrícolas en general pasaron del 10 % al 20 %, las de harinas
y aceites del 5 % al 20 %, mientras que permanecen en 5 % las manufacturas de origen
agropecuario. Tampoco fueron modificadas las retenciones a las exportaciones ganaderas, el
arroz, las frutas y el algodón.
La adopción de esta medida fue sumamente discutida a nivel oficial. Entre la mención
pública por parte de las autoridades de la posibilidad de su instrumentación y su
efectivo anuncio transcurrió una semana, que fue muy bien aprovechada por los
exportadores para declarar ventas todavía no realizadas pero que de
concretarse e inscribirse con posterioridad a la puesta en vigencia del incremento,
pagarían el gravamen con las nuevas tasas. Esta estratagema pone en duda la concreción
de la recaudación esperada con el incremento dispuesto.
La resistencia del sector es fuerte y su posición, excepción hecha de los productores
representados por CONINAGRO, intransigente. Se ha programado un paro de actividades
“tranqueras afuera” para el 28 del corriente, con duración de cuatro días. |
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Si bien el emergente para la protesta del sector es el
gravamen a las exportaciones, el malestar parece referirse a una combinación de
factores que se trastocaron en el pasaje del modelo de convertibilidad hacia la
pesificación y que no han podido encontrar una modalidad que las reemplace
satisfactoriamente. Los engranajes que permitían el funcionamiento del sector se
desencajaron, generando un marco de incertidumbre y de dificultades operativas que tiende
a dificultar fundamentalmente las actividades referidas a la cosecha 2002/2003, que se
inicia próximamente con el trigo.
Entre los factores que dificultan la toma de decisiones son particularmente importantes
los que tornan inciertos los resultados económicos. Es el caso de la cesación total,
desde el 20 de diciembre de 2001, de las actividades del Mercado a Término (MAT),
instrumento que cuando era utilizado por el productor tomando posiciones le permitía
alcanzar la certeza de un precio futuro o, caso contrario, ofrecía un valor de referencia
para los cálculos de rentabilidad, facilitando la correcta asignación de recursos, sobre
todo en el momento de definir el paquete tecnológico a aplicar en los distintos cultivos.
Si bien existe una resolución que habilita al MAT a cotizar y operar en dólares, ésta
no ha sido reglamentada.
En el tratamiento de la deuda por provisión de insumos
de la campaña que está por concluir, se reflejan las dificultades para dar con
soluciones que satisfagan a las partes involucradas. En efecto, la relación entre
proveedores y productores se halla trabada debido a que no está en aplicación la
resolución del Ministerio de Economía que establecía el pago de los insumos a valor
producto, modalidad que implicaba un punto intermedio entre la pesificación y el
mantenimiento de la deuda en dólares.
Esta resolución fue cuestionada por una parte de los productores, motivando que la
Secretaría de Agricultura hasta entonces no interviniente, intentara tomar participación
en el tema. El temor a incurrir en gastos que más tarde se mostrarían como evitables en
el caso de la adopción de una solución distinta, paralizó los pagos de los productores
a los proveedores de insumos. La dificultad para dar con una solución mejor, a cuya
búsqueda se volcaron el Ministerio de Economía y la SAGPyA, no ha permitido aún
resultados satisfactorios y mantiene la situación en suspenso.
La lechería es otra actividad en la que el Gobierno se vio obligado a
arbitrar entre las partes, productores y usinas, en procura de un precio de equilibrio,
pero las diferencias son de tal magnitud que hace meses que el sector no puede remontar su
crisis ni siquiera con la mediación gubernamental.
Por otro lado, la dificultad de acceder a fuentes alternativas de financiación,
en la medida que no se resuelva fluida y oportunamente la situación entre productores y
proveedores de insumos, constituye una barrera infranqueable para los productores que no
cuentan con capital de trabajo propio.
Este factor se vería agravado por la puesta en vigencia de una disminución del
IVA agrícola al 10,5 %, prevista para el mes de agosto, sin que sufra una
disminución equivalente el impuesto que grava a los insumos, ya que se crearía una
fuente de drenaje de capital de trabajo que se transformaría en saldos acreedores
impositivos de imposible recuperación en el corto plazo.
La necesidad de disminuir la tasa del IVA tiene dos fundamentos, por un lado la
posibilidad de reducir la evasión, tal como sucedió cuando se disminuyó en la misma
proporción el IVA ganadero y por otro, la de achicar los montos a los que se eleva la
obligación de devolución del IVA a los exportadores, en montos que no se recaudaron
debido, precisamente, a la evasión del gravamen.
Una pauta de los efectos positivos que la salida de la convertibilidad puede tener sobre
el sector cuando no se presentan trabas operativas, es lo ocurrido con las exportaciones
de frutas y hortalizas. En efecto, entre enero y marzo, las salidas de estos productos
desde el puerto de San Antonio, se incrementaron en 11 % y 13 % respectivamente, respecto
de igual período del año anterior, tanto hacia mercados tradicionales como hacia nuevos
destinos. |
Los nuevos
derechos de exportación