Informe Económico de Coyuntura

Nº 219 - Mayo 2002 - AÑO 20

Mejora la recaudación respecto a las previsiones

La recaudación del mes de marzo alcanzó a $ 3.076,7 millones, que significaron una disminución de 7,4 % respecto de igual mes de 2001. A pesar de esta caída la recaudación registró un resultado mejor al esperado, como consecuencia de ingresos adicionales por la aplicación de derechos a las exportaciones, el comportamiento del impuesto al cheque y los pagos a cuenta para entrar en la moratoria.

Sin embargo los principales tributos, como el impuesto al valor agregado y ganancias, siguieron evidenciando variaciones negativas.

El impuesto a las ganancias recaudó $ 480,3 millones, que significó una caída de 34,6% con respecto a marzo de 2001, en tanto que el IVA cayó 27,2 % al recaudar $ 1.036,2 millones. En el caso de este impuesto se esperaba que la inflación generara una mayor recaudación, pero el efecto precio más que se compensó con una caída de la demanda.

Nuevamente fue el comportamiento del impuesto a las transacciones financieras o impuesto al cheque el que mejoró la recaudación, al sumar $ 313 millones, que como es sabido representan un ingreso neto, ya que este impuesto está vigente desde abril de 2001 y además al eliminarse la posibilidad de tomar los pagos de este tributo a cuenta del IVA y Ganancias se elevó su rendimiento.

Por otro lado, se obtuvieron $ 131 millones por los planes de facilidades de pago vigentes desde años anteriores, y otros $ 126 millones ingresaron en marzo por los pagos a cuenta de la deuda declarada en la moratoria impositiva y previsional. La Administración Federal de Ingresos Públicos estima que como resultado de esta moratoria se declaró una deuda de más de $ 4.200 millones, a pagar en diez años.

Por otra parte, los derechos a las exportaciones sumaron $ 98 millones a la recaudación de impuestos tradicionales, esperándose un incremento para los próximos meses teniendo en cuenta los aumentos dispuestos para este tributo.

En cuanto a la recaudación previsional, la misma siguió cayendo, ya que los aportes personales bajaron 50 % y las contribuciones patronales un 15,8 %. En particular, se observó una merma de 60 % en los ingresos del sistema de jubilación privada; ingresaron sólo $ 133 millones como resultado de la rebaja de la alícuota del 11 al 5 % y la mayor evasión.

La clasificación presupuestaria de la recaudación tributaria muestra un crecimiento de 9,9 % para los ingresos de $ 1.713,8 millones percibidos por la administración nacional. Por su parte, el sistema de seguridad social recibió $ 507 millones, 20,5 % menos que en igual período de 2001, en tanto que las provincias al recibir $ 763,3 millones, lograron 31,2 % menos.

Negociación Nación-provincias-FMI

Con la aprobación por parte del Congreso Nacional del Pacto Fiscal que a fines de febrero firmaron los gobernadores y el Gobierno nacional, se logró avanzar un paso más en el cumplimiento de las condiciones que plantea el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que se están manteniendo a fin de destrabar la situación financiera internacional del país.

El Pacto Fiscal, que es clave en la negociación con el organismo financiero internacional, establece que las provincias deben reducir durante el corriente año en 60 % su déficit fiscal, y teniendo en cuenta que el año pasado el mismo fue de $ 5.000 millones, ello significaría que el monto del ajuste sería de unos 3.000 millones. De este total, la mitad corresponde a la provincia de Buenos Aires y otros 1.000 millones se concentran en siete provincias.

Por otra parte, el FMI planteó que las provincias no deberían seguir financiándose con la emisión de nuevos bonos, y que deberían ir sacando de circulación los que ya fueron emitidos.

Teniendo en cuenta que la recaudación sigue en baja, que se profundizó el deterioro de las finanzas provinciales y el ajuste podría implicar despidos o reducciones de salarios y/o jubilaciones, se discutió entre la Nación, las provincias y el FMI sobre cómo se hará el ajuste.

El principio de acuerdo al que se llegó establece que para garantizar el cumplimiento de los compromisos que asumen las provincias y la Nación se firmará un nuevo convenio, que posiblemente se materialice mediante un decreto, que estaría en forma hacia fines de mayo.

Una vez firmado este convenio, las provincias no podrán emitir más bonos y se establecerá un mecanismo, que depende de cada distrito, para normalizar la deuda flotante que las provincias tienen en concepto de sueldos atrasados y facturas impagas, y para el cual habría algún aporte del FMI.

Para que haya financiación las provincias deberán cumplir con la reducción de gastos comprometida en el Pacto Fiscal, ya que en el caso de no cumplir, la Nación podrá descontarla de los aportes correspondientes a la coparticipación federal de impuestos.

A su vez, la Nación también se compromete a que las provincias cuenten con una financiación sin altibajos.