Análisis Global



	Negociaciones con el FMI y sistema financiero

	En un escenario de mayor equilibrio del panorama macroeconómico, vista la ratificación en el incremento de los ingresos tributarios -en agosto crecieron 16,4% respecto a igual mes del año anterior-, la estabilización de la paridad cambiaria y de la tasa de inflación y el menor drenaje de depósitos del sistema bancario, las posibilidades de un acuerdo con el FMI, sin embargo, continúan en un clima de incertidumbre. Lo que acontece es que no sólo entran en consideración las cuestiones macroeconómicas, sino también aspectos que están fuera de la órbita decisional de la conducción económica y aún del Poder Ejecutivo, como son determinados fallos judiciales -amparos, restitución del 13% en salarios públicos y jubilaciones y eventual rechazo a la pesificación- y del Poder Legislativo -prórroga en la aplicación del CER y de las ejecuciones bancarias, entre otros-. Además, las declaraciones de varios candidatos presidenciales, en el sentido de un eventual desconocimiento del acuerdo con el FMI, también generan una desconfianza adicional y permiten al organismo multilateral dilatar las negociaciones. De todos modos, el FMI ha decidido prorrogar por un año el vencimiento de u$s 2.700 millones que el Gobierno argentino debía afrontar en el corriente mes de setiembre e inclusive autorizó al BID a desembolsar un crédito por u$s 200 millones, destinado a colaborar con el ajuste fiscal y para asistencia social. En el contexto de estas contradicciones e incertidumbres, el gobierno nacional debe continuar, de todos modos y a pesar de sus limitaciones políticas e institucionales, con la decisión de asegurar el cumplimiento del programa fiscal y monetario, por un lado, y con la recuperación gradual del funcionamiento del sistema financiero, por el otro. Este último aspecto es vital para apuntalar el incipiente proceso de reactivación productiva que se observa en los meses más recientes, basado en el mayor dinamismo de los sectores productores de bienes transables internacionalmente (producción primaria y algunas actividades industriales). Con relación al funcionamiento del sistema bancario se ha dispuesto, desde el 1º de setiembre, la posibilidad de la transferencia electrónica de una cuenta a otra de los saldos de libre disponibilidad en depósitos a la vista (cuenta corriente y depósitos en caja de ahorro) y, desde el 1º de octubre, la constitución de depósitos sin las restricciones que hoy impone el “corralito” en cuanto a límites en los montos de extracción y cobro de cheques en efectivo. Esta última medida, además de ir en la dirección de flexibilizar el “corralito”, procura crear condiciones más atractivas para captar los fondos que están atesorados fuera del sistema financiero, o sea que están en cajas de seguridad o destinos equivalentes. Según un reciente estudio elaborado por el INDEC -Posición de Inversión Internacional de la Argentina-, los residentes locales, al 31.12.01, poseían fondos en esas condiciones por u$s 28.076 millones. Es obvio que la restitución de esos fondos al sistema financiero -bancos y otras alternativas de colocación- no sólo depende de la confianza, sino también del comportamiento esperado de la tasa de interés y del tipo de cambio. Con tasas altas y estabilidad cambiaria la atracción por recolocar fondos en el sistema se acrecienta, lo cual es un elemento positivo para una economía que prácticamente carece de financiación. Pero, por otro lado, si la tasa de interés exigida por los inversores financieros es exageradamente elevada, ello conspirará contra el proceso de reactivación productiva, por una parte y, por la otra, podría derivar en movimientos especulativos que a mediano plazo -como hay larga tradición en la Argentina-, terminan generando más problemas que soluciones.





	Acceso del país al Sistema Generalizado de Preferencias

	A principios de agosto, el representante de Comercio de Estados Unidos comunicó a las autoridades argentinas que facilitará el acceso al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en los próximos noventa días, lo cual posibilitará la exportación de productos a ese país con arancel cero, habilitación otorgable a países en desarrollo. En 1997 Estados Unidos había aplicado una sanción comercial a nuestro país, reduciendo a la mitad la lista de productos incluidos en el SGP, a raíz del conflicto sobre la legislación de patentes argentina, en la cual se introdujeron modificaciones en abril último. En ese entonces, las exportaciones argentinas por dicho régimen preferencial sumaban poco más de u$s 200 millones anuales, monto que la Cancillería espera ahora ampliar a unos 600 millones. Esto se lograría principalmente por la inclusión de nuevos bienes, siendo el ingreso al SGP producto por producto. En el marco del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones Argentina-Estados Unidos, el Gobierno ha solicitado la aprobación para el SGP de una lista de 142 productos alimenticios y otros, previéndose ampliar significativamente la misma. La Cancillería argentina -a cargo de las gestiones del caso- ha indicado que la incorporación de nuevos productos al SGP es un proceso complejo, que incluye en Estados Unidos la consulta a varios departamentos o ministerios, así como la apertura a procedimientos de oposición pública. Un papel clave en dicho proceso lo tiene la Representación Comercial estadounidense -una especie de ministerio de comercio exterior-, que está también a cargo de la instrumentación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), existiendo versiones de que el Gobierno argentino se habría comprometido a priorizar su contribución al avance del ALCA. Que “todo el continente esté comercialmente unido”-como expresara el secretario del Tesoro en su reciente visita al país- es una meta del mayor interés del gobierno estadounidense, que ahora trataría de acelerar los pasos respectivos, aprovechando la reciente sanción de la ley que dispone la “vía rápida”, denominada ahora “Autoridad de Promoción Comercial”. Por ésta, se facilita especialmente al Poder Ejecutivo estadounidense la negociación de acuerdos comerciales, ya que su posterior tratamiento por el Congreso debe consistir en la respectiva aprobación o rechazo, sin posibilidad de modificaciones parciales sujetas a presiones sectoriales y de trámite prolongado. Los países beneficiados por el SGP deben -según información periodística- colaborar en la guerra contra el terrorismo y contar con una legislación contra el empleo infantil. Según la Cancillería, el país se compromete a otorgar un acceso razonable y equitativo para los productos y servicios estadounidenses, una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y políticas de inversión no distorsivas del comercio. En una primera aprobación por parte del gobierno estadounidense, hacia fines de agosto se incorporó al SGP una lista de 57 productos, los que podrán ingresar al mercado del norte sin aranceles a partir de los 15 días de su publicación oficial. Simultáneamente, la Representación Comercial de Estados Unidos habilitó un período de cinco meses de discusión pública -que incluirá la participación de empresas argentinas- para analizar la incorporación de otros nueve productos, parte de los cuales enfrenta actualmente un mecanismo de cuotas de importación y aranceles elevados.