Informe Económico de Coyuntura

Nº 225 - Noviembre 2002 - AÑO 21

La recaudación impositiva se mantiene en un nivel aceptable

La recaudación impositiva de setiembre fue de $ 4.344 millones, 24% más que la de setiembre de 2001. De esta manera, en los primeros nueve meses del año se obtuvieron 35.877 millones, superando en 0,9% a la recaudación acumulada en igual período de 2001, lo que sucede por primera vez en lo que va del año.

Sin embargo, la recaudación fue 8,2% menor a la de agosto de este año, mostrando una cierta desaceleración respecto al ritmo de crecimiento de los meses anteriores.

El impuesto al valor agregado permitió recaudar $ 1.340,3 millones, 17,3% más que en setiembre de 2001. Este es uno de los casos más evidentes de aumento de los ingresos por efectos de la inflación, ya que el mayor valor de los bienes y servicios incrementa el monto sobre el que se paga el impuesto.

El impuesto a las ganancias siguió retrocediendo, al recaudarse en setiembre $ 683,2 millones, 1% menos que en igual mes de 2001. Además, el pronóstico no es optimista, ya que muchas empresas no declararon utilidades y disminuyen el pago de anticipos.

En lo que hace a las retenciones a las exportaciones, cayeron más de $ 200 millones, pasando de 811,7 en agosto a 609 millones en setiembre. Esto fue consecuencia de que antes el impuesto se pagaba en el momento de presentar la declaración jurada y ahora -por pedido de los exportadores- a los quince días, reduciendo así un importante costo financiero de las empresas.

El impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente, con $ 419,8 millones, contribuyó a apuntalar la recaudación con un incremento de 11,3% frente a setiembre de 2001; respecto al mes de agosto, el monto resultó 10 millones menor.

Con relación al impuesto a los combustibles, también se registraron incrementos de 8,2% en las naftas y de 5,5% en otros.

La recaudación total se distribuyó de la siguiente forma: $ 2.531,5 millones correspondieron a la administración central, que incrementó sus ingresos respecto a setiembre de 2001 en 50%; el sistema de seguridad social, con 646,1 millones recibió 1,3% más, en tanto que las provincias, con 967,4 millones, percibieron 12,8% menos.

Las condiciones requeridas por el FMI

A comienzos de octubre se conoció un nuevo borrador de carta de intención, en el que el Fondo Monetario Internacional plantea un mayor compromiso de ajuste fiscal a la economía argentina, para lograr cerrar en forma definitiva las negociaciones del acuerdo que se vienen manteniendo desde los primeros meses del año.

En lo referido al sector público, para el organismo internacional debería ampliarse el superávit fiscal consolidado previsto para 2003 por el equipo económico en 1,5% del PIB y llegar a 2,3%, que significarían $ 5.000 millones más para poder volcarlos a la atención de la deuda externa. El Gobierno debería comprometerse a alcanzar superávit fiscales crecientes, tanto a nivel nacional como provincial, hasta llegar al 4 - 5% del PIB en los próximos tres años.

Para lograr esa meta, el Gobierno debería hacer una reforma impositiva, en consulta con el FMI y el Banco Mundial, que incluye varios cambios. El FMI plantea un impuesto a los intereses sobre los plazos fijos, a la distribución de los dividendos de las empresas y a las utilidades de las cooperativas y fundaciones, que serían alcanzados por el impuesto a las ganancias.

También se eliminarían otras exenciones al IVA y ganancias y las promociones regionales o provinciales.

Habría también una modificación en el reparto de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias. Estas recibirían una nueva cuota de coparticipación según lo que recauden y gasten, mientras que por otro lado, se anularían las retenciones a las exportaciones.

También el Fondo exige un mayor esfuerzo al conjunto de las provincias y reclama que los gobernadores hagan un gesto político de consenso a favor del acuerdo y avanzando en los ajustes comprometidos, que se manifestaría en la aprobación por las legislaturas de los planes de ajuste y el comienzo de la sustitución de los bonos locales. Cumpliendo con estas exigencias, las provincias podrían recibir $ 1.000 millones en fondos frescos.

Otro aspecto contenido en el borrador se refiere al incremento de tarifas de los servicios públicos privatizados, que “para evitar un deterioro de los servicios” debería situarse según el organismo internacional alrededor de 30%. Esta medida debería ser acompañada por la fijación de un calendario para que se revisen las normas de control y regulación de los servicios públicos y se elimine por completo el control de precios.

El Gobierno debería comprometerse a impulsar una reforma de la seguridad social, tanto de jubilaciones como del régimen de salud y de ayuda social. También habría una reforma del empleo público, como un pilar de la reforma del Estado.

El documento también se refiere a la necesidad de acelerar la reestructuración de la banca pública, en especial de los bancos que tienen importantes redescuentos del Banco Central, incluyendo la capitalización de esas entidades a través de la bolsa.

Los requerimientos del Fondo también se extienden a cambios en el sistema financiero y en el mercado cambiario.

Con respecto a los puntos anteriores, hay algunos con los que el Gobierno estaría de acuerdo, aunque en otros no. En cuanto al monto del préstamo a otorgar entrarían todos los vencimientos futuros hasta diciembre de 2003, pero el Gobierno también quiere que el FMI le devuelva al menos parte de los pagos realizados en el primer semestre a organismos multilaterales. Sobre esta compensación, que alcanzaría a unos u$s 2.400 millones y permitiría reconstituir reservas, siguen existiendo discrepancias.