Análisis Global



	Impulsos y limitaciones de la reactivación

	En un contexto caracterizado por el sostenimiento de las tendencias de las principales variables económicas -aún en los momentos más decisivos de la contienda electoral- la conducción económica intenta fortalecer el proceso de reactivación productiva a través del impulso a dos variables claves de la demanda agregada: las exportaciones y el consumo interno. En tal sentido, el foco principal se ubica sobre el comportamiento del tipo de cambio y de la masa salarial. La preocupación central sobre el tipo de cambio consiste en evitar la continuidad del proceso descendente que se viene verificando en los últimos meses y que ha significado una caída de la paridad nominal del orden del 25% entre junio de 2002 y abril de 2003. La causa de tal comportamiento es el excedente neto de divisas que genera el sector privado en el comercio exterior y las limitaciones de absorción que tiene el Banco Central por razones monetarias. En el programa acordado con el FMI se estableció que la base monetaria amplia -base monetaria propiamente dicha más stock de cuasimonedas-, después de la expansión prevista para febrero y marzo, debería comenzar a reducirse a partir de abril del corriente año, hasta retornar en agosto próximo a los mismos niveles que tenía a fines de 2002. Como es ostensible, este compromiso cuantitativo limita la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado de divisas y guarda relación con el riesgo inflacionario que implicaría un exceso de emisión monetaria. Sin embargo, al considerar que la tasa de inflación, en lo que va del corriente año, está muy por debajo, en su proyección anualizada, con respecto a la estimada en el acuerdo con el FMI ( 22%) y que la demanda de dinero por razones transaccionales -circulante más depósitos a la vista- es superior a la prevista, el gobierno ha iniciado conversaciones con el FMI para flexibilizar el programa monetario y así tener mayor libertad para sostener la paridad cambiaria. En tales conversaciones se habría alcanzado un principio de acuerdo para que la base monetaria -circulante más depósitos de las entidades financieras en el Banco Central- no sólo no disminuya, sino que por el contrario, pueda expandirse en los próximos meses en una cantidad que se estima podría oscilar entre $ 2.000 y 3.000 millones. Con respecto a la cuestión de la masa salarial el panorama es sumamente complejo, por cuanto cabe indagar en el nivel de las remuneraciones, por un lado, y en el nivel de ocupación de la mano de obra, por otro. El comportamiento de las remuneraciones puede observarse a través del Indice de Salarios que elabora el INDEC, el cual muestra que durante el año 2002 el poder adquisitivo salarial se redujo 23,7%. Esta proporción es la resultante de trayectorias disímiles entre los tres componentes del índice, o sea, el sector privado registrado (- 17,1%), el sector privado no registrado (- 32,9 %) y el sector público (- 28,6 %). Sin embargo, en el primer bimestre del año -últimos datos disponibles- la tendencia contractiva tiende a revertirse, ya que el salario real promedio experimenta una suba de 1,6%, a favor, entre otros factores, de una muy baja tasa de inflación registrada. En el caso de los trabajadores registrados del sector privado, cabe señalar la incidencia de los sucesivos incrementos salariales de suma fija dispuestos por el Gobierno, que con el reciente aumento de $ 50 vigente a partir de mayo, asciende a la suma de $ 200 mensuales. Por otra parte, también cabe computar la restitución del 13 % a los empleados públicos desde principios del año en curso. En cuanto a la ocupación de mano de obra, no existe información global actualizada, después de la medición de octubre de 2002, pero algunos indicadores parciales -como el Indice de Obreros Ocupados- sugieren una leve recuperación del empleo y sobre todo, un significativo incremento de las horas trabajadas. Ello estaría indicando un comportamiento signado por la reactivación de algunas ramas vinculadas con la sustitución de importaciones, por un lado, pero también por la incertidumbre sobre la futura política salarial y de empleo que introduce el proceso político-electoral. En definitiva, la recuperación de la demanda interna sólo parece posible como parte de un proceso gradual, en vista del estrecho margen de acción que deja el delicado equilibrio macroeconómico existente.





	El comercio agrícola, la deuda de la OMC

	En noviembre de 2001, los 145 países que integran la Organización Mundial de Comercio (OMC) lanzaron el denominado “Programa de Doha (Qatar) para el Desarrollo”, o sea, una nueva ronda de negociaciones para una mayor liberalización del intercambio internacional, que debería regir a partir de enero de 2005. En esa oportunidad, se fijó el 31 de marzo de 2003 como fecha límite para alcanzar un acuerdo con relación a las modalidades de liberalización del comercio de productos agropecuarios. Al respecto, se acordó hacer “avances sustanciales en el acceso a mercados, con vistas a eliminar toda forma de subsidios a la exportación”, así como “reducciones sustanciales en apoyos internos que distorsionen el comercio”. Los 30 países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que son los más desarrollados, gastaron en 2001 unos u$s 330.000 millones en subsidios a la agricultura, según estimó el Banco Mundial. De acuerdo a la OCDE, los subsidios representaron en 2001 un 59% del ingreso total de los agricultores en Japón, un 35% en la Unión Europea (UE) y un 21% en Estados Unidos. Para la Argentina, se ha estimado que el efecto sobre los precios de esos subsidios equivale a una pérdida de unos u$s 2.500 millones por año. Importa recordar que las exportaciones de productos agropecuarios y sus manufacturas derivadas participan en aproximadamente la mitad de las exportaciones totales de nuestro país. En el ámbito de la OMC, el titular del grupo negociador sobre agricultura había presentado en febrero una propuesta para la discusión, que básicamente planteaba -para los países ricos- la eliminación de los subsidios a la exportación a los nueve años de suscripto el acuerdo de la OMC y la reducción de otros apoyos en 60%. Dicha propuesta no fue aceptada y no se logró un acuerdo antes de fin de marzo, expresando el titular del grupo que no están dadas las condiciones para presentar una nueva propuesta, debido a que los países se han afirmado en posiciones muy alejadas. Este fracaso de las negociaciones se ha sumado -en el ámbito de la OMC- a otros tres anteriores relacionados con el acceso de los países pobres a medicamentos baratos para enfermedades difundidas como el sida y la malaria; el tratamiento especial del comercio para los países en desarrollo, y la instrumentación efectiva de los acuerdos heredados de la anterior ronda Uruguay. Cabe mencionar que en la OMC los acuerdos deben contar con el consenso unánime de sus miembros, dándose el caso, por ejemplo, en el citado tema de los medicamentos, que no pudo ser aprobado debido a la solitaria oposición de Estados Unidos. La UE y EE.UU. han efectuado sus respectivas propuestas de liberalización agrícola. En materia de subsidios a la exportación, la UE propone una disminución de 45% (que podría ampliarse si hay consenso), en tanto que EE.UU. promueve la supresión total en 5 años. El Grupo Cairns, formado por 17 países que no subsidian su agricultura -entre ellos, la Argentina-, propone la eliminación en 3 años. En cuanto al acceso a los mercados, la UE propone una disminución de los aranceles aduaneros en 36%, en tanto que EE.UU. promueve una reducción por la cual ningún arancel superaría el 25% y la eliminación de todas las barreras al comercio agrícola. En el tema del apoyo o ayuda interna, la UE aprobaría una reducción de 55% en sólo las ayudas “distorsivas” del comercio -empezando por los compromisos efectuados en la ronda Uruguay-, mientras que EE.UU. propone un límite para todos los países de los subsidios distorsivos de hasta 5% del valor de la producción, la eliminación de los subsidios vinculados a programas de reducción y la supresión parcial de las ayudas no distorsivas. Adicionalmente, la UE incluye en su propuesta -entre otros temas-, que los países desarrollados ofrezcan un acceso preferencial a sus mercados para los productos de los países en desarrollo; que los compromisos futuros sean realizados en 6 años para los primeros y en 10 para los segundos, y la posibilidad de que los países en desarrollo otorguen ayuda a su agricultura con fines de desarrollo. Las autoridades argentinas y en general los países del Grupo Cairns, consideran que las propuestas europea y estadounidense, si bien se hallan en la dirección correcta, presentan compromisos limitados que no satisfacen las expectativas ni son coherentes con las bases acordadas en el lanzamiento de Doha. En una carta abierta de mediados de abril, el Grupo señaló que la UE estaría en realidad desalentando el proceso multilateral de liberalización, mientras que la propuesta de EE.UU. fue considerada más coherente con el mandato negociador de Doha, a pesar de ser este país responsable de importantes distorsiones en el comercio agrícola. El secretario argentino de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional manifestó que la Argentina procura la eliminación de todos los subsidios a la exportación, una mejora sustancial del acceso a los mercados y una significativa reducción de las medidas de ayuda interna. En setiembre próximo se reunirán en Cancún (México) los ministros de Comercio de los países de la OMC, que deberían considerar la iniciación de negociaciones sobre cuatro áreas -propuestas por la UE y en general prioritarias para los países desarrollados-: comercio y competencia; comercio e inversión; compras públicas, y facilitación del comercio. Además, en el corriente año se efectuará una revisión de la “política agrícola común” de la UE, no existiendo seguridad de su realización antes de la reunión de Cancún, lo cual podría resultar eventualmente de particular importancia. Los países del Mercosur y otros del Grupo Cairns han afirmado la posición de que si no hay un avance sustancial en materia agrícola, no participarán de las negociaciones globales. Más allá de la evolución de las negociaciones, cabe reconocer que los países desarrollados continuarán -aunque tal vez en menor medida- otorgando subsidios en los próximos años. Dada la composición de las exportaciones argentinas, parece evidente que el país debería tener una estrategia coherente con los objetivos de desarrollar nuevos productos, nuevos mercados y nuevos exportadores.