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Con ser muy serio, el desempleo no es el único problema
laboral de la Argentina. Igualmente importante -y en el largo plazo tal vez más
significativo- es la segmentación del mercado de trabajo y sobre todo el fuerte peso de
los sectores de baja productividad. Este es un tema central en el examen de la
competitividad de la economía argentina.
En una economía competitiva predominan las relaciones laborales asalariadas, registradas
legalmente. En el mercado de trabajo argentino, ese núcleo capitalista es minoritario.
Incluyendo los empleadores y también los independientes con capital o con contrato
(“factureros”), el sector privado formal comprende 43% de la ocupación. Los
asalariados privados registrados -el empleo capitalista en un sentido preciso- representan
sólo el 25,3%.
En contraste, los trabajadores informales de baja productividad -la periferia del mercado
laboral- constituyen el 34% de la ocupación, es decir 9 puntos porcentuales más que los
asalariados privados registrados. Cualitativamente, además, entre ellos la categoría
más extendida es la del trabajo intermitente, de altísima rotación y mínima
productividad. Los trabajadores intermitentes, con una tasa de desempleo de 37% (el doble
que la tasa promedio), son casi el 18% de la población económicamente activa.
La informalidad penetra casi todos los sectores de actividad. No resulta sorprendente que
tenga un peso muy fuerte en la construcción (75%), donde una buena parte de la actividad
es no empresarial (refacciones menores en hogares) o es efectuada por pequeños
subcontratistas semi-empresariales, muchas veces familiares. Tampoco sorprende la alta
informalidad en los servicios personales (59%) y el comercio (41%), donde hay una mayoría
de pequeñas unidades familiares, con frecuencia sin capacidad de acumulación; en los
restaurantes y hoteles (44%) o el transporte (39%), donde es muy elevada la proporción de
microempresarios.
Lo llamativo, sin embargo, es que también es extendida en un sector transable como la
industria. Uno de cada tres empleos industriales es informal. A diferencia de las
economías más competitivas, en la Argentina sólo el 44% de los ocupados en la industria
es un asalariado registrado.
Además de la obvia excepción del sector público, la formalidad laboral sólo es
claramente mayoritaria en los servicios financieros y empresariales (79%) y en la salud y
enseñanza privada (77%). Aún así, un quinto de los ocupados en estos sectores son
informales.
Informalidad
y fragmentación de la estructura productiva
La alta extensión de la informalidad está asociada con la fragmentación de la
estructura productiva. Casi la mitad de los ocupados trabaja en unidades de hasta 5
personas, en su mayoría de productividad muy baja, o en hogares particulares. En las
microempresas, el 62% de los asalariados estables son no registrados; a éstos hay que
añadir los trabajadores informales intermitentes, muchos de los cuales trabajan para
ellas, que cuentan con 26% de los ocupados en este estrato de tamaño.
La correlación entre la informalidad y el tamaño de la unidad económica (que puede
considerarse una aproximación (proxy) de la productividad) es muy alta: 69% de los
ocupados en el sector informal no doméstico trabajan en microempresas de hasta 5 personas
y 82% lo hace en firmas de no más de 15. Solamente el 6,5% de los informales no
domésticos están empleados en unidades que superan la definición legal de pequeña
empresa de 40 ocupados.
Una desagregación por categorías muestra que cuanto más informal -y por lo tanto de
peor calidad- es el empleo, mayor es la correlación con las unidades de muy pequeño
tamaño y más baja productividad; así, el 80% de los intermitentes trabajan para
unidades de hasta 5 ocupados. No sorprende, entonces, que ganen menos de la mitad del
promedio de los ocupados y sólo la tercera parte de lo que perciben los asalariados
registrados del sector formal.
El
ajuste durante la crisis
Pero el sector privado formal no sólo es minoritario en el mercado de trabajo. También
se ha reducido durante la crisis. Entre 1998 y 2002 su peso en el empleo total disminuyó
6 puntos, concentrándose casi toda la caída en los asalariados registrados. El número
de éstos se redujo en más de medio millón, es decir casi 15%. Ninguna otra categoría
ocupacional, con la excepción relativa -y consistente con este proceso- de los
empleadores, tuvo una evolución semejante. Visto en perspectiva, la crisis produjo una
deconstrucción del sector más competitivo del mercado laboral y una pérdida de los
empleos de mejor calidad.
El empleo informal, por el contrario, logró mantenerse; en parte como resultado de su
mayor flexibilidad salarial, aunque con el correspondiente costo en términos de ingreso.
Distinto de lo ocurrido en el empleo asalariado privado formal, más inflexible a la baja
nominal, el ajuste de las remuneraciones de los informales no comenzó con la salida de la
convertibilidad sino desde el inicio mismo de la crisis y en rigor antes aún. Entre el
segundo semestre de 1998 y fines de 2001, el ingreso medio de la ocupación en el sector
informal disminuyó 20% (comparado con un ajuste apenas marginal en el caso de los
asalariados privados con contratos estables).
La otra consecuencia significativa de la crisis es un crecimiento de cerca de 6 puntos en
la población económicamente activa dependiente del sector público; en el empleo el
aumento es de casi 8 puntos. Ello es el resultado de una expansión moderada, pero
sugerente en el marco de la crisis (no se interrumpió aún en 2002), de la cantidad de
asalariados públicos -sobre todo en provincias y municipios- y del acentuado incremento
del número de beneficiarios de planes públicos. Aunque desde luego de naturaleza
diferente (la primera categoría incluye la administración del Estado, defensa y los
servicios de salud y educación pública), en ambos casos derivan sus ingresos del fisco.
En esta situación se encuentra ahora cerca del 20% de la población activa y el 23% de
los ocupados. Este último porcentaje es muy cercano al de los asalariados privados
formales.
Los dependientes del sector público reciben aproximadamente 22% de la masa salarial total
que se distribuye entre los ocupados. En 1998 la proporción era de 16,7%.
El peso que recae sobre el sector público es todavía mayor si se incluyen los
beneficiarios de planes que reciben subsidios pero no realizan contrapartida laboral (y
por lo tanto, no clasifican dentro de la población económicamente activa). En este
supuesto, el total de personas dependientes del sector público (excluidos los jubilados y
pensionados) supera los 3,5 millones. Esto es casi el doble de lo que había al comienzo
de la crisis (poco más de 1,8 millones).
Esto sugiere que en una economía donde menos de la mitad de la fuerza de trabajo tiene un
empleo formal y sólo un cuarto es asalariada privada registrada, uno de cada tres hogares
(y más si se consideran los integrados por pasivos) depende del gasto público. Esto,
desde luego, afecta el equilibrio fiscal, la capacidad de acumulación y la
competitividad.
(1) Extracto del trabajo homónimo de Ernesto Kritz, Cámara de
Exportadores de la República Argentina (CERA), Buenos Aires, mayo de 2003. |
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