Informe Económico de Coyuntura

Nº 235 - Octubre 2003 - AÑO 22

Acuerdo con el FMI, reestructuración de la deuda
y presupuesto 2004

El Gobierno argentino acaba de realizar dos acciones importantes tendientes a dinamizar la reinserción económica y financiera en el contexto internacional. Por un lado, la firma del acuerdo con el FMI por el período 2003/2006 y por el otro, la propuesta de reestructuración de la deuda pública en default desde fines del año 2001. Ambas acciones constituyen elementos relevantes de los temas que, en nuestro informe anterior, definimos como las premisas básicas del escenario macroeconómico que se proyectará hacia el futuro. Simultáneamente, fue presentado al Congreso el proyecto de presupuesto para el próximo año.

En el acuerdo con el FMI se prevé un superávit fiscal primario consolidado de tres puntos del PIB, generado en un monto equivalente a 2,4% del PIB por el Estado nacional y en un 0,6% por el conjunto de las provincias. El compromiso del tal superávit fiscal se explicita para el año 2004, pero queda indeterminado para los años 2005 y 2006. El Gobierno considera que dicho porcentaje debería aumentar en esos años, pero que siempre tiene que ser compatible con asegurar el crecimiento de la economía, la generación de empleo y la disminución de la pobreza.

Desde el punto de vista cuantitativo el memorandum aprobado por el FMI proyecta, para el período 2004/2006, los siguientes guarismos:

A su vez, desde el punto de vista de los compromisos vinculados con iniciativas legislativas o administrativas, se destacan las siguientes reformas:

En cuanto a la reforma impositiva, la acción más inmediata -que se iniciaría a mediados de 2004- consiste en la reducción gradual del impuesto a las transacciones financieras, considerando también la posibilidad de que se impute como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta su eliminación definitiva. En términos generales, se prevé que las reformas vinculadas con cuestiones fiscales serán analizadas durante 2004 para su incorporación al presupuesto 2005.

Una vez confirmado el acuerdo con el FMI, el Gobierno planteó lo que ha denominado “Lineamientos de la reestructuración de la deuda soberana”, o sea, la propuesta para refinanciar u$s 94.300 millones -algo más de la mitad de la deuda total-, monto conformado por obligaciones asumidas por el Estado Nacional con anterioridad al colapso de la convertibilidad a fines de 2001. El monto involucrado y la variedad de bonos (152), de monedas (7) y de legislación aplicable (8), convierten a esta reestructuración en la más significativa y compleja de la historia.

La suma en reestructuración -denominada “deuda elegible” en el documento oficial- no incluye los intereses devengados desde diciembre de 2001 hasta la fecha de los respectivos acuerdos y la pretensión del Gobierno es que dicha deuda se reduzca en un 75% de su valor nominal. Para ello ofrece tres opciones: a) bono con descuento, con reducción del valor nominal; b) bono par, sin reducción del valor nominal, o con pequeña reducción, pero con menor tasa de interés y mayores plazos, y c) bono con capitalización. Cada uno de ellos, además, puede incorporar una variante, consistente en una tasa de interés fija más baja y un adicional indexado según el crecimiento del PIB.

Un problema importante está referido a la circunstancia de que un 20% de la deuda elegible está en poder del sistema argentino de fondos de pensión (AFJP), con lo que la reestructuración impacta negativamente sobre los fondos capitalizables de los futuros jubilados. Otro tema que también hace complejo el proceso es que el 43,5% de los bonos está en manos de tenedores minoristas y no a nivel institucional, donde existe más experiencia y capacidad de negociación.

Más allá del resultado concreto de la reestructuración de la deuda, que por cierto demandará un buen lapso de tiempo, es evidente que la condición necesaria para viabilizar el cumplimiento de los acuerdos consiste en garantizar una trayectoria de crecimiento de la economía argentina y un sólido marco de equilibrios macroeconómicos. En tal sentido, resulta pertinente visualizar las proyecciones hasta el año 2006 contenidas en el documento oficial presentado en Dubai, que se exponen en el cuadro adjunto.

Por cierto, estas mismas proyecciones – en lo que concierne al año 2004 – están en la base de cálculo del proyecto de presupuesto para dicho período. En tal caso, el incremento previsto del superávit fiscal primario para la administración nacional, de 2,1% del PIB en 2003 a 2,4% en 2004, se explica íntegramente por una reducción del gasto primario como proporción del PIB. Ello plantea un interrogante significativo, por cuanto, al mismo tiempo, se preven más erogaciones en los planes sociales, en obras públicas, en ciencia y tecnología y en educación. En consecuencia, el cumplimiento de esta meta fiscal exigirá un severo control sobre otros gastos, en particular sobre los salarios públicos para los cuales no se proyectan aumentos nominales a pesar de una previsión inflacionaria, a nivel minorista, superior al 10 %.

Decepcionante reunión de la OMC

En el marco de la ronda de negociaciones para avanzar en la liberalización del comercio mundial -iniciada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en noviembre de 2001 en Doha, Qatar-, se realizó en setiembre último en Cancún, México, una reunión de ministros de Comercio de los 148 países miembros de la OMC, con el objetivo de definir las modalidades, temas y objetivos de la ronda.

El desarrollo de la reunión tuvo tres momentos principales, siendo el primero la presentación por parte de la conducción de la OMC de un borrador de declaración final. El mismo constituía básicamente una síntesis de la propuesta agrícola conjunta presentada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a fines de agosto pasado.

Dicha propuesta consistía fundamentalmente en reducciones parciales y graduales en las áreas de subsidios internos, aranceles a las importaciones y subsidios a la exportación.

Por otro lado, importa señalar aquí que en la apertura de la reunión se había presentado formalmente el luego llamado “Grupo de los 22”, integrado por países en desarrollo en torno al objetivo de liberalización en materia agrícola. El comité ejecutivo del grupo está formado por Brasil (coordinador), la Argentina, China, India y Sudáfrica, contándose como miembros Chile, Egipto, Indonesia, México y otros países.

La formación de este nuevo grupo de países fue calificada por el vicecanciller argentino como “un hito en las relaciones internacionales, como en su momento fue la conformacioón del Grupo Cairns”.

Un segundo momento del cónclave lo constituyó el rechazo del citado borrador por parte del G-22, afirmando que el carácter limitado de la propuesta agrícola no reflejaba lo acordado en el anterior “mandato de Doha”. De esta forma, el G-22 -que ya había conseguido que la reunión comenzara por el tema agrícola- logró forzar una revisión del borrador presentado.

En el mismo día y en su discurso en la reunión, el canciller argentino expresó, en síntesis, que solamente una mayor equidad en el comercio agrícola internacional permitirá que los países en desarrollo afronten los compromisos de su deuda externa, señalando que actualmente los países latinoamericanos destinan al pago de la deuda uno de cada tres dólares que reciben por sus exportaciones.

El tercer momento del encuentro pudo observarse a partir de la propuesta de la UE -apoyada por Japón, Estados Unidos y otros países- para incluir los “temas de Singapur” (donde se realizara una conferencia de la OMC en 1997) en las negociaciones, como condición para reconsiderar concesiones en el área agrícola.

Dichos temas son cuatro: el acceso a compras gubernamentales para empresas extranjeras; la protección de las inversiones extranjeras; la armonización de normas aduaneras para facilitar el comercio, y la homogeneización de las normas sobre defensa de la competencia desleal. Cabe acotar que la Argentina ya ha efectuado importantes concesiones en ese temario, en parte en la ronda Uruguay de la OMC -finalizada en 1994-, donde se otorgó más de lo que se recibió, resultando un serio desequilibrio para el país.

A pesar de que la UE aceptara incluir en forma parcial dicho temario, no pudo alcanzar su objetivo. Un numeroso grupo de países de Asia, Africa y el Caribe -liderados por India y Malasia- argumentó que los temas de Singapur no habían sido formalmente incluidos en la cumbre de Doha, entre otras objeciones expuestas.

El desacuerdo y retiro de esos países de la reunión definió el fracaso de la misma en cuanto a resultados concretos -lo cual ya sucedió en otras oportunidades-, pues en la OMC las decisiones deben adoptarse por unanimidad.

Una síntesis de la reunión concluida sería que hasta ahora no se aprecia el cumplimiendo de las promesas de los países desarrollados en el sentido de convertir a Doha en “la ronda del desarrollo”.

Al final del cónclave se acordó convocar a una reunión de altos funcionarios de los países miembros de la OMC, a más tardar el 15 de diciembre próximo en Ginebra, sede del organismo.

Se prevé que será un tema central de esa reunión la consideración de una prórroga -rechazada en Cancún- de la mal denominada “Cláusula de Paz”, que vence a fin del corriente año. La cláusula se adoptó en el acuerdo agrícola de la ronda Uruguay y por la misma no se permite presentar quejas ante tribunales de la OMC contra los países que otorgan subsidios distorsionantes del comercio agrícola, prohibidos por las normas de ese organismo.