Informe Económico de Coyuntura

Nº 243 - Julio 2004 - AÑO 23

Fue récord la recaudación impositiva de mayo

La recaudación impositiva de mayo fue de $ 12.367,8 millones, que representaron un alza de 73% respecto de mayo de 2003. El aumento de los ingresos provenientes del impuesto a las ganancias, asociado al incremento de impuesto al valor agregado, se constituyen en la explicación de esta suba.

La recaudación del impuesto al valor agregado alcanzó a $ 2.472,2 millones, debido a un incremento del consumo y de las importaciones y un menor grado de evasión, representando un incremento de 79,5% con respecto a mayo de 2003.

En cuanto a los derechos de exportación, la recaudación alcanzó a $ 1.089,2 millones, esto es, 12,5% más que en el mismo mes del año pasado, en tanto los derechos de importación se incrementaron 61,8%, al recaudarse por este concepto $ 252,9 millones.

El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios recaudó $ 670,1 millones, 35,6% más que en mayo de 2003. Este resultado se registró a pesar de la baja de su alícuota de 0,2 punto porcentual, que rige desde mayo último.

El impuesto con una influencia decisiva en el resultado de la recaudación total fue el impuesto a las ganancias, que registró un ingreso récord de $ 5.432,5 millones, implicando un incremento de 151% frente a mayo de 2003. Este resultado se debió al vencimiento de este impuesto, unido a que pagaron el saldo las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2003, algunas de las cuales habían registrado fuertes utilidades.

Con respecto a los ingresos del sistema de seguridad social, se observa una importante tendencia a la recuperación, vinculada con el repunte del empleo formal. Las contribuciones patronales, con $ 781,5 millones, superaron en 37,5% el nivel de mayo de 2003. Por su parte, los aportes personales, que llegaron a $ 514 millones, crecieron 39,5% contra el mismo período.

Se complica la aprobación del proyecto de coparticipación

Si bien el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos recibió la adhesión de un número importante de provincias, los desacuerdos entre la Nación y la provincia de Buenos Aires requirieron un marco de negociación y un acuerdo bilateral, que permita al mismo tiempo destrabar el tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación.

En virtud de este acuerdo bilateral, la provincia obtendría que la Nación reconozca como deuda el pago de $ 470 millones por el déficit previsional bonaerense y por el traspaso de institutos terciarios, así como el envío inmediato de recursos adicionales asignados por fuera de la coparticipación (fondos líquidos, obras públicas), estimados por los técnicos en $ 600 millones.

De este modo, la provincia buscaría alcanzar el porcentaje de coparticipación de 1995, cuando tenía 25,1% de la torta. Hoy tiene 22,4%.

La Nación, por su parte, obtendría el apoyo de la provincia a su proyecto de ley, sin alterarlo y sin afectar el superávit fiscal primario de 2,7% del producto interno bruto (PIB).

Según la Nación, el superávit es intocable y si la economía crece y aumenta la recaudación, se coparticiparán sólo los impuestos coparticipables (IVA, ganancias), pero no se distribuirán los no coparticipables (retenciones e impuesto al cheque), tal como pide Buenos Aires. El excedente de aquel superávit, por ende, lo seguirá administrando la Nación.

Arduo debate sobre el proyecto de responsabilidad fiscal

El proyecto de ley de responsabilidad fiscal debía ser complementario de la ley de coparticipación federal de impuestos, pero ante las dificultades surgidas para el tratamiento de esta última, se optó por colocarlo en primer lugar en la agenda del Congreso.

El proyecto establece que antes del 31 de agosto de cada año el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar el llamado "marco macro-fiscal", que contendrá las estimaciones oficiales sobre el resultado fiscal, el límite de endeudamiento, las proyecciones de recursos de origen nacional y lo que se espera en materia de precios, salarios, impuestos, producto bruto y tipo de cambio para el año siguiente.

Se creará un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, a cuyo cargo estará la aplicación de sanciones para quienes no cumplan. Los presupuestos de la Nación y las provincias tendrán que estar dentro de estos parámetros.

Se deberán preparar no sólo el presupuesto anual, sino también presupuestos trienales que deberán incluir las estimaciones sobre vencimientos de la deuda pública. Además, deberán incluirse en ese marco todos los organismos extrapresupuestarios que giran en la órbita del sector público.

Se establece que el incremento del gasto público de la Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, excluidos los intereses de la deuda pública, no podrá exceder el aumento del PIB previsto en el marco macro-fiscal y cuando el PIB retroceda, el gasto podrá permanecer constante, pero no aumentar. Estas situaciones podrán ser atendidas mediante la autorización de constituir fondos anticíclicos en todos los niveles.

Se respetará el equilibrio fiscal y el endeudamiento no podrá superar el 15% del gasto público provincial, sin incluir transferencias a municipios. En caso de excederlo, deberán presentarse presupuestos con superávit primario tal que asegure la reducción de la deuda.

Aquellas jurisdicciones que no puedan cumplir con ese tope no podrán acceder a nuevo endeudamiento, salvo que constituya una refinanciación que mejore el existente. No se podrán superar las autorizaciones máximas de gastos, quedando los mismos supeditados a la efectiva percepción de los ingresos sobre los que se basan esos gastos.