|
El objetivo del presente número de Análisis
es evaluar críticamente la experiencia de Argentina en sus relaciones con el Fondo
Monetario Internacional tras el derrumbe de la convertibilidad. Dicha evaluación se hizo
sobre la base de analizar el papel del Fondo a lo largo de todo el proceso desencadenado
por la crisis de la deuda y su posición en el proceso de reestructuración de las
obligaciones externas de la Argentina. En particular se indagaron la puesta en práctica
del llamado nuevo paradigma de usar fondos públicos para rescatar inversiones de riesgo
del sector privado, los errores de pronóstico, en las recomendaciones de política y en
el diagnóstico del organismo, la imposición de condicionalidad en materia de reformas
estructurales por parte del FMI y la adaptación del organismo a la situación particular
de cada país.
A partir de las crisis de la deuda en diversos países desde principios de los años
ochenta y particularmente durante la década del 90, tanto el FMI como el Tesoro
norteamericano impulsaron un rol bastante activo para las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs) como prestamistas de última instancia, en una estrategia para
minimizar los daños, que se transmitían entre países a través del efecto
"contagio". Luego del año 2000 y con el fracaso de las distintas estrategias
frente a la deuda, se modificó el esquema de salvatajes que había generado incentivos
"perversos", siendo la Argentina el caso testigo de este nuevo enfoque.
En este nuevo contexto, el FMI y el resto de las IFIs no están prestando fondos frescos
sino que además reclaman la reducción de su exposición crediticia, reduciendo
significativamente el margen de maniobra disponible para llegar a un acuerdo que minimice
los costos para el país y sus acreedores. Esta circunstancia, sumada a las
particularidades del derrumbe de la convertibilidad, hacen que la reestructuración de la
deuda tenga características mucho más restrictivas que las verificadas en otros
episodios.
Resulta claro que la utilización del "nuevo paradigma" por parte de las IFIs y
del Tesoro de EE.UU. no es tan generalizada como la retórica oficial reclama y que
existen criterios "ad-hoc" por los cuales se favorece relativamente a algunos
países. Esto no debe ser entendido como un pedido encubierto de fondos, sino que todo por
el contrario, la intención actual de las autoridades argentinas consiste en reducir su
exposición con el FMI en la medida que las posibilidades fiscales y financieras lo
permitan.
Un importante aspecto a determinar es si la actitud del FMI frente a las negociaciones de
reestructuración de deuda de la Argentina con sus acreedores privados, es constructiva en
virtud de que contribuya a minimizar los costos para ambas partes. Es evidente que a un
deudor soberano en problemas le conviene lograr que entre los acreedores privados haya un
amplio grado de aceptación de la oferta de reestructuración de deuda. Aunque esto no
debe tomarse como criterio fiable para evaluar "buena fe".
Si bien es favorable que haya un amplio grado de aceptación de la oferta de
reestructuración de la deuda, esto sólo es conveniente si la oferta es consistente con
la capacidad de pago del país, siendo la única solución sostenible la de llegar a un
acuerdo de reestructuración que le permita al sector público del país deudor vivir con
sus propios recursos durante un plazo considerable. Una propuesta de reestructuración
producto de presiones y poder de negociación desigual no será compatible con la
sostenibilidad de mediano y largo plazo. En este sentido, resultaría una postura
contradictoria tratar de evitar que se utilicen fondos públicos para rescatar a
acreedores privados y por otro lado, presionar para obtener una oferta de
reestructuración de una generosidad incompatible con el progreso de un país.
Con relación a la actuación del FMI luego de acontecido el abandono formal de la
convertibilidad, la evidencia empírica muestra que durante el transcurso del crítico
año 2002, el organismo incurrió en una severa equivocación en el diagnóstico de la
crisis, lo que lo llevó a cometer gruesos errores de pronóstico y recomendaciones de
política inadecuadas.
Asimismo, y ya más con una visión de futuro, resulta altamente cuestionable que el FMI
imponga condicionalidades estructurales en sus programas, exigiendo medidas que van más
allá de las atribuciones del gobierno en un régimen republicano (por ejemplo, actos
concretos del Congreso, las provincias o los tribunales) y cuyo resultado final puede ser
opuesto al efecto que originalmente se esperaba.
Quizás la conclusión central que puede desprenderse de nuestra experiencia más reciente
es que el cuerpo técnico del Fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente
a una situación en la cual una crisis de gran magnitud haya estallado y por lo tanto,
parecería necesario dar mayor margen de acción a las autoridades nacionales para
formular e instrumentar las medidas de política económica necesarias para hacer frente a
una crisis de gran magnitud.
(1)
Resumen ejecutivo del informe homónimo del Ministerio de Economía y Producción, Buenos
Aires, julio de 2004. |
|
