Informe Económico de Coyuntura

Nº 251 - Abril 2005 - AÑO 23

Banco Mundial: la liberalización del comercio agrícola

Según un estudio del Banco Mundial difundido en enero último, titulado "El comercio agrícola mundial y los países en desarrollo", una liberalización profunda del comercio agrícola internacional constituiría un aporte muy importante en la lucha contra la pobreza.

Un incremento de las exportaciones agropecuarias de los países en desarrollo alentaría el crecimiento de los mismos, donde 70% de los pobres vive en las áreas rurales.

De acuerdo al informe, las medidas adecuadas, como la eliminación de las barreras arancelarias y los subsidios a los productores, se hallan al alcance de la mano, pero la actividad agropecuaria y sus asociaciones gozan de mucho poder en los países ricos.

Por otro lado, los acuerdos especiales de países ricos con países en desarrollo no logran mejoras importantes, porque constituyen concesiones unilaterales posibles de ser retiradas en cualquier momento y no otorgan así la seguridad requerida para planificar la producción.

Según el citado trabajo, las liberalizaciones comerciales y los consecuentes cambios de precios, originan beneficios y pérdidas en el mercado mundial. Por lo tanto, resulta fundamental liberalizar todo el comercio agropecuario simultáneamente y atender mediante programas locales los daños que experimenten los sectores perjudicados.

Los tratados bilaterales de protección de inversiones

En el ámbito del Banco Mundial, funciona el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral creado en 1965 ante el cual

pueden recurrir empresas radicadas fuera de su país de origen por controversias con el Estado receptor de las inversiones.

Para ello, los inversores extranjeros deben hallarse amparados por un Tratado Bilateral de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras (TBI), un tipo de acuerdo entre Estados, sujeto al derecho público internacional, muy difundido en los años 90.

El inversor extranjero ha adquirido así similar status jurídico que el Estado del país receptor, con la correspondiente cesión de competencia y de jurisdicción nacional.

Como detalla Daniel Aspiazu ("Cash", 6.3.05), entre las cláusulas comúnmente incluidas en los TBI, pueden mencionarse las siguientes:

• un tratamiento a los inversores extranjeros "no menos favorable" que el correspondiente a las empresas de capital nacional, pero satisfaciendo los estándares internacionales;

• idéntico trato al acordado con la "nación más favorecida" (si un país otorga privilegios a inversores de determinado origen, los mismos se extienden a las inversiones protegidas por el TBI);

• la "estabilización", es decir, ante la modificación de una norma que el inversor extranjero considere desfavorable, le cabe la aplicación de la legislación vigente al momento de la suscripción de los correspondientes contratos;

• compensaciones específicas por diversas causas (expropiación, desórdenes internos, etc.);

• la libre disponibilidad y transferencia de divisas;

• la inaplicabilidad de restricciones al desempeño empresarial asociadas a requerimientos de producción, de exportación, de "compre nacional", etc., aún cuando los mismos estén determinados por la legislación del país receptor de la inversión;

• la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales con igual "status" jurídico que el Estado receptor.

En realidad, las últimas tres cláusulas constituyen privilegios específicos para los inversores extranjeros, de los que no gozan las empresas nacionales.

Los laudos arbitrales del CIADI son obligatorios para las partes, poseen fuerza ejecutoria inmediata, valor de cosa juzgada y no son apelables ni sujetos a revisión por la vía judicial de las partes.

Cabe mencionar que en la década de 1990 la Argentina celebró 56 TBI. Actualmente existen en el CIADI 86 demandas pendientes de resolución, 35 de las cuales han sido presentadas contra el Estado argentino.