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Informe Económico de Coyuntura |
Nº 259 - Diciembre 2005 - AÑO 24 |
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Las medidas antiinflacionarias |
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Con posterioridad a las elecciones
legislativas del 23 de octubre pasado, el Gobierno retomó un mayor activismo en materia
de medidas económicas, particularmente con referencia al principal problema que se
presenta en la coyuntura que es la lucha contra la inflación. La persistencia del
avance de los precios al consumidor a un ritmo del orden del 1% mensual y el
riesgo de que tal magnitud pueda incrementarse, impulsaron la adopción de una
serie de decisiones destinadas a contener la suba de precios.
Las medidas adoptadas al respecto son de variada naturaleza, pero un par de ellas
adquieren mayor relevancia por su impacto sobre la canasta alimenticia y porque sus
efectos podrían observarse más rápidamente en los indicadores de precios. En tal
dirección se incluyen la eliminación de los reintegros a la exportación para
unos 200 productos de la canasta básica, por un lado, y el incremento de
las retenciones a la exportación de carne vacuna de 5% a 15%, por otro lado.
En ambos casos, queda claro que el objetivo perseguido consiste en hacer menos atractivo
el negocio exportador e inducir una mayor oferta hacia el mercado interno de productos que
tienen alta incidencia en la determinación del poder adquisitivo local -los denominados
bienes-salario- y por lo tanto, repercuten fuertemente sobre la evolución del índice de
precios al consumidor.
En el caso concreto de la carne vacuna se está verificando un fenómeno simultáneo de
aumento del consumo interno y de las exportaciones, en un contexto de menor producción
debido a la reducción del stock ganadero desplazado, desde hace ya varios años, por la
mayor superficie de tierra destinada a la agricultura, en especial a la soja. Por otra
parte, los recientes focos de aftosa detectados en Brasil -el mayor exportador mundial de
carne bovina- pueden generar una presión adicional sobre la oferta argentina.
Otra medida adoptada por la conducción económica consiste en limitar el gasto
público a las pautas presupuestarias, esto es, no incrementar el gasto aún
cuando la recaudación impositiva supere efectivamente las proyecciones presupuestarias.
En tal caso, se verificaría un excedente del superávit fiscal primario -denominado
"fondo anticíclico"- para compensar eventuales desajustes a futuro. La
limitación del gasto constituye una señal sobre las expectativas de los agentes
económicos, que habían observado con preocupación el aumento de las erogaciones
públicas durante la campaña electoral. Sus efectos antiinflacionarios, de todos modos,
difícilmente puedan ser reconocidos en el corto plazo.
Más allá de la eficacia de las decisiones adoptadas -junto con otras de menor
significación antiinflacionaria-, la iniciativa demuestra la elevada
preocupación oficial por el alza de los precios y la intención de provocar el menor
efecto recesivo posible. En tal sentido, corresponde poner en evidencia que,
según datos recientes, la economía ha continuado sosteniendo un ritmo de expansión
notablemente elevado, a juzgar por la evolución del Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) -que anticipa el comportamiento del PIB-, que registró en los primeros
nueve meses del año en curso un incremento de 9%.
Tal crecimiento productivo alcanzó su máxima expresión en el III trimestre, por lo que
la mayoría de las proyecciones para todo el año 2005 han tendido a corregirse hacia
arriba, esto es a cifras superiores a 8%. Precisamente, uno de los argumentos explicativos
del fenómeno inflacionario consiste en tomar nota de los inevitables desacoples que se
verifican, en tal caso, entre oferta y demanda en determinados mercados -tanto de bienes y
servicios como de factores de la producción- y su impacto sobre la formación de los
precios.
Un caso relevante en el que confluyen el proceso de alto crecimiento y su incidencia en el
fenómeno inflacionario, es el del mercado laboral. El fuerte incremento del PIB en los
últimos años impulsó una reducción significativa de la tasa de desempleo -de más de
20% en 2002 a 11,1% en el tercer trimestre del corriente año-, circunstancia que
ha ido potenciando las demandas salariales. Un ejemplo concreto es lo acontecido
a largo del corriente año, en el cual a pesar de la suba de los precios los salarios han
logrado una mejora del poder adquisitivo, sin dejar de reconocer las fuertes
heterogeneidades existentes al interior de la pirámide salarial entre trabajadores
registrados y no registrados y también en función de la calificación laboral.
En última instancia, la economía argentina enfrenta como principal desafío coyuntural
el de controlar el proceso inflacionario sin restar dinamismo al crecimiento productivo y
sin abortar la tendencia gradual al mejoramiento de los indicadores laborales y sociales.
Y la persistencia de la acción gubernamental en el sostenimiento del rumbo económico
resulta una condición necesaria en tal sentido. |
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Las metas de desarrollo humano del Milenio |
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Los gobiernos de 189 países adoptaron en 2000 en las
Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un
compromiso global para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano con un
horizonte en 2015.
Un análisis sobre el avance realizado para cumplir las metas de ese compromiso, se
efectúa en el documento "Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde
América Latina y el Caribe", elaborado por los doce organismos de las Naciones
Unidas con presencia en la región (CEPAL, FAO, OIT, OMS, UNESCO, UNICEF, etc.).
El eje articulador del informe es la desigualdad, pues América Latina y el Caribe
constituyen la región menos equitativa del mundo.
Asimismo, se afirma que en la región se deberá efectuar mayores esfuerzos para alcanzar
las metas del Milenio, ya que hay adelantos pero son insuficientes.
La región se halla en vías de cumplir las metas de disminución del
hambre, de desnutrición y mortalidad infantiles y de agua potable urbana.
Pero no se ha avanzado suficientemente en los objetivos de bajar a la
mitad la pobreza extrema, universalizar la educación primaria, reducir en dos tercios la
mortalidad materna, mejorar significativamente el acceso al saneamiento y revertir el
deterioro del medio ambiente.
La CEPAL señala que si bien en la mayoría de los países se ha alcanzado
la igualdad de género en la educación y se han reducido las diferencias
de ingreso entre hombres y mujeres, aún persiste la discriminación
salarial así como la violencia familiar y todavía no existe suficiente representación
femenina en los parlamentos.
Un objetivo particular en el cual no se ha logrado avanzar es el referido a la ayuda que
los países industrializados se comprometieron a transferir a los países
en desarrollo, o sea, 0,7% de su producto interno bruto, pero que llega actualmente apenas
a 0,25%. Por otra parte, una compleja red de barreras dificulta
significativamente las exportaciones de la región a los países más desarrollados.
Con respecto a la pobreza, en la región, 222 millones de personas son
pobres -42,9% de la población-, de los cuales 96 millones viven en la indigencia.
Las modestas metas de reducción a la mitad de la pobreza extrema y el hambre hacia 2015,
requiere un crecimiento económico sostenido -a tasas
diferentes en los diversos países- que, en promedio, debería ser cuanto menos de 2,9%
por habitante en la década próxima.
Para disminuir la pobreza se necesita el crecimiento, pero también es necesario reducir
la desigualdad, dimensión -señala la CEPAL- que se debe tomar en cuenta en el
diseño de políticas financieras, fiscales y de ingresos.
Asimismo, una estrategia de crecimiento con equidad significa ubicar a las políticas
sociales en el centro de la agenda del desarrollo.
Muchos países, apunta el organismo, necesitan un pacto fiscal que
incremente el gasto público social y asegure la continuidad de programas sociales.
Algunos componentes del nuevo pacto fiscal deberían ser:
el uso eficiente de los recursos estatales;
la transparencia en su gestión, y
una mayor disponibilidad de fondos para que el fisco pueda atender sus
obligaciones. |
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