Informe Económico de Coyuntura

Nº 267 - Septiembre 2006 - AÑO 25

Política de encajes

En la segunda mitad de julio el Banco Central anunció una serie de medidas que afectaban el cómputo de encajes por parte de los bancos.

Por un lado, dispuso que a partir del 1º de agosto se incrementen de 17% a 19% los encajes de los depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro) y, paralelamente, eliminar la inmovilización de fondos para las operaciones a plazo fijo de más de 180 días.

Por otra parte, la autoridad monetaria decidió que a partir de setiembre comience una paulatina prohibición de utilizar, por parte de los bancos, el efectivo en su caja como parte de la integración de los encajes.

Según el Banco Central, estas medidas fueron adoptadas en el marco de su política de forzar a las entidades a que capten depósitos a más largo plazo, lo que favorecería, a su vez, la colocación de préstamos a mediano plazo.

Al momento de efectuarse los anuncios, los bancos contaban con $ 48.000 millones del sector privado como depósitos a la vista, en tanto que las colocaciones a plazo apenas superaban los 42.400 millones.

Pero, además de este argumento públicamente esgrimido por el BCRA, lo cierto es que estas disposiciones tienden a cargar una parte de los costos de la política de absorción monetaria sobre las espaldas de los bancos, aliviando en cierta medida a la autoridad financiera.

Estas mayores exigencias sobre las entidades implican una menor necesidad de contracción de liquidez por parte del BCRA, calculada en unos $ 5.000 millones, que dejarían de esterilizarse vía la colocación de LEBAC o NOBAC, con el mayor costo financiero que esto significa.

Cabe mencionar que, en la licitación de estos títulos efectuada a comienzos de agosto, el Banco Central pagó hasta 2,5% sobre la tasa BADLAR, que se ubicaba en el 9,5% anual, convirtiendo las NOBAC en un instrumento financiero muy apetecido.

Todas estas circunstancias generaron una fuerte controversia entre la autoridad monetaria y los bancos, en especial aquellas entidades con muchas sucursales y cajeros automáticos, que son las más afectadas por las medidas.

Entrando agosto, continuaban las presiones para revertir estas medidas, aduciendo que provocarían un incremento de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo, en momentos en que desde el Gobierno se intenta mantenerlas estables.

Pago sin problemas

A principios de agosto, la Tesorería hizo frente al pago más importante de los últimos tiempos, luego de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y lo hizo sin afectar el nivel de reservas de libre disponibilidad del Banco Central, dado que su acumulación sigue siendo considerada como una prioridad de la actual gestión de gobierno.

Los Bonos del Estado Nacional (BODEN) 2012, de ellos se trata, fueron emitidos por más de u$s 15.000 millones en el año 2002, para hacer frente a los depositantes que reclamaban sus ahorros en los bancos.

En esta oportunidad, se trató de un pago de unos u$s 2.300 millones, de los cuales unos 1.950 millones correspondieron a amortización de capital, y el resto a intereses.

Como ya se expresó, para afrontar este vencimiento no debió recurrirse a las reservas, que en ese momento registraban un nivel que sobrepasaba los u$s 26.000 millones. Además, tampoco se utilizaron los u$s 700 millones prestados por el Banco de Basilea por un plazo de 90 días y a una tasa de interés LIBOR.

Esto se debe a que el Tesoro ya contaba con los fondos, provenientes básicamente del superávit fiscal primario, de las operaciones efectuadas con Venezuela y de los dólares correspondientes a la colocación del BONAR V en el mercado.

Con respecto a esta operación, cabe destacar que se licitaron u$s 500 millones, aunque la oferta se ubicó en 2.500 millones. El plazo es de 5 años y la tasa de interés se ubicó en 8,34%.

Con esta operación financiera, la Tesorería prácticamente cubrió sus necesidades de financiamiento para lo que resta de 2006.