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Un conjunto de factores, algunos estructurales y otros
coyunturales, confluyeron para dar lugar a un quiebre en las relaciones entre el sector
agropecuario y las autoridades nacionales, que desembocó en la realización del extenso
paro agropecuario que tuvo lugar a principios de diciembre.
Las entidades del sector -CARBAP, FAA y a último momento y rompiendo una tradición de
oposición a este tipo de expresiones, la SRA- decidieron la realización de la medida de
fuerza en aras de lograr el diseño de políticas estratégicas de largo plazo para el
sector, en circunstancias extraordinariamente favorables para la colocación de la
producción nacional en los mercados internacionales. El planteo parece
apuntar a lograr la optimización de los beneficios derivados de esa circunstancia. Aducen
que las políticas del Gobierno nacional son erráticas, y que no es posible identificar
un interlocutor representativo de la política oficial, que es de carácter netamente
intervencionista.
Cabe destacar que existen matices entre las entidades. Mientras CONINAGRO,
que reúne básicamente al movimiento cooperativo, no se plegó al paro por entender que
las instancias de diálogo con el Gobierno son todavía posibles, FAA no
objeta la intervención estatal pero pretende una diferenciación de políticas,
señalando que el campo no constituye una unidad. Diferencia los sectores modernizados y
globalizados de los productores familiares a los que la entidad representa, cuyas
necesidades son diferentes, tal como lo plantearon en un documento elaborado a lo largo de
un año entre organizaciones de productores y funcionarios de la SAGPyA y que no ha
recibido, a la fecha, la respuesta esperada.
El Gobierno nacional aduce que el carácter de bienes salario que
tienen los favorecidos productos básicos exige su intervención activa con el objeto de
garantizar el abastecimiento del mercado interno a niveles de precios
compatibles con los salarios de la población. Mantener controlados los índices de
precios de la economía no es, para el Gobierno, un objetivo secundario.
El problema abarca al maíz en su transformación en pollo, cerdo y carne
engordada en corral; al trigo, por ser insumo en la fabricación del pan
y la carne, que siendo un integrante protagónico de la canasta familiar fue la piedra de
la discordia. Para los dos primeros productos, que sufren una crisis de abundancia dadas
las buenas cosechas y los elevados precios esperados, se busca una definición capaz de
distribuir la producción en la comercialización de 2007 entre ambos
destinos -interno y exportación- que aún cuando muy discutida y demorada, logrará
seguramente sus objetivos.
El problema de la carne, en cambio, no es de fácil resolución como lo
pone de manifiesto la historia nacional de las múltiples crisis ganaderas, sobre todo en
períodos inflacionarios. Dos características contribuyen a darle complejidad:
por un lado, el doble carácter de la ganadería, como bien de consumo y bien de
inversión y por otro, la distribución de los ingresos entre los eslabones de la cadena
que va de la producción al mostrador.
El incremento de las existencias, objetivo compartido por el sector
productor y por las autoridades nacionales, implica su uso como bien de capital, con la
consecuente contracción de la oferta para faena y la consecuente alza de los precios.
Requiere, además, un período de maduración superior a los dos años. Por lo tanto,
alcanzar este objetivo, aprovechando el esplendor del mercado internacional sin
desabastecer el mercado interno ni castigarlo con precios incompatibles con los niveles de
ingreso de la población, exige una tarea de planificación conjunta entre el sector
público y el privado. El Plan Ganadero ofrecido por el Gobierno resultó a todas luces
insuficiente.
A esta cuestión de fondo, en las actuales circunstancias se agregaron factores
estacionales, que con la presencia de pasturas en óptimas condiciones, ofrecían
la posibilidad de agregar, en un breve plazo, una rápida ganancia en el peso de los
animales, lo que provocó una retracción de la oferta y la alarma en relación con el
comportamiento al alza de los precios.
Una de las respuestas del Gobierno fue la amenaza, luego no concretada, de reducir en 30 %
el cupo de exportación, lo que hizo estallar el conflicto y condujo a la decisión de
realizar un paro de nueve días de duración. No alcanzó la no aplicación de la medida y
la reducción del peso mínimo de faena, para aquietar las disconformidades desatadas.
La otra característica mencionada -la distorsión en la distribución del ingreso
a lo largo de la cadena (producción, industria y comercialización) que también se
presenta en el caso de los cereales- se aprecia en el hecho de que mientras el precio del
ganado cayó casi 30% desde la vigencia de la veda a las exportaciones de carne hasta el
empinamiento de precios de los dos últimos meses, los precios en el mostrador de las
carnicerías apenas bajó 5%. |
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A partir del 1° de diciembre, y por otros 180 días, se ha
prorrogado el régimen de exportación de carnes. No habrá, en
consecuencia, una mayor restricción a la ya existente en cuanto a porcentaje de ventas
permitidas al exterior. Al mismo tiempo el Gobierno decidió permitir un menor
peso para el envío de animales a faena, que estaba fijado en 280 kilos; ahora se
permitirán animales de 240 kilos. Según los expertos, esta decisión permitirá que en
los próximos 60 días -un período de muy alta demanda-, se agreguen a la oferta
alrededor de 44.000 cabezas, equivalente a unas 6.000 toneladas de res con hueso. |
Las
características del conflicto rural