Sector Agropecuario

SITUACION

• La irreductible resistencia del “campo” -inesperada en su dureza hasta para los mismos dirigentes de las cuatro entidades que manifestaron su desacuerdo con las medidas de alza de las retenciones y de su nuevo carácter de móviles- se expresó a través de un lock out con cese de la comercialización de granos, carne y leche de tres semanas de duración, al cabo de las cuales se llegó a situaciones de desabastecimiento de algunos productos en las grandes ciudades.

• De igual firmeza que la posición del campo fue la del Gobierno nacional, aunque ya transcurrido un mes desde el inicio del conflicto y luego de haberse suspendido la medida de fuerza ante un compromiso de las autoridades en el sentido de mejorar los efectos de la medida sobre los pequeños y medianos productores, las partes han comenzado a discutir medidas que abarcan no sólo los derechos de exportación sino también políticas para las cadenas de carne y leche.

Evolución del conflicto rural

El Ministerio de Economía anunció el 11 de marzo un nuevo incremento de las retenciones a las exportaciones de granos: los gravámenes a la soja y al girasol pasaron de 35% y de 32%, a 44,1% y 39,1%, respectivamente. En sentido contrario, los del trigo y el maíz fueron modificados a la baja y fijados en 27,1% y 24,2%, casi un punto por debajo de los vigentes antes del cambio. Las nuevas alícuotas, además del incremento de recaudación que implicarían, pretenden modificar la relación de precios entre los cultivos a los efectos de frenar y revertir el proceso de sojización y de estimular la producción de trigo y de maíz, productos ambos de consumo interno masivo. Se pretende también frenar el proceso de concentración de rentas y de tierra que la masificación del cultivo de la soja ha ido provocando.

La medida fue juzgada como injusta para con los pequeños y medianos productores e insuficiente para alcanzar los fines que decía pretender, además de provocar la resistencia del conjunto de los productores a compartir la renta extraordinaria que precios excepcionales como los vigentes al momento de la medida, significaban.

Al cabo de 21 días de lock out, el Ministerio de Economía anunció las siguientes medidas que permitieron la normalización de las actividades:

• subsidios a productores que cosechen menos de 500 toneladas de soja por montos equivalentes a los que tributen como retenciones por encima del nivel anterior, de 35%; se estima que serían unos 60.000 productores;

• subsidios a fletes de los productores que se encuentren a más de 400 kilómetros de los puertos; alcanzaría a alrededor de 40% del costo del flete;

• reapertura de las exportaciones de trigo;

• créditos con intereses subsidiados para tamberos y productores avícolas, y

• creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

Un efecto no buscado, el incremento de precios

Aún cuando el Indice de Precios al Consumidor del Indec no lo refleje en su totalidad, el resultado indeseado seguramente por todos los actores en conflicto, fue la aceleración del alza de los precios de la carne y de los productos lácteos, de importante peso en la composición del índice y en la canasta familiar. Al proceso ascendente que ya estaba en marcha, se agregó la disparada alcista que tuvo lugar como consecuencia del desabastecimiento que comenzó a verificarse en los últimos días de la medida de fuerza.

Si bien el mercado fue rápidamente abastecido en cuanto se levantaron las medidas, los precios no han vuelto a los niveles anteriores al conflicto. Este comportamiento es el esperable como consecuencia de la inelasticidad a la baja de los precios de los bienes en general y de los provenientes del sector agropecuario en particular.

Un posible nuevo ente regulador

Varias son las propuestas que asomaron para ofrecer soluciones a la problemática del sector, algunas específicas y de corto plazo, como la misma medida que originó el conflicto, y otras más integrales y de mediano plazo, que encaran las distintas facetas de la problemática del sector. Una de ellas es la que está elaborando la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, que propone la creación del Ente Nacional para la Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario, que definiría y establecería políticas de apoyo a la producción agrícola en un marco de sustentabilidad económica, ambiental y social.

Se destaca entre otras, la propuesta de modificación de la ley de arrendamientos, que establecería plazos más largos para permitir que los locatarios dispongan de un horizonte de planificación más amplio.

Institucionalidad a un actor emergente

El sector de pequeños y medianos productores, tal vez a un costo excesivo para el conjunto de la sociedad si la inflación se acelera como consecuencia del conflicto, se verá beneficiado cuando se alcance la normalidad. En efecto, más allá de la eficacia de las medidas que se adopten, los agricultores familares han cobrado visibilidad y entidad como sujetos económicos y sociales de las que carecían. Ahora cuentan con la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que a pesar de no contar aún con una estructura y presupuesto definidos, constituirá un importante espacio para el dialogo político entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector público, en procura del diseño de políticas diferenciadas para este subsector.

PERSPECTIVAS

• Existen estimaciones según las cuales los precios de los productos básicos agropecuarios contienen hasta 40% de componente especulativo, como consecuencia de compras masivas por parte de fondos de inversión que se volcaron al mercado de granos, atraídos por el alza de los precios y por constituir un refugio ante la crisis financiera internacional y la devaluación del dólar. La fortaleza de las variables que sostienen los precios permite esperar que, aún cuando el eventual retiro de los fondos pueda producir una baja, ésta no significará un cambio de la tendencia.

• Condiciones favorables en el momento de la recolección permitieron una modificación al alza de las estimaciones de los resultados de la cosecha gruesa. Los rendimientos de la soja de primera permitirían una cosecha de 48 millones de toneladas. También el maíz y el girasol alcanzarán excelentes resultados; para este último la Bolsa de Cereales de Buenos Aires predice una cosecha 13% superior a la de la campaña 2006/07.